Estas son las zonas de riesgo de inundación en Segovia

En la relación de episodios de inundaciones históricas de la cuenca del Duero las referencias de la provincia de Segovia se remontan a noviembre de 1629, a la que ocurrió en el Eresma y afectó a servicios básicos; la siguiente corresponde al río Pirón, en 1661, y después hay una sucesión de sucesos, aunque desde 1773 (también en el Eresma) se interrumpe hasta 1945-1946, cuando el desbordamiento del río Duratón en Segovia y Valladolid causó víctimas, y después en el Riaza en 1950 y 1966 (este año también en el Eresma) y luego otros veintidós sucesos entre 1977 y la pasada primavera. Fueron riadas que causaron daños a la agricultura y ganadería, a infraestructuras y a viviendas.

Las últimas inundaciones por el aumento de caudal de ríos y arroyos han ocurrido este año en el norte de la provincia, en Vallelado, Mata de Cuéllar y otros pueblos donde el agua ha desbordado los cauces, con trombas puntuales que han anegado campos y calles. En el entorno de Segovia capital, las avenidas más intensas del Eresma suelen causar problemas en la alameda del Parral y en el barrio de San Marcos, y aguas abajo en la zona de los Lavaderos y en el vecino término municipal de Hontanares. Pero solo la primera está incluida en la Evaluación Preliminar de Riego de Inundación (EPRI) en la cuenca del Duero; aunque podría estarlo en el futuro, comenta Ramón Goya, ingeniero de la Comisaría de Aguas y responsable del informe de la Confederación Hidrográfica del Duero y de la evaluación que está en información pública hasta el 22 de diciembre.

En la provincia de Segovia por ahora son cinco las zonas incluidas con una longitud total de 4,47 kilómetros. Están en el río Cega, en Pajares de Pedraza (470 metros de longitud); en la cuenca del Eresma en tres municipios, en Segovia capital (en el mismo Eresma, 690 metros); en el arroyo del Pueblo en Migueláñez (640 metros), y en el arroyo del Tormejón en Miguel Ibáñez (300 metros). En el río Pirón hay dos tramos, en el arroyo Arevalillo en Mozoncillo (780 metros) y en el arroyo de los Alamillos en Cantimpalos (1.590 metros).

No es Segovia la provincia que cuantitativamente tenga más problemas. Pero en los mapas de peligro probablemente se ampliará con más zonas del Eresma, el Cega y algún cauce más, «porque a la hora de analizar las zonas de riesgo conocer la cuenca aguas arriba y abajo permite trabajar mejor». La CHD todavía está definiendo los tramos. Apunta el técnico que «los mapas de peligrosidad los tenemos que tener para el 22 de diciembre de 2019».

Para esta evaluación preliminar solo se han considerado los tramos con alto riesgo, y la CHD ha incluido Pajares de Pedraza, que en la anterior no estaba. Aunque se han realizado medidas correctoras, prácticamente toda la población se encuentra en la zona inundable por avenidas en los últimos 500 años. Son apenas cinco kilómetros en más de 400 de toda la red fluvial; el porcentaje de Segovia en toda la cuenca es muy pequeño, es la provincia que menos kilómetros tiene con zonas de riesgo. En Segovia capital es de unos 650 metros, en el Eresma en toda la zona del Parral, La Fuencisla y la Casa de la Moneda.

Los técnicos de la CHD valoraron si incluir Vallelado o no. «Entendemos que en el arroyo Horcajo hay un riesgo alto, pero hablamos con el Ayuntamiento y en este tramo se va a hacer un estudio, aunque se decidió no incluirlo entre las áreas con riesgo potencial», advierte Goya.

Porque la evaluación se realiza para tomar medidas por la CHD y para proponer a los ayuntamientos que las adopten. «Lo que se hizo en el primer ciclo va a volver a hacerse cuando se determinen las áreas potenciales: mapas de riesgo y mapas de peligrosidad. La mayor parte ya están hechos, aunque en Pajares de Pedraza se van a volver a hacer».

Hasta el 22 de diciembre, ayuntamientos, particulares e instituciones pueden alegar para que determinadas zonas puedan ser incluidas (o excluidas) entre las Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI), que en toda la superficie que gestiona la CHD están divididas en 216 subtramos con una longitud total de 473,21 kilómetros de masas de agua, frente a los 211 subtramos y 404,22 kilómetros de cauces afectados del primer ciclo de implantación. Estas áreas son la base para la elaboración, a partir del año próximo, de los mapas de peligro, y determinantes para aplicar medidas preventivas o correctoras. Y es un mandato europeo, de modo que la evaluación tiene que remitirla la CHD a Bruselas.

En el primer ciclo, la primera evaluación, no hubo apenas alegaciones. Explica Ramón Goya que existe resistencia en los ayuntamientos para incluir las zonas de riesgo en sus planeamientos urbanísticos (por las limitaciones para urbanizar que imponen las líneas de inundación y los mapas de peligrosidad). El técnico recalca que «hay una constancia histórica de la problemática de inundabilidad, y la evaluación ha de servir para que exista un presupuesto para llevar a cabo medidas correctoras y para que se tome conciencia de la necesidad de invertir». Añade el técnico que «existen históricos de inundaciones; realmente es impredecible, pero cuando deja de llover la gente se relaja y empieza a construir en cauces públicos».

La última fase es elaborar planes de gestión de riesgo en los que se adopten medidas para paliar, corregir o mejorar las condiciones de inundabilidad de las zonas de riesgo. Son un conjunto de medidas desde las teóricamente más sencillas, las no estructurales, que se hacen desde el planeamiento urbanístico, como la incorporación a las normas urbanísticas de los mapas de riesgo y que se tengan en cuenta a la hora de tomar decisiones. Medidas como que no se construya en esas zonas , que es lo más barato y lo más sensato». En la CHD se emite un informe urbanístico y llevan un histórico para que se vayan trasladando las líneas de inundación, «para que donde existan problemas no aumenten y, en la medida de lo posible, que se corrijan».

Otra serie de medidas, donde ya se han consolidado las construcciones próximas a cauces, son para que se adopten medidas preventivas, de estaciones aguas arriba para hacer avisos de alarma o estructurales, medidas correctoras como hacer cauces alternativos, mejorar las condiciones de inundabilidad, hacer planes integrales para aguas arriba aumentar la laminación y reducir el riesgo de las poblaciones.

Son medidas incluidas en los planes de gestión e involucran a todas las administraciones con competencias, precisa Ramón Goya. La CHD tiene la gestión del dominio público hidráulico y de la zona de seguridad y policía de los cauces, pero en materia urbanística son los ayuntamientos y las comunidades autónomas, que tienen que hacer sus propios planes de gestión de riesgo y aplicar las medidas correctoras.

«No podemos controlar todo tipo de catástrofes, pero sí se pueden hacer cosas. El año próximo y el siguiente vamos a programar conferencias para poner a disposición de la gente lo que significa la EPRI», destaca. Hasta el 15 de diciembre se puede consultar en la web de la CHD.