Tres de cada cien mujeres en Segovia son víctimas de violencia de género

A lo largo de 2023 se superó por primera vez la barrera de las 2.000 víctimas de violencia de género incluidas en el sistema de seguimiento integral VioGén del Ministerio del Interior. La Administración regional adelanta un repunte de casos activos del 11% en lo que va de año en Castilla y León. «Los profesionales han visto cómo se han incrementado las mujeres atendidas», asegura la propia consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, lo que atribuye a la «mayor concienciación y sensibilización» sobre esta materia.

El avance de los tiempos no siempre supone una mejora de la realidad que viven las mujeres segovianas, ya que la cifra de usuarias del servicio telefónico de atención y protección (Atenpro) se mantiene muy elevada, pues hasta el momento supera los 74. Son nueve altas menos que en el mismo periodo del año anterior.

Es un ligero descenso que también se observa en las órdenes de protección registradas -un total de 60 frente a las 88 que se contabilizaron al cierre del pasado ejercicio-. Sin embargo, no es una disminución significativa a la hora de vaticinar una mejoría de este problema estructural y presente en la sociedad. Segovia es una provincia pequeña, pero eso no ha evitado que más de medio centenar de mujeres tengan que convivir con medidas cautelares de protección ante los episodios de maltrato o acoso sufridos a mano de sus agresores.

La estadística publicada por el Ministerio de Igualdad permite conocer y desglosar las denuncias interpuestas contra los responsables de los ataques machistas. Si se tienen en cuenta los datos anotados en el primer semestre del año, hasta dos mujeres han pasado cada tres días por los juzgados provinciales para iniciar un procedimiento contra sus parejas o exparejas.

Esto se traduce en la presentación de hasta 256 denuncias hasta julio, lo que supone una caída del 30% respecto al mismo periodo de 2023, cuando se recrudecieron en gran medida las alertas por malos tratos hasta superar las 360 en el primer semestre. También se incluyen las amenazas y vejaciones. Todas ellas afectaron a decenas de mujeres residentes en alguno de los 209 municipios segovianos, sin distinción de edad o procedencia.

No obstante, la entidad de apoyo a las víctimas Adavas, que desembarcó en la ciudad este verano, considera que el número de denuncias no siempre refleja las situaciones de violencia existentes en la realidad. «Muchas mujeres que dan el paso de informarse y asesorarse rechazan en un primer momento la interposición de demandas e incluso la separación de sus parejas», relata la psicóloga que desarrolla su labor en la asociación, Elena Señorans.

Multitud de personas llegan en una primera fase con preguntas sobre si los episodios de maltrato que han sufrido son «algo normal». «En ese proceso de madurar la decisión, hay que respetar sus tiempos: no están obligadas a nada», insiste. Si bien es cierto que la mayoría de los expedientes policiales se abrieron por iniciativa de las propias víctimas tras denunciar la violencia a la que estaban sometidas, hasta cuatro atestados se iniciaron por petición de familiares y doce, por la intervención directa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

«Es muy necesario lanzar un mensaje de confianza y de máximo respeto de las decisiones», especifica la psicóloga. El proceso a la hora de reconocer y solicitar ayuda ante este tipo de violencia a veces se alarga debido a la complejidad de cada una de las historias personales de las víctimas. Sobre todo en aquellos casos donde las mujeres maltratadas no cuentan con independencia económica. «No puedes decirle que se vayan de casa y ya, necesitan acompañamiento urgente», señala la abogada de Adavas en Segovia, Ana Arnáiz.

Hay testimonios que son muy difíciles de escuchar, conocer y asumir. «Cuando vienen aquí, siempre tienen secuelas psicológicas; en el momento en que ocurre la agresión hay un bloqueo emocional que sale a flor de piel», advierte Señorans. El asesoramiento es «imprescindible» en esos instantes, pues la forma de proceder puede determinar el desarrollo de las acciones legales y del bienestar de la víctima. «Es una primera asistencia crucial para lo que puede ocurrir después», insiste.

La consejera que dirige el área responsable de tomar medidas ante estas situaciones asegura que se ha logrado el objetivo de que cada víctima pueda contar con un profesional experto que le brinde apoyo psicológico a la hora de interponer una denuncia «en menos de 30 minutos y desde cualquier punto de la comunidad autónoma».

La entidad con sede en Segovia ofrece atención las 24 horas para casos urgentes. «Las víctimas pueden venir, también acompañadas; o podemos ir nosotras», sostiene Arnáiz. «Ya sea porque están solas, necesitan poner la denuncia, ir al hospital o solicitar un parte de lesiones», asevera. Hasta ahora ninguna mujer ha precisado este tipo de intervenciones de carácter inmediato, pero no descartan que en el futuro reciban alguna petición. A día de hoy, hay un caso en seguimiento por riesgo extremo de sufrir violencia, dos personas están incluidas en la escala de riesgo alto y 52, en el nivel medio.

El informe estadístico que publica la Delegación del Gobierno en materia de agresiones machistas permite recopilar hasta 5.616 denuncias emitidas por víctimas segovianas desde 2009. La provincia no ha sido ajena a las fatales consecuencias en las que desencadenan algunos casos. Desde 2006, se han producido cuatro asesinatos de mujeres por parte de sus parejas o exparejas que han dejado a dos menores huérfanos.

«Los niños también son víctimas reconocidas por ley», remarca Señorans. Aparte de por la violencia vicaria, que se refiere a cuando los hijos son instrumentalizados para ocasionar dolor extremo a las madres, también sufren violencia de género, pues quedan huérfanos. La provincia ha lamentado hace tan solo unas semanas un suceso de este tipo. Un hombre estranguló a su expareja hasta la muerte en Arroyo de Cuéllar después de que la víctima, una mujer de 33 años, llegase a «incumplir el protocolo» y se saltase la orden de alejamiento, recuerda Blanco. Por ello, «es importante seguir incidiendo en la concienciación», concluye.