Unas 40 trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio de la Diputación de Segovia se concentraron ayer frente a la institución provincial para pedir y exigir al presidente Miguel Ángel de Vicente que asuma su responsabilidad, vele por la calidad del servicio que se presta a los usuarios de sus 270 trabajadoras y solucione el problema del cobro y cotización de los cinco minutos de desplazamiento que la empresa Claros obliga a realizar a las auxiliares «contradiciendo nuestro convenio regional», apuntó María José González Marcos, secretaria sociosanitaria de los servicios públicos de UGT Segovia.
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En concreto piden a la Diputación, además de contar con Epis suficientes, que la empresa concesionaria «cumpla su propio pliego». Según su convenio regional se establece que para desplazarse de un domicilio a otro disponen de cinco minutos por cada hora efectiva de trabajo, pero el pliego establece que al usuario hay que prestarle la hora completa, y que para compensar lo que dice el convenio, a la empresa le abona 65 minutos por cada 60 de trabajo efectivo y que la empresa debe abonarlo al auxiliar. «Entendemos que la Diputación está pagando a la empresa, pero la empresa no abona esa cantidad a las auxiliares».
El principal mensaje «es que rescinda de una vez el contrato que tiene con la empresa Claros por los reiterados incumplimientos tanto del convenio regional como de su propio pliego», destacó María José González. «Que no se les conceda una segunda prórroga. Las auxiliares realizamos un trabajo esencial para la sociedad de Segovia y garantizar la calidad del servicio es nuestra prioridad como profesionales, pero esta no será posible sin el reconocimiento profesional implícito a través de nuestras condiciones laborales y esto pasa por que las empresas cumplan nuestro convenio y los pliegos que firman con las administraciones».
María José González enumeró algunos de esos incumplimientos, «como IT abonadas por el convenio marco estatal, antigüedades mal abonadas, horas ordinarias abonadas por debajo de las tablas salariales, variaciones de jornada mal hechas con supuestos olvidos, y aún y todo lo reconocen y nos dicen que a la trabajadora que lo reclame judicialmente se le abonará, quedando el resto para sus ganancias particulares, obligar a las auxiliares fuera de su jornada laboral y con su vehículo particular ir a recoger los Epis a 20, 30 kilómetros sin abonarles los kilómetros ni computarles el tiempo de desplazamiento como tiempo del trabajo efectivo, nos dieron unas gafas no homologadas de poda para atender a usuarios enfermos de covid-19, contrataciones nuevas sin experiencia, que no están acreditadas, que no tienen titulación... son tantos y tantos...».
«Desde UGT hemos agotado todas las vías del diálogo con esta empresa y no ha habido manera y no vamos a consentir ninguna amenaza a los trabajadoras. El sector está ya muy cansado y nos hemos sentido desprotegidas y abandonadas. Si no se toman cartas en el asunto, evidentemente haremos más movilizaciones». concluyó González.
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