La ubicación de la depuradora siembra la discordia en Basardilla

Basardilla, pequeño pueblo de Segovia de 136 habitantes empadronados, quería arreglar los colectores, ya anticuados, superficiales y susceptibles de romperse habitualmente. La Junta de Castilla y León, a través de la Sociedad de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl), posee una línea de ayudas inyectadas gracias a los fondos NextGeneration de la Unión Europea para que estos ayuntamientos puedan mejorar sus servicios. En concreto, la entidad autonómica aporta el 80% del presupuesto para construir depuradoras.

Para localidades como Basardilla, de menos de quinientos empadronados, no es obligatorio acogerse a este programa. Sin embargo, si el consistorio quiere acceder a la financiación oficial para renovar los colectores, tiene que instalar la planta para el tratamiento de aguas residuales.

Este escenario es el que expone Juan Ramón Rodríguez, concejal socialista en la oposición de la corporación y portavoz vecinal que ha ido informando de los pasos dados hasta ahora y que ha ido aglutinando la oposición de buena parte de Basardilla al proyecto de la depuradora. «No se trata de hacer política» con la polémica, matiza el edil, que no mete en la ya de por sí agitada coctelera de la convivencia las siglas ni los colores de los partidos.

Lo que parecía una aspiración lógica para mejorar la vida cotidiana de su población se ha convertido en una cuña que agranda las discrepancias entre el regidor, su mayoría absoluta en la corporación y los apoyos del pueblo, y el rechazo del resto de habitantes. Son «ciento y pico» personas las que de alguna manera han expresado su oposición a la forma de proceder Mariano Fernández en este asunto, calcula Rodríguez a raíz de la respuesta que han obtenido las movilizaciones, la recogida de firmas, las asambleas informativas y las protestas que se han sucedido desde el pasado otoño.

«Somacyl opera en casos como este de la misma manera. Elige una finca como el lugar más adecuado para instalar la depuradora. Esa ubicación suele ser la más alejada del casco urbano del pueblo, dentro del término municipal, en el punto más bajo y pegada al río», pone como premisa Juan Ramón Rodríguez. En Basardilla se da la circunstancia que con esas características «no hay terreno público». Son parcelas particulares que requieren ser expropiadas para aprovecharlas como el lugar donde instalar la planta de tratamiento de aguas residuales.

El representante de la movilización añade otra cuña más en esta polémica. «La finca elegida es de la mujer del alcalde», asevera. Es la que reúne las condiciones que busca Somacyl, apostilla. En cuanto este dato de la propiedad del terreno sale a la luz, «empiezan a desaparecer documentos e informes». El regidor «no quiere» que se construya en ese suelo, alude Rodríguez. Al mismo tiempo, crece la reacción popular contra «esta tropelía», en la que el denunciante incluye el pago con dinero del consistorio de informes topográficos para avalar otros terrenos.

El regidor lo rebate y desmiente. «Es falso». Especifica que la parcela de su esposa es «la tercera más alejada del pueblo». Hay dos más que están algo más distanciadas del casco urbano, reitera. A mayores, precisa que la citada finca «tiene unas hectáreas en Brieva», por lo que no está totalmente dentro del término municipal de Basardilla, lo que a su juicio la invalida para acoger la depuradora.

«Llevo desde 2022» con el asunto a vueltas. Ese es el año en el que la Junta de Castilla y León y la Diputación de Segovia perfilaron los detalles de un protocolo en materia de depuración de aguas residuales para municipios de menos de 500 habitantes, que supondría una inversión aproximada de cinco millones de euros en una treintena de ayuntamientos de la provincia.

El quid está en despejar el interrogante: ¿cuál es el sitio idóneo y que además esté disponible? Mariano Fernández subraya «las dificultades» con las que se topa en la búsqueda de una localización que no sea conflictiva. Cita algunos de los obstáculos que hasta ahora no se han sorteado. Es una zona «con mucha roca en todas las fincas; además está rodeada de arroyos y caceras, con el riesgo de que se inunden». Asimismo, nombra la cercanía a Brieva como otro factor que influye en la puesta en servicio de una depuradora. Todos estos inconvenientes los traduce el alcalde en dinero y una inversión difícilmente asumible.

«El coste es muy elevado porque no solo es la depuradora, es cambiar las canalizaciones de aguas residuales y poner prácticamente una planta de bombeo», esgrime Fernández. Pero por otro lado, están «el canon o las multas» que cada año paga el ayuntamiento de este pequeño pueblo de la provincia de Segovia por incumplir la normativa europea, ya que la falta de infraestructuras de tratamiento hace que los vertidos vayan directamente a un arroyo.

Aquí está el otro dilema en el que se debate la localidad, el de la pertinencia y si es igual de perentoria que en los otros pueblos aspirantes a contar con una depuradora. ¿Es necesaria una planta en Basardilla cuando con el 'boom' vacacional del verano ni siquiera llega a 400 ó 500 habitantes? El alcalde se aferra a un objetivo: «no quiero hipotecar al pueblo».

Sin embargo, el movimiento vecinal no lo ve así. Las discrepancias van a más y adoptan un tono más grave cuando se habla de dinero. Rodríguez resume que los movimientos que ha seguido el regidor al tratar «por todos los medios» de que la planta no se ubique en la finca de su esposa «bordean la prevaricación». En los plenos, estas reticencias del vecindario han logrado frenar por ahora la estrategia de Fernández, admite Rodríguez, quien acusa al alcalde de «no dar ninguna información».

A mayores, este levantamiento vecinal arguye que «si Brieva va a hacer dos depuradoras porque tiene dos cuencas, una para cada río, puede depurar las aguas residuales procedentes de Basardilla». Una infraestructura más ambiciosa para este pequeño pueblo, situado a 14 kilómetros de Segovia capital, significaría «hipotecar el pueblo por años a pesar de la subvención», señala el representante de los vecinos que protestan contra la praxis del alcalde. Se habla de unos costes de alrededor de medio millón de euros en un ayuntamiento con un presupuesto de unos 100.000, apunta Rodríguez.

Por estas razones, en una asamblea vecinal celebrada el 19 del pasado octubre, a la que asistieron unas 150 personas, se votó a favor de suspender la construcción de una depuradora en la localidad «hasta que sea obligatoria por ley». Asimismo, se determinó que, de ejecutarse, se haga «en la finca de la mujer del alcalde, conforme al criterio que ha venido usando Somacyl». Por último, esta especie de cónclave también se mostró partidaria de pedir la dimisión del regidor.

En las sesiones de la corporación, el debate está «sesgado por el interés particular que tiene el alcalde para que la depuradora se construya donde sea menos en la finca de su mujer». Las preguntas de la oposición sobre los pasos dados hasta ahora, los informes encargados y pagados por el Ayuntamiento de Basardilla o la desaparición de documentación se quedan sin respuestas. La última sospecha que alberga este levantamiento vecinal es que Fernández «está buscando informes topográficos favorables en trozos de terrenos públicos». Rodríguez insiste en que estas ubicaciones «no son las adecuadas».

La supuesta prevaricación a la que alude el también edil por el Partido Socialista en la corporación local ya salió a la palestra en un pleno celebrado el pasado mes de octubre, en el que asistentes increparon al regidor, que suspendió la celebración. El regidor «está tomando decisiones que pueden incurrir en prevaricación, pero todavía no se ha aprobado nada, por lo que no se ha consumado», matiza Juan Ramón Rodríguez.

En este sentido, Fernández asevera que «se están estudiando» los posibles emplazamientos. Hasta ahora «no hay nada» al respecto, ya que sus intentos de convencer a propietarios de suelo han caído en saco roto porque «no quieren que se instale la depuradora en sus fincas». De hecho, se ha topado con la negativa de titulares que incluso han impedido que entren técnicos para realizar mediciones y análisis topográficos. «No hay estudios, por lo que no se puede hacer nada», incide el alcalde de Basardilla. Tampoco la vía del litigio judicial tiene un resquicio a día de hoy, como reconoce Rodríguez, ya que no se ha aprobado en el pleno ninguna localización.

Eso sí, vaticina que en cuanto el regidor consiga el estudio favorable y pueda someterlo a votación en la corporación, hará valer la mayoría absoluta y «se saldrá con la suya» de no construir la planta en los terrenos de su esposa. De ser así, «esto puede acabar como el rosario de la aurora», advierte el representante del movimiento vecinal y edil socialista.

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