Treinta y dos ayuntamientos se reparten los 37,7 millones de euros de la deuda viva provincial

En el conjunto de Segovia, la deuda viva que tenían contraída a 31 de diciembre del año pasado los ayuntamientos de la provincia era de casi 38 millones de euros. Para ser más concretos, Hacienda la cifra 37,7 millones. En el año 2020, marcado por el coronavirus y por las partidas extraordinarias para paliar el perjuicio económico ocasionado por cierres y paralizaciones de la actividad, los consistorios segovianos han conseguido reducir en un 3,3% su endeudamiento con entidades crediticias. Lo que parece poco menos que un milagro no es más que la ratificación de una tendencia, pese a las adversidades.

Hacienda también hace memoria y en sus estadísticas revela que ya el año 2019 fue el ejercicio contable de los últimos diez años en el que las administraciones locales segovianas acumularon una menor deuda viva conjunta. Los ayuntamientos bajaron de la barrera de los 40 millones el importe global de sus obligaciones financieras después de dibujar una curva constante a la baja que tiene su punto de partida en el año 2012, que es cuando estas entidades alcanzaron la cima de endeudamiento con un pasivo conjunto de 60,7 millones de euros, como revelan las cifras del ministerio que dirige María Jesús Montero.

Por lo tanto, esa tendencia, a pesar del coronavirus y de una gestión excepcional de las cuentas municipales, ha continuado a la baja durante 2020, una disminución de la deuda viva que también comparte la Diputación de Segovia, que el año pasado redujo el pasivo financiero de 26,1 a 17,1 millones. Es una merma de más del 34% y superior a los 900.000 euros en doce meses.

Hacienda recoge en su informe que cuando el curso pasado puso su punto y final había 32 municipios de los 209 que componen el mapa político de la provincia que cerraron el ejercicio endeudados por préstamos contraídos. En 2019 eran 35.

Han terminado el saneamiento completo de sus cuentas cinco: La Lastrilla, Orejana, Arcones, Gomezserracín, Samboal y Sangarcía. De los que todavía arrastran deuda viva, solo tres vieron cómo en 2020 esa mochila pesó más que al término de 2019. Son los del Real Sitio de San Ildefonso, que sumó 134.000 euros para rozar los 4,8 millones; Ituero y Lama, que después de una década 'limpio' y sin cargas –salvo en 2016, que adquirió una deuda de 16.000 euros que saldó en doce meses– asumió en el año de pandemia un pasivo que de 390.000 euros, y el de Navas de Oro, que contrajo un endeudamiento más modesto de 11.000 euros tras haber estado un cuatrienio saneado.

Otros tres ni aumentaron ni disminuyeron la cuantía de su débito. Se trata de los de Grajera, con 1.056.000 euros de deuda viva; Escarabajosa de Cabezas, en cuyas cuentas municipales figuraban al final del año pasado 250.000 euros, y Navas de San Antonio, donde el endeudamiento es de 50.000 euros.

El resto de localidades, incluida la capital segoviana, que cerraron el año pasado con carga en el pasivo redujeron en mayor o menor proporción su deuda viva. Destacan algunos casos como el del Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma, que en 2020 bajó por primera vez en el último decenio del millón de euros; o La Lastrilla, que con una última amortización de 39.000 euros ha terminado de sanear sus arcas y amortizar 1,5 millones de euros en diez años.

También sobresalen los bocados que dan los Consistorios de San Cristóbal de Segovia y Torrecaballeros a sus respectivas deudas vivas, que en términos relativos acarrean una reducción del 27% y del 44%, respectivamente. Maderuelo, que hasta hace poco ostentaba el dudoso honor de ser la administración local con una mayor deuda por habitante en la provincia está en el camino de librarse de ella. Desde 2015 ha imprimido un ritmo para limarla de unos 30.000 euros al año y el curso pasado lo terminó con 150.000 euros en el debe con las entidades financieras.

Los ayuntamientos no tuvieron más remedio que apretarse el cinturón para descargar el lastre de sus respectivas deudas vivas a raíz de la entrada en vigor, en 2012, de La Ley de Estabilidad Presupuestaria, la conocida como 'Ley Montoro', que supuso un dique para contener el gasto de las administraciones públicas mediante el establecimiento de unos objetivos de deuda y de un tope máximo de gasto. Para los consistorios fue el inicio de unos ejercicios de control en los desembolsos e inversiones para poder saldar y amortizar el pasivo que acumulaban en su contabilidad, sobre todo con entidades financieras a través de préstamos y créditos.

Para calcular el endeudamiento vivo se usa el denominado protocolo de déficit excesivo y se valoran los importes de la deuda contraída a través de la suscripción de créditos financieros, valores de renta fija, productos devengados por activos dudosos, préstamos transferidos a terceros, las asociaciones público privadas o el fondo de financiación del pago a proveedores, entre otras variables.