Estos son los 63 municipios de la provincia en los que variará el valor catastral

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado 29 de septiembre la orden por la que hace oficial el listado de localidades que a partir del 1 de enero de 2019 tendrán un nuevo IBI debido a la actualización del valor catastral de los inmuebles urbanos. En el conjunto de España son 1.177 municipios los que habían solicitado de forma voluntaria la actualización catastral al Ministerio de Hacienda y a los que el Gobierno central ha accedido a revaluar de cara al ejercicio 2019. Algunos acumulan más de un año de espera, como apunta el alcalde de Palazuelos de Eresma, Jesús Nieto.

En la provincia destacan algunos consistorios importantes por su tamaño. Por ejemplo, están incluidos El Real Sitio de San Ildefonso (con más de 5.300 habitantes y a la baja) y el ya citado de Palazuelos de Eresma (que posee en torno a 5.200 y subiendo). Dos localidades vecinas en el alfoz que se disputan el cuarto puesto en el 'ranking' de los municipios más poblados de la provincia. Por delante están, además de la capital, Cuéllar y El Espinar.

Otro ayuntamiento que había solicitado la revisión catastral es el de San Cristóbal de Segovia, también enclavado en el cinturón metropolitano de Segovia y con una demografía creciente debido al asentamiento fundamentalmente de familias jóvenes. El padrón supera ya los 3.000 vecinos. Su alcalde, Óscar de Moral, explica la necesidad de ajustar ese valor catastral de manera progresiva y no de golpe, ya que si se aplicara de una sola vez el aumento podría rondar el 20%. Con esa política de subidas «pausadas y moderadas» en torno al 1% anual, el regidor piensa que la repercusión en los hogares se suaviza.

Sin embargo, el IBI no es el único impuesto que estará condicionado por esta revisión catastral. También repercute en el abono de la plusvalía municipal y, por ende, en la declaración de la renta. En el fondo, se ven afectados todos aquellos impuestos en los que la definición de la base imponible esté relacionada con el valor catastral de los bienes, que en esta ocasión se circunscriben a los inmuebles urbanos.

Los coeficientes que se aplicarán para la actualización de estos valores todavía son una incógnita, ya que, tal y como especifica la orden ministerial publicada por el BOE, depende de la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2019. Así pues, las calculadoras de los ayuntamientos echan humo para tratar de intuir y aproximarse a la recaudación aparejada al nuevo valor catastral de su parque inmobiliario urbano.

Y es que las principales beneficiarias de un aumento en la tasación son las arcas de las corporaciones locales. Como indica el alcalde de San Cristóbal de Segovia, esa inyección recaudatoria redunda en mejoras en el municipio. «Nos sirve para afrontar con más desahogo proyectos necesarios» para la localidad a través de un incremento en el capítulo de las inversiones económicas. «No se trata de que el Ayuntamiento tenga más dinero a costa de las personas, sino de gestionar mejor» las demandas de los contribuyentes.

Mientras los consistorios hacen sus cábalas presupuestarias, el Gobierno central no tiene concretadas –ni mucho menos aprobadas– las cuentas del ejercicio que viene. Sin el borrador de los próximos presupuestos no se conocerá cuál va a ser la repercusión de la revisión. Por lo tanto, los efectos sobre el valor del catastro inmobiliario urbano están por conocerse. Por eso no extraña la incertidumbre que expresan los alcaldes y secretarios de los ayuntamientos, que intentan anticipar un retrato lo más fidedigno posible de la contabilidad que gestionarán en 2019, año electoral para más inri.

Este escenario brumoso no es nuevo. Ya el año pasado las solicitudes aprobadas para actualizar los catastros se toparon con un imprevisto de última hora. El entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, decidió retrasar la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado; y sin éstos, no hay revisión catastral posible. En esa lista de espera figuraban ya municipios como El Real Sitio de San Ildefonso, Palazuelos de Eresma, Adrada de Pirón, Fuentidueña, Aldea Real, Lastras del Pozo, Cabezuela, Cabañas de Polendos, Encinillas, Navares de Enmedio, Navares de Ayuso, Encinas, Valtiendas, Veganzones o Muñopedro, por ejemplo, que también han sido incorporados por el Ministerio de Hacienda a la nómina de esta nueva actualización catastral al no haberse podido hacer este año.

A pesar de la indefinición sobre el coeficiente que se aplicará, las corporaciones locales sí saben a ciencia cierta una cosa. Los valores catastrales solo podrán bajar como máximo un 2%. Por otra parte, el aumento tope será del 5%.

El año pasado, el Ministerio de Hacienda recibió 99 solicitudes por parte de otros tantos municipios segovianos. Tal y como ocurrió entonces, la inmensa mayoría de los términos que piden la revisión del catastro son pequeñas localidades cuyos padrones no llegan al centenar de vecinos. Toda una foto fija de la despoblación en la, provincia.