Segovia

La subida de tasas se abordará en pleno extraordinario por falta de acuerdo

El tiempo apremia, pero no se traduce en una clarificación del procedimiento que va a seguir el Consistorio de la ciudad para sacar adelante una subida de impuestos que, en algunos de los casos, alcanza el 40%. Así lo recoge una de las primeras propuestas que fue remitida a los grupos de la oposición en un intento de conseguir sacar a delante las tasas que se aplicarán a lo largo de 2025.

Si bien es cierto que este martes estaba prevista la celebración de una comisión extraordinaria de Hacienda para abordar la nueva ordenanza fiscal, esta reunión se suspendió apenas una hora antes de su comienzo. «No ha habido posibilidad de llegar a un acuerdo previo y la hemos decidido suspender hasta que tengamos los apoyos que nos permita desarrollarla. Esto se debe a que si no tenemos un principios de acuerdo, no se puede establecer la documentación técnica», declaran fuentes municipales.

El Partido Popular, al frente del Ayuntamiento, confiaba en lograr in extremis el respaldo necesario para aprobar la subida de tasas en la sesión plenaria ordinaria que tendrá lugar este miércoles. A su juicio, estas modificaciones al alza se corresponden con una obligación estatal, por lo que solicitaba la «corresponsabilidad» de los grupos de la oposición. Sin embargo, no ha sido posible, por lo que la votación sobre la actualización de los impuestos se pospone a un pleno extraordinario que previsiblemente se celebrará a mediados de octubre. «Está sin citar», señalan las mismas fuentes.

El objetivo es que, hasta esa fecha, se mantengan las reuniones oportunas para recabar los apoyos suficientes. La portavoz del grupo municipal socialista, Clara Martín, relata que desde febrero se han convocado diferentes mesas de tasas de negociación para abordar la nueva ordenanza, pero que en ninguna se ha aportado la documentación definitiva de la normativa.

«No sabría decir la propuesta que tienen ahora encima de la mesa; a día de hoy el único documento que hemos recibido formalmente, conforme al reglamento, es el que contempla una subida de la tasa de basuras del 40%», asegura Martín, aunque le constan que se han introducido una serie de cambios en las últimas horas. Por este motivo, el PSOE culpa al gobierno municipal de «falta de planificación; no tenían claro de cómo se tenía que aplicar la ley».

El grupo de Vox en el Ayuntamiento coincide en la «falta de previsión en la gestión, lo que demuestra una falta de compromiso». Su portavoz, Esther Núñez, explica que «a pesar de haber tenido más de un año y medio para abordar este asunto, la documentación necesaria ha sido proporcionada de manera tardía», lo que considera a su vez una «falta de respeto a la exposición».

Según explica Martín, los técnicos han definido como plazo máximo para aprobar las tasas el 11 de octubre, aunque los socialistas confían en que queda algo más de margen. Por ello, instan al equipo de gobierno a sentarse a negociar y estudiar las propuestas realizadas por los diferentes grupos. En el caso del PSOE, apuestan por la introducción de bonificaciones y exenciones para no incrementar la carga fiscal a las familias y colectivos más vulnerables. De otro modo, la presión va a aumentar «de manera sustancial».

La subida de la tasa de basuras en un 40% conlleva el pago de 99 a aproximadamente 140 euros al año por vivienda. En el peor de los casos, han calculado que el repunte que experimentarán algunas actividades económicas -como negocios hosteleros- será del 700%, al pasar de pagar 428 anuales a 2.195 euros. «Su único objetivo es el afán recaudatorio», sostiene Martín. Un hecho que ejemplifica con el análisis de la repercusión de la aplicación de la normativa fiscal propuesta sobre 53 hoteles censados en la ciudad. «Solo se baja a ocho mientras que al resto se les sube», especifica.

El PSOE no está de acuerdo con la valoración del coste de servicio de recogida de residuos, que se sitúa en 5,5 millones de euros. «Prevén un IPC al alza y también hay una serie de costes del 12% que no tienen que incluirse en los gastos generales», subraya. A ello se suma el pago del canon de ocupación de la vía pública por la implantación de las redes de calor, las modificaciones ejecutadas en el impuesto de los vehículos y el aumento del tipo de IBI a más de un 36% a raíz de las revisiones catastrales que se han realizado en los últimos meses.