Transportes adjudica el estudio previo a liberalizar las autopistas AP-51, AP-61 y AP-6

Cabe recordar que el actual contrato de concesión que rige la explotación por parte de la empresa Iberpistas expira dentro de cinco años, el 19 de noviembre de 2029. Por lo tanto, el objeto que se ha marcado la Administración central a través de este estudio es recopilar y analizar los datos necesarios para definir las actuaciones necesarias en la AP-6, AP-51 y AP-61, y en el resto de la red de carreteras del Estado aledaña, para llevar a cabo dichas intervenciones, incluyendo la mejora de su funcionalidad y accesibilidad al territorio.

El ámbito de actuación del informe encargado se extenderá a lo largo de los 115 kilómetros de longitud del trazado de dichas autopistas de peaje en las provincias de Madrid, Ávila y Segovia. El documento deberá determinar el tipo de iniciativas a llevar a cabo, como por ejemplo la remodelación e implantación de enlaces, la ampliación de áreas de servicio o la instalación de nuevas, la ubicación de nuevos aparcamientos de vialidad invernal o la pacificación de travesías, entre otras. Asimismo, tendrá que contener las características de dichas intervenciones, detallando la tipología de los enlaces, o el perfil geométrico. Además, deberá incluir un cálculo del presupuesto al que ascenderían todas estas actuaciones y una propuesta de programación en función de su prioridad, según señala el comunicado del Ministerio de Transportes.

El 19 de noviembre de 2029 finaliza el contrato de concesión de las autopistas de peaje AP-6, AP-51 y AP-61 que pasarán, previsiblemente, a ser gestionadas directamente por el Estado «sin cobro de peaje al usuario», tal y como especifica el comunicado de este lunes. Estas tres vías de alta capacidad se suman así a otras que ya han pasado por el trámite de la liberalización y cuyos contratos de concesión han ido expirando desde 2018: AP-1 (Burgos-Armiñón); la AP-4 (Sevilla-Cádiz); la AP-7 (Alicante-Valencia-Tarragona); la AP-7 (Tarragona-Barcelona) y AP-2 (Zaragoza-Mediterráneo).

«Como consecuencia de esta liberalización, es previsible que estas autopistas capten tráficos de otras carreteras libres de peaje, en particular de las nacionales N-6, N-110 y N-603, además del posible aumento del tráfico inducido por la reducción del coste generalizado del transporte», apuntan fuentes ministeriales, en referencia al alivio de tráfico en el que redundaría la eliminación de los peajes en puntos altamente conflictivos en la red viaria de la provincia de Segovia, y concretamente en la travesía de San Rafael, donde las últimas movilizaciones han exigido la supresión de la circulación de camiones por esta arteria que cruza el núcleo de población perteneciente a El Espinar. Un problema y un peligro que se remonta varios años atrás y que no hasta ahora no ha conseguido tener una solución que evite el riesgo de la alta intensidad que soporta la N-6 a su paso por esta zona.

De hecho, la notificación hecha pública por el Ministerio de Óscar Puente este lunes habla de sopesar en el estudio «otra actuaciones que tendrían que ver con la adecuación de algunos tramos de las N-6, N-110 y N-603 para su uso por parte de usuarios vulnerables como peatones o ciclistas», dada la previsión de que estos trazados solo soportarán tráficos locales.

La liberalización de las tres autopistas que discurren por territorio segoviano, y el consiguiente aumento del tráfico, podrían provocar que algunos de los enlaces que ya existen en estos corredores de alta capacidad y que las áreas de servicio que hay a lo largo de sus trazados se vean incapaces de absorber el crecimiento de la intensidad media de vehículos que transiten por ellas. Incluso, la estructura de los propios firmes podría acusar esa mayor circulación, llama la atención el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en su comunicado. Frente a estas carencias, la opción que pone encima de la mesa la Administración central pasaría por «incorporar carriles adicionales en el tronco de las autopistas, así como llevar a cabo medidas de protección contra el ruido o cualquier otra de integración ambiental».

La AP-6, la AP-51 y la AP-61 cuentan además con largos tramos sin accesos, lo que entorpece su conectividad con el entorno y dificulta su explotación, especialmente en casos de vialidad invernal o accidentes. Por este motivo, como solución que contempla el Estado, debería estudiarse la construcción de nuevas conexiones o completar las que ya están funcionamiento para mejorar accesibilidad al territorio y mejorar las condiciones de explotación de las autopistas.

Además del estudio de las necesidades de las áreas de servicio, áreas de descanso y aparcamientos seguros, será preciso también analizar la conveniencia de mejorar o implantar otros elementos funcionales de las autopistas, en particular aparcamientos de vialidad invernal.

Asimismo, el Ministerio considera conveniente estudiar la conveniencia de instalar Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) para mejorar la explotación conjunta de los binomios AP-6 y N-6, AP-51 y N-110 y AP-61 y N-603, sobre todo en caso de incidencias.

Según informó el Ministerio, en este estudio se llevará a cabo un análisis del tráfico mediante la construcción de un modelo de macrosimulación con matrices origen y destino basadas en datos de telefonía móvil y estaciones de aforo de campo para caracterizar el tráfico en los nudos existentes.

Estos trabajos se acometerán en tres fases. La primera, según el cálculo del Ministerio, arrancará en breve y finalizará en la primavera de 2025. En ella, el adjudicatario hará un diagnóstico de la situación derivada de la redistribución de tráfico y del territorio por si fueran necesarias nuevas infraestructuras. Todo ello ser recogerá en un documento inicial, que servirá para solicitar el documento de alcance del Estudio de Impacto Ambiental y para una primera definición de alternativas.

En la segunda, prevista de marzo a diciembre de 2025, se definirán con mayor precisión las alternativas seleccionadas con el fin de establecer su impacto ambiental residual, su funcionalidad y sus costes. La última permitirá estudiar e informar las alegaciones a la Información Pública y se incorporarán las prescripciones impuestas por la DIA, que se elaborará durante 2026, y por la aprobación provisional del estudio a finales de ese ejercicio.