Cartel de una campaña que se llevó a cabo el año pasado en Segovia sobre el derecho a abortar en el lugar de residencia de cada mujer. El Norte

Solo seis comunidades trabajan en registros de objetores a practicar abortos

Sanidad quiere que antes de finalizar el año todas las autonomías dispongan de un protocolo homogéneo que garantice el cumplimiento de la ley

Martes, 15 de octubre 2024, 08:10

Los profesionales sanitarios del Complejo Asistencial de Segovia se acogen desde hace años a su derecho a la objeción de conciencia a la hora de practicar interrupciones voluntarias del embarazo. La legislación ampara esta opción, al igual que avala el derecho de las mujeres a ... abortar dentro de los supuestos que establece la ley vigente. Lo que sí hace el Hospital General es derivar estas pacientes fuera la provincia, en concreto a Madrid, para que se sometan al procedimiento de interrupción de la gestación.

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Ese delicado y complejo marco normativo en el que buscan el equilibrio ambos principios, el de las mujeres y el de los médicos, hace que hasta ahora al Ministerio de Sanidad le conste únicamente que seis comunidades autónomas trabajan en el requisito de disponer de un registro del personal facultativo que hace objeción de conciencia y que, por lo tanto, no realiza abortos al acogerse a su derecho a no hacer este tipo de procedimientos. Castilla y León no está en ese grupo.

Desde el inicio del debate sobre la elaboración de una lista de objetores, la posición que viene defendiendo la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), que es extensible a la eutanasia, es la de reclamar «respeto» para aquellos facultativos que no llevan a cabo intervenciones de interrupciones voluntarias de embarazos.

El Ministerio de Sanidad, tal y como ha anunciado su titular, Mónica García, quiere acabar con la laguna legal de que la mayoría de comunidades no tengan el polémico registro. Las seis excepciones son La Rioja, Canarias, Murcia, Cataluña, Cantabria y Extremadura. Según el Gobierno son las únicas que lo han elaborado o que están inmersas en su preparación.

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La intención que ha manifestado recientemente la ministra es que, antes de acabar este año, esté redactado un protocolo homogéneo para todas las comunidades que recoja las bases del registro de objetores de conciencia a la práctica del aborto.

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