La «vocación» del trabajador social para atajar problemas de convivencia

Con su abstención, Segovia en Marcha fue el único grupo municipal que no votó a favor del nuevo reglamento. Su portavoz, Guillermo San Juan, calificó la vivienda pública de la ciudad como «poca y en estado precario» y pidió al Consistorio modificar la decisión de destinar las casas del antiguo parque de bomberos a los jóvenes y aumentar con ellas su oferta social.

Suárez disiente: «El Ayuntamiento tendría que encargarse de construir las viviendas, sería una inversión muy importante, y hay otras necesidades por cubrir, como es la joven», explica la edil. «Ahora mismo, la problemática de vivienda está en las prioridades de los españoles por el incremento del precio y la necesidad de aumentar el parque de vivienda en general», añade.

El PSOE votó a favor, pero su concejala Raquel de Frutos alertó sobre la labor de vigilancia que plantea la norma para los trabajadores sociales, defendiendo que «no son inquisidores». Suárez habla de los servicios sociales como «sinónimo de confianza» por el trabajo diario con las personas. «Ninguna otra concejalía, por el objeto de nuestro trabajo, tiene esa humanidad. El trabajador social es muy vocacional. De hecho, se ha tenido en cuenta a todo el equipo para la elaboración del reglamento, consideran que es una herramienta de trabajo muy útil. Somos el recurso cuando se necesita y el canal para salir de él», subraya la responsable del área.

El Ayuntamiento de la ciudad tiene cinco trabajadoras sociales en cada Centros de Acción Social (CEAS) –Suárez utiliza el femenino porque hay solo dos hombres– para un total de quince. Además, añade una responsable específica de vivienda social y la coordinadora de dichos centros. Y a su vez, equipos especializados de apoyo a la dependencia, autonomía personal o inclusión social. «La atención está cada vez más especializada y centrada en la persona».

La misma mediación es la herramienta para allanar la convivencia diaria entre colectivos para que, como defiende su antecesora en el cargo, Ana Peñalosa, la exclusión residencial no se transforme en exclusión social. Algo que supone luchar contra el estigma que vincula tradicionalmente este recurso, por ejemplo, con población de etnia gitana o, más recientemente, inmigrante. «La única forma de conseguir un buen clima de convivencia es llevar a cabo una intervención social a varias bandas, como se está haciendo en varios casos», indica Suárez.

El Ayuntamiento trabajó con la Fundación Secretariado Gitano, un convenio que se resolvió en noviembre de 2022 que por el momento no se ha renovado, en parte porque pesa más la casuística de cada caso que un paraguas colectivo. «Estamos estudiando fórmulas para hacer una mejor intervención, apegada al terreno. Tiene que ser muy personalizada», apostilla la edil.