Una exprostituta contradice a otras dos, testigos protegidas, en el juicio contra una red que operaba en Segovia

Su relato de las condiciones en las que se ejercía la prostitución coincidió en buena parte con la declaración de la siguiente testigo protegida, también una mujer brasileña que viajó a España en 2006 y que acabó trabajando en el club Punto Cero de La Lastrilla. Con muchos problemas debido a su desconocimiento del idioma, explicó que en Brasil nunca había ejercido la prostitución y que se desplazó a España para intentar conseguir dinero con el que ayudar a su familia, pues de su hermana y de ella dependían hasta seis personas. «Me dijeron que aquí en poco tiempo podría conseguir el dinero para pagar la deuda que contraería por venir, para comprar un coche y una casa en Brasil...», indicó. Durante su testimonio generó dudas en el tribunal del juicio acerca de si conocía, antes de viajar a España, que el dinero lo lograría ejerciendo la prostitución. «Me engañaron porque me contaron unas condiciones distintas a las que finalmente me encontré», aclaró.

En concreto, explicó que el mismo día que llegó al club de alterne de Segovia la cabecilla de la trama le quitó el dinero que sobró del vuelo desde Brasil y le dijo «que tenía que devolver mucho más». Tras unos días en el club de La Lastrilla, señaló que se marchó a otro club de alterne situado en Cantalejo a instancias de la cabecilla de la red de prostitución, quien, según su relato, ejerció presiones y amenazas «a todas las chicas» que trabajaban en el club, motivo que en su caso evitó que regresase a Brasil.

La testigo protegida, que renunció a una posible indemnización de 12.000 euros, tuvo que ser avisada por el presidente del tribunal, Ignacio Pando, de la obligatoriedad de responder a las preguntas de los abogados de la defensa sobre una posible llamada de un policía nacional de Zamora a la testigo en la tarde del miércoles. Según declaró la víctima, aunque con bastantes imprecisiones, no llegó a contestar dicha llamada al estar trabajando en ese momento. A pesar de ello, las defensas aprovecharon la falta de claridad de la testigo para intentar demostrar que las primeras declaraciones de las prostitutas (en 2006), en las que hablaban de presiones y amenazas por parte de los encargados del club de alterne, pudieron deberse a consejos de los policías para obtener los papeles.

Otra de las prostitutas -afirmó que ya no ejerce esta actividad-, detenida en el momento de la redada realizada en el Punto Cero en noviembre de 2006, declaró que su llegada a España fue a través de una amiga íntima y que en su caso sí era consciente de que iba a trabajar como prostituta. «Yo tenía la total libertad de salir y entrar cuando quisiera. No había nadie forzando a nadie a hacer nada. No había presión ni humillación y creo que la mayoría de chicas sabía que iban a ejercer la prostitución», afirmó en su testimonio, en el que también indicó que durante su estancia en el club llegó a cobrar entre 700 y 900 euros semanales que destinó al pago de deudas en su país.

Más similitudes entre ambos relatos hubo para explicar el modo en el que se trabajaba en el club, y en concreto, sobre el papel que jugaban los camareros del establecimiento. «En los pases se pagaba el importe al camarero antes de entrar en la habitación», reconoció una de ellas. «Conmigo los camareros no han tenido ningún comportamiento violento ni me han engañado», sostuvo otra de las víctimas, quien sí recordó los nombres de los dos acusados –camareros por aquel entonces del establecimiento– que están siendo juzgados en la Audiencia Provincial tras rechazar el acuerdo propuesto hace semanas por el ministerio fiscal.

La red de prostitución, desarticulada en el otoño de 2006, sentó en el banquillo de la Audiencia de Segovia a catorce acusados el pasado 17 de abril. Sin embargo, doce de ellos lograron evitar su ingreso en prisión tras alcanzar un acuerdo con el ministerio fiscal. Entre los conformes con las penas propuestas por la fiscalía se encuentra la cabecilla de la trama, Ivonette B.m quien se enfrentaba a 49 años de prisión por los delitos de promoción, favorecimiento o facilitación del tráfico ilegal de personas y la inmigración clandestina; de determinación, mediante empleo de intimidación, engaño y abuso a ejercer la prostitución, de amenazas y contra los derechos de los trabajadores. Finalmente, aceptó en el acuerdo diez años y tres meses, que en virtud del artículo 76 del Código Penal serán sustituidos por once meses de trabajos en beneficio de la comunidad.

Por su parte, los dos acusados que no alcanzaron un acuerdo con el ministerio público se enfrentan a penas de 18 años de prisión.