Segovia

Veterinarios y protectoras dudan del desarrollo de la ley de bienestar animal

«Es una ley que teóricamente no es mala, pero se ha hecho sin contar con los veterinarios y está hecha para urbanitas», subraya Gil. Considera que el texto responde a la necesidad de regular la tenencia de animales de compañía, pero no apoya el título. «Está hecha por filósofos, gente que solo piensa en las mascotas de las películas de Walt Disney. Y eso no es así, los animales no tienen derechos. Somos nosotros los que tenemos obligaciones hacia ellos». Más allá de la anécdota –la primera multa en Vigo por dejar atado a un perro a la puerta de la farmacia– hay puntos que la ley esboza pero que dependerán de su puesta en práctica.

El texto sitúa la supervisión en la red municipal: los ayuntamientos deberán contar con un veterinario las 24 horas del día para tutelar a los animales abandonados. El procedimiento actual en la provincia recae en la voluntad de los vecinos, que cuidan al animal mientras acude la protectora. «El número de veterinarios municipales en España no llega ni a 200». El grueso depende de la administración regional, encargada de esas competencias. En teoría, tanto Segovia capital como Riofrío de Riaza tendrían que asegurar prestación veterinaria. «Hay muchos pueblos que no tienen para pagar la luz. ¿Van a tener un veterinario por si aparece un perro abandonado?». Es uno de los puntos en el que Gil, que prevé una figura de veterinarios mancomunados, pide más desarrollo.

La ley permite la eutanasia en casos «no recuperables», lo que plantea un dilema diario a los veterinarios. ¿Qué hacer cuando existe la posibilidad de una operación cara que la familia no puede costear? Gil pone el ejemplo de un perro atropellado que tiene fracturada la columna vertebral. «Teóricamente, se podría operar, pero la operación lo mismo te vale 5.000 euros. Yo soy mileurista y no puedo pagarlo. Hay que operarle porque no hay tratamientos paliativos. ¿Qué hago con él? ¿Si le llevo a un centro, ellos pagarían la operación?». La ley no permitiría el sacrificio al veterinario porque tiene cura. Gil pide que el veterinario tenga voz para dictaminar cada caso. «Lo va a pasar peor que viviendo. Va a tener un tratamiento muy caro y no se va a curar. ¿Qué haces? Si la familia no está de acuerdo, entramos en litigios. La ley tendría que concretar».

Los veterinarios apoyan la identificación y esterilización de las colonias de gatos. «Pero dótalo de presupuesto. ¿Quién lo va a hacer? Hasta ahora ayudan las asociaciones proteccionistas y algún ayuntamiento». Apoya la medida, pero pide asegurar la eficacia. «Esterilizan dos y se quedan 20 sin esterilizar porque no los cogen. En el momento en el que dejes una gata y un gato, tienes ahí otra vez la prole». Y financiarla, ya sea a nivel municipal o asociativo. La ley dice que tendrán que identificarse y esterilizar todos los gatos antes de los seis meses, excepto los que estén inscritos como reproductores. El objetivo es controlar las colonias de gatos comunitarios y reducir de forma progresiva su población. La ley obliga a los ayuntamientos a censarlos, identificarlos, esterilizarlos y controlar su salud.

Otro requisito es que el titular del animal deberá acreditar un curso. «¿Quién los va a hacer? ¿Por internet?». Es otro de los puntos pendientes de desarrollo, desde el presupuesto a quién los imparte, si deben ser veterinarios o no. Todo propietario deberá superar este curso, gratuito, para ser responsable de un animal, un requisito que solo deberán cumplir los titulares del perro.

La ley obliga a tener un seguro de responsabilidad civil para todas las mascotas que cubra un amplio espectro de incidencias –desde una mordedura a accidentes más graves– y especies. «No es lo mismo un chihuahua que un San Bernardo. Hay algunas casas de seguros que se están aprovechando», apunta Gil. Hay animales como los cocodrilos o la serpiente pitón que no podrán ser de compañía; lo mismo ocurre con animales en peligro de extinción y otras especies invasores para proteger la fauna autóctona.

Gil habla con cierta ironía de «un chollo para la profesión» si la ley se aplica hasta la letra pequeña. Por ejemplo, en las exigencias a los municipios. «Aunque Sepúlveda coja uno que abarque 70 pueblos, ya hay uno que antes no existía. O si hay que castrar gatos o dar cursos. Pero hay que regularlo». Por eso pide unos estándares –que no vale cualquier lugar para esterilizar y que «el que menos sabe de perros» es el que da las clases– y extiende la oportunidad a las aseguradoras. «Si tienes que asegurar a casi diez millones de perros, imagínate, aunque cueste el seguro 50 euros».

La presidenta de la Protectora de Animales de Segovia, María Jesús Serrano, traslada su «enfado» por la exclusión de perros de trabajo o destinados a la caza de la ley. «Nos parece aberrante, son los que más sufren el maltrato y el abandono. Seguiremos luchando para que se amplíe». Apoya «que no se permita que los animales vivan perpetuamente en el exterior», pero se muestra escéptica. «Va a ser complicado controlar ciertas cosas que se van a quedar sin llevar a cabo. Es un tiempo de incertidumbre, según pasen meses o años iremos viendo».

Su asociación, encargada de identificar y esterilizar gatos en Segovia, defiende la medida para «facilitar la convivencia de todos» y mejorar la vida de los propios animales, en cuanto a su salud y su conducta. Ellos se encargan de la captura y la suelta; son las clínicas las que hacen la intervención. Por otro lado, hay una red de cuidadores de las colonias con un carné expedido por el Ayuntamiento. «Es lento, sí, porque el dinero no es ilimitado. Una ciudad no llega en una campaña a esterilizar a todos los individuos, es una labor constante. Lo que no soluciona nada es no hacer nada. Será mejor si procrean 80 en lugar de 100». Pone en valor los beneficios a nivel comunitario de los gatos para controlar otros animales –algunas ciudades los han convertido en reclamo turístico– y alude a las llamadas desde ayuntamientos pequeños por problemas que genera que haya tantos gatos. «Al final recae en ciudadanos que se comprometen, eso tampoco es justo».

El discurso de la protectora incide en la tenencia responsable e invita a adelantarse a un accidente grave mediante un seguro y reducir así los casos que puedan requerir eutanasia. María Jesús tiene una perra paralítica. «Me quedé con ella porque no podía costear su operación. No tuvo recuperación de las patas posteriores, pero lleva nueve años conmigo. Hay casos que pueden no salir bien y la sanidad de los animales es privada, pero es algo con lo que la gente tiene que contar cuando añade un miembro más en la familia». Habla de quienes contratan pequeñas pólizas para estos casos «de miles y miles de euros que no te puedes permitir». Y apuesta por agotar las opciones. «Y si no te puedes permitir esa cuota, que es normal, hay más formas de tener contacto con los animales sin tener que comprometerte de por vida en cuidarlos».