Tres de cada cuatro corzos se abaten de forma ilegal en Segovia

Asimismo, el representante de los cazadores advierte de que la actividad de estos grupos arranca incluso antes de que dé comienzo temporada de forma oficial con el fin de hacerse con las piezas mejores y más grandes. El delegado provincial tiene constancia de que los agentes han detenido en lo que va de año a cuatro grupos de furtivos en el conjunto de la comunidad autónoma. En la mayoría de los casos, estos malhechores actúan de noche y suelen querer la cabeza del animal para después venderla en el mercado negro, desvela.

El Gobierno autonómico establece multas de 6.000 euros para este tipo de prácticas ilegales, pero Gómez explica que les suele salir rentable pagar la multa si les pillan, porque «a lo largo de la temporada venden muchas piezas con las que recuperan con creces el dinero». Por eso, José Luis Gómez defiende la necesidad de un mayor control y cree que este colectivo tiene la responsabilidad de hacer entender a la sociedad que es una lacra como otras muchas. «Igual que no todo el mundo es violador, ladrón o asesino, tampoco todos los cazadores somos furtivos», esgrime.

Por otro lado, el pasado 27 de enero concluyó la temporada de caza menor, tres meses que han servido para superar las malas expectativas que existían al inicio del periodo, al menos en cuanto a la perdiz se refiere ya que, según Gómez, «ha habido más que los años anteriores porque ha criado mejor». Peores resultados se han cosechado con los conejos, que en determinadas zonas de la provincia han sufrido enfermedades y epidemias durante toda la temporada, como la mixomatosis o la hemorragia vírica. Por su parte, la caza de la liebre cada año es más compleja porque es una especie que no deja de reducir su población y en muchos cotos de la provincia ni siquiera está permitido cazarla, matiza.

Si hay un punto en común entre cazadores y ecologistas es la idea de que la Administración autonómica debería desarrollar un estudio en profundidad que determine el estado de conservación de las especies. En el caso de los cazadores, buscan argumentar la legitimidad de la acción cinegética, mientras que los proteccionistas piden datos reales y objetivos para evitar la extinción de especies y el equilibrio de los ecosistemas. La portavoz de Ecologistas en Acción de Castilla y León, Carolina Martín, asegura que la modificación introducida por la Junta en la Ley de Caza ha sido una decepción porque no incorpora novedades, ni se adapta la realidad.

En este sentido, critica el empeño del Gobierno regional de incluir especies sobre las que no hay datos científicos del estado de sus poblaciones, tal y como marcan las directivas europeas, que «en esta Comunidad se están incumpliendo», asevera la representante de la asociación ecologista. A su juicio, esta apresurada medida responde al interés electoral que está en juego en estos momentos. «La Junta no se podía permitir que en fechas tan próximas a las elecciones no se pudiera cazar en Castilla y León porque se juegan muchos votos, así que han tenido que dar un puñetazo sobre la mesa como los gorilas y hacer las cosas rápido en lugar de bien», recrimina Carolina Martín.

La comunidad autónoma brinda a la práctica cinegética la mayor extensión del país en cuanto a terrenos destinados a la caza se refiere, acaparando el 19% del conjunto de España. Además, esta actividad genera una actividad económica de 500 millones de euros al año y 8.000 empleos directos. Segovia, de hecho, es una provincia que atesora una amplia tradición. En la actualidad cuenta con unos quinientos cotos y cerca 4.000 cazadores autorizados residentes, aunque durante la temporada acuden aficionados de distintos puntos del país, en especial de Madrid.

Cabe recordar que e Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) paralizó la caza a finales de febrero por un recurso del Partido Animalista (PACMA). A principios del pasado marzo, el mismo tribunal anuló también la Orden Anual de Vedas en la comunidad. De este modo, se prohibía la práctica cinegética durante algo menos de un mes, periodo en el que tanto los cazadores como diferentes colectivos vinculados al medio rural han dado la voz de alarma. No obstante, Gómez asegura que por las fechas en las que se ha producido esta suspensión cautelar no ha afectado a la actividad. «No hemos dejado de cazar en ningún momento», afirma. A finales de febrero se cerró la temporada de caza mayor y hasta el 1 de abril no ha comenzado el rececho del corzo. Además, las autorizaciones especiales para evitar daños a la agricultura a través del control de especies, que se concedieron hasta el 26 de febrero, seguían vigentes, apunta el portavoz de los cazadores.

Sin embargo, admite que estas decisiones judiciales han hecho que «el mundo rural se subleve». No solo los aficionados, sino que las sentencias han puesto en pie de guerra a gremios como los agricultores y ganaderos, así como a ayuntamientos por los «graves perjuicios que origina la ausencia de caza». Entre ellos, la transmisión de enfermedades. Asimismo, José Luis Gómez confirma que gran parte de los ingresos de los pueblos pequeños proceden del aprovechamiento cinegético de los cotos que acogen.

La caza mayor se va manteniendo y la temporada ha sido buena, según Gómez, quien detalla que con los jabalíes parece que «cuantos más se cazan, más hay». Hace diez años se mataban unas 2.000 piezas de en todo el territorio de Castilla y León y ahora la cifra ronda entre los 12.000y los 14.000 anuales. Unos datos que se pueden extrapolar a Segovia, matiza el portavoz provincial, donde en diez años se ha multiplicado por diez el número de jabalíes cazados.

La explosión demográfica que ha experimentado este animal también ha supuesto su expansión territorial, ya que antes estaba limitado a la sierra y ahora se encuentran en cualquier rincón de la geopografía provincial. A su juicio, este incremento se debe en parte a la despoblación del medio rural y de las tierras de labranza.

La Federación de Caza de Castilla y León siempre ha contribuido a la creación de las leyes y normativas que regulan esta práctica en la comunidad. De hecho, José Luis Gómez recuerda que para elaborar la legislación de 1996, vigente en la actualidad, aunque con las modificaciones recientes, la Junta tuvo en cuenta el punto de vista de los cazadores y aceptó varias de las propuestas que realizaron. La ausencia de consenso o que la administración trabaje de forma unilateral no son problemas que afecten a Castilla y León. Sin embargo, la caza se topa con un obstáculo importante, que es la falta de desarrollo de la normativa aprobada. La citada ley de hace veintitrés años era buena, pero «la dejadez de la Junta a la hora de desarrollar muchos de los puntos ha provocado que la acaben atacando», critica el delegado.