La subida del Salario Mínimo Interprofesional beneficiará a 25.600 asalariados en Segovia

La medida suscita distintas interpretaciones en los agentes sociales. Mientras los sindicatos valoran la subida por la gran cantidad de trabajadores beneficiados, la patronal ve en ella un ataque a la estabilidad de las empresas, necesitadas de una «moderación salarial» para mantener e incrementar su actividad tras unos años muy desfavorables.

«Es una subida necesaria y positiva, pero el Salario Mínimo Interprofesional, en muchos casos, no es el mínimo tope salarial que tenemos, pues la mayoría de las personas asalariadas de la provincia están bajo el paraguas de un convenio colectivo. Positivo es para aquellas personas que no están sujetas a un convenio», aclara el secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Álex Blázquez. El dirigente sindical considera que se trata de un mínimo «potente» que dignifica el trabajo de las personas. «Que haya trabajadores que ganen un mínimo de 15.000 euros al año es más digno que lo que ocurría hace cuatro años», añade.

Para Miguel Ángel Mateo, secretario general de la Federación de Servicios Públicos del sindicato UGT, la subida es «tremendamente positiva» para una provincia como Segovia, donde los convenios colectivos no albergan grandes salarios y son muchas las personas al margen de esa regulación. «Empleados del comercio, de la ayuda a domicilio, de las residencias de la tercera edad, que son sectores muy feminizados, van a tener un salario mínimo que les supondrá una ayuda muy importante, sobre todo si poseen jornada completa», señala Mateo. Álex Blázquez cita otros sectores sobre los que la medida repercutirá de manera positiva: «En hostelería, por ejemplo, que tiene el convenio recién aprobado, hay una categoría, la de auxiliar de cocina, que se verá beneficiada. Pero también están la limpieza, el campo... Lo van a notar mucho».

No opina lo mismo el presidente de la Federación Empresarial Segoviana (Fes), Andrés Ortega. Para la patronal, el incremento del SMI del 47% en los últimos cinco años (sumando el último incremento decidido por el Gobierno del 8% hasta fijarlo en 1.080 euros al mes en 14 pagas) es «contrario» a la moderación salarial que las empresas precisan. «Afecta sobre todo a microempresas y pymes, que conforman la inmensa mayoría del tejido productivo y de servicios de la provincia y que además son las que poseen la mayor capacidad de generar empleo», apunta Ortega. El presidente de la patronal segoviana asegura que incrementar tanto los costes laborales hace inviables muchas nuevas contrataciones, «y esto es lo que hemos venido reiterando, tanto en la negociación colectiva como en el debate sobre el SMI: incrementos acompasados a la realidad de las empresas».

La Fes recuerda asimismo que las previsiones sobre la inflación apuntan a una «clara moderación» durante este año, lo cual «penaliza a las empresas por el lado de los costes y se añade al impacto de las subidas de impuestos y cotizaciones sociales, entre otras cargas».

Los sindicatos no comparten la visión de las organizaciones empresariales. «Cuando subieron el salario mínimo a 900 euros, hace dos años, parecía que las empresas iban a despedir a un montón de trabajadores y que la economía colapsaría, y se ha demostrado que fue muy positiva, como la subida posterior a los 1.000 euros. Los empresarios no dicen nada de los beneficios que están teniendo todos sus asociados, desde la gran banca o las grandes eléctricas hasta las pymes, pues vas a tomarte una caña o a comprar el pan y compruebas lo que ha subido todo», afirma Mateo.

«Defendemos el reparto de las ganancias, y no dudo que haya empresas que lo estén pasando mal, pero sí vemos una serie de compañías que están obteniendo beneficios altísimos . No creemos que esta subida sea para ellas un gran problema», añade Blázquez.

La Fes defendía, como la CEOE, una subida del 4%, hasta los 1.040 euros brutos al mes en 14 pagas, supeditada a establecer un régimen de deducciones aplicables al sector agrario y ganadero y modificar la normativa de revisión de precios en los procesos de contratación del sector público, con el objetivo de repercutir el incremento del salario en los contratos de ejecución. «Presentamos una propuesta, seria y argumentada, y no recibimos respuesta alguna. Era evidente que no se iba a contar con nuestra opinión. Estaba decidido y solo se quería una foto. Por eso, la CEOE no estuvo en la reunión de la que salió el incremento del 8%», se lamenta Ortega.