Solo seis comunidades trabajan en registros de objetores a practicar abortos

Ese delicado y complejo marco normativo en el que buscan el equilibrio ambos principios, el de las mujeres y el de los médicos, hace que hasta ahora al Ministerio de Sanidad le conste únicamente que seis comunidades autónomas trabajan en el requisito de disponer de un registro del personal facultativo que hace objeción de conciencia y que, por lo tanto, no realiza abortos al acogerse a su derecho a no hacer este tipo de procedimientos. Castilla y León no está en ese grupo.

Desde el inicio del debate sobre la elaboración de una lista de objetores, la posición que viene defendiendo la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), que es extensible a la eutanasia, es la de reclamar «respeto» para aquellos facultativos que no llevan a cabo intervenciones de interrupciones voluntarias de embarazos.

Noticias relacionadas

El 46% de las segovianas que abortan usan algún método anticoncpetivo

César Blanco Elipe

Sacyl gasta medio millón de euros en 15 años en derivar abortos a clínicas privadas

Ana María Criado

El Ministerio de Sanidad, tal y como ha anunciado su titular, Mónica García, quiere acabar con la laguna legal de que la mayoría de comunidades no tengan el polémico registro. Las seis excepciones son La Rioja, Canarias, Murcia, Cataluña, Cantabria y Extremadura. Según el Gobierno son las únicas que lo han elaborado o que están inmersas en su preparación.

La intención que ha manifestado recientemente la ministra es que, antes de acabar este año, esté redactado un protocolo homogéneo para todas las comunidades que recoja las bases del registro de objetores de conciencia a la práctica del aborto.