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Los ayuntamientos, en particular los más pequeños, siguen gestionando sus cuentas en el alambre. El paso titubeante para no pasarse del superávit a la hora de planificar las inversiones y la zozobra de no disponer de unos presupuestos generales aprobados para saber a lo que ... atenerse hace que los alcaldes y sus equipos hagan equilibrios en la contabilidad de sus corporaciones. Y es que, como recuerdan los regidores, hay obras que hacer, recursos que desarrollar y deficiencias que se eternizan mientras ellos asisten con «las manos atadas» al vaciado de sus poblaciones, sin poder abrir la compuerta para que corran las inversiones. Por esa doble incertidumbre, las entidades locales solicitan la revisión de sus catastros para adecuar los precios a la realidad del mercado, aunque a veces la actualización se demore años.
José Luis Velasco no se muestra del todo conforme con la manera de proceder que tiene el Catastro. El alcalde de Muñopedro se queja de que «ni siquiera cuenten con el Ayuntamiento» para llevar a cabo la evaluación sobre el terreno. «Ni nos avisan cuando vienen, porque llegan, tiran sus fotos y se van», insiste en su reproche. El regidor deduce que esa forma de actuar para luego formular el nuevo valor catastral «no es de fiar». De hecho, en una anterior actualización, «tuvimos que presentar unas reclamaciones como Ayuntamiento porque se habían confundido con algunas propiedades municipales». Velasco añade que lo mismo le ocurrió a un grupo de residentes particulares que discreparon de la revisión que les habían hecho a sus inmuebles. «Cuando te llega la carta del Catastro te puedes encontrar con que el valor que han dado es muy elevado o con casas que no están o lugares que han cambiado de nombre», detalla algunos de los problemas que han padecido en Muñopedro en experiencias anteriores de revisión catastral. «No funciona nada bien», sentencia el regidor, quien apunta que «las rectificaciones las conseguimos a base de mandar muchos escritos con toda la documentación. Muñopedro es uno de los sesenta pueblos segovianos donde la revisión es al alza.
En el año que acaba de empezar a gatear, 64 municipios segovianos ponen al día los valores catastrales de sus inmuebles urbanos a partir de la aplicación de los coeficientes correspondientes en función del año en el que tuvo lugar la entrada en vigor de la ponencia de los valores. Así lo publicó el Boletín Oficial del Estado (BOE) en la recta final del ejercicio pasado. Esta revisión, habitualmente al alza, no siempre es sinónimo de un encarecimiento; tampoco es inseparable de una mayor apretura de tuercas sobre la presión fiscal que de por sí soportan los ciudadanos. Es decir, que un mayor valor catastral no va siempre vinculado a un aumento proporcional en el recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).
Sube, sí; pero los ayuntamientos tratan de paliarlo con el coeficiente que depende de ellos para que la factura a los vecinos no se dispare. En otras ocasiones la demora acumulada en la adaptación de los valores a la realidad mercantil hace que la subida del recibo sea inevitable. Es lo que han hecho, por ejemplo, municipios como Torrecaballeros o Zarzuela del Pinar, donde esa variable que introduce cada consistorio a la fórmula para calcular el IBI corrige y suaviza las revalorizaciones catastrales.
Eleuterio Nicolás Ortega es el alcalde de Zarzuela del Pinar, de 444 habitantes, es uno de los municipios que desde el primer día de este año cuenta con un nuevo valor catastral para su parque de inmuebles urbanos. La actualización, como en la mayoría de los casos, es del 3% de subida. El Ayuntamiento se acogió al programa del Catastro de actualizar año por año el valor, pero «no sabemos hasta cuando», apunta el alcalde, Eleuterio Nicolás Ortega, quien añade que al anterior valor «estaba muy desfasado y era entre un 20% y un 25% inferior al real». El regidor coincide con su homólogo de Muñopedro en que el funcionamiento del Catastro es mejorable. «Hace unos años la actualización fue un desastre», recuerda. Entonces el ente estatal había contratado a una empresa externa para proceder a la revisión, pero sin embargo «hizo lo que le dio la gana». El cualquier caso, «aunque no se podía dar por bueno, no tuvimos más remedio que acatarlo», y eso que «confundieron datos, titularidades y había algunas casas nuevas y naves ganaderas nuevas que no pagaban». Llegó un punto en el que el alcalde dejó de firmar actualizaciones por las «aberraciones» a las que estaba asistiendo. Para paliar la subida catastral y que no se note en el IBI, el Ayuntamiento «baja el tipo del gravamen en la misma proporción por lo que calculo que el recibo subirá un euros por cada edificio».
La lista elaborada por el Ministerio de Hacienda está compuesta por 1.092 localidades en el cómputo conjunto del país. La medida de la actualización se hizo efectiva con la entrada del nuevo año. De los 64 municipios segovianos que se han acogido en este ejercicio al ajuste, únicamente cuatro lo hacen a la baja. Las medias de los aumentos y descensos, en el total del territorio nacional, se sitúan en el 3%; sin embargo, existe un tope en los casos de los valores catastrales que crecen y que es del 5%, aunque en la provincia segoviana ninguno de los ayuntamientos habilitados por hacienda aplica este máximo. Todos se quedan en un incremento o en una disminución del 3%.
Las cuatro localidades que encarnan las excepciones a la regla no escrita de las actualizaciones al alza son Torrecaballeros, Condado de Castilnovo, la Losa y Villaverde de Íscar. En el resto de España, de los 1.092 municipios revisados, en 87 la valoración es a la baja.
«Que las bases catastrales hayan subido en Cuéllar no quiere decir que se plasme en la presión fiscal a los ciudadanos», destaca el alcalde de la villa, Carlos Fraile. La fórmula para aminorar el impacto sobre la factura del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) es compartida por varios consistorios que ven cómo sube el valor catastral. Como explica el regidor cuellarano, esa receta consiste en «bajar el tipo de gravamen, algo que aprobamos el pasado mes de octubre», con la intención de que la actualización catastral no repercutiera en el recibo municipal que se pasa a los propietarios. Fraile añade que en el caso del Ayuntamiento que preside, la revisión «viene de oficio para ajustar a la realidad del mercado las bases catastrales». Era necesario el ajuste en la localidad, se extrae de las palabras del alcalde, quien indica que «hay zonas de Cuéllar en las que el valor catastral no se corresponde con el del mercado». Por cierto, el equipo de gobierno en el Ayuntamiento tiene puesto el punto de mira en materia de vivienda la reforma y venta de veinticuatro inmuebles que son de su propiedad. La adjudicación, tal y como se ha previsto, se hará en tres bloques. Fraile anuncia que en 2021 el Consistorio los pondrá a la venta.
Entre los requisitos estipulados en la orden ministerial que rige en estas modificaciones, cabe destacar que son los inmuebles de índole urbano los que están sometidos a la revisión. Asimismo, son los consistorios los que solicitan al Catastro la nueva evaluación, tal y como establece la Ley del Catastro Inmobiliario. Asimismo, antes de confeccionar la lista definitiva, Hacienda mira con lupa que los ayuntamientos demandantes del ajuste cumplen satisfactoriamente las condiciones del marco legal.
Así, han de haber pasado al menos cinco años desde la entrada en vigor de la anterior valoración colectiva de carácter general. Además, la orden reguladora señala que los técnicos de la inspección han de detectar diferencias sustanciales y homogéneas entre los valores que sirvieron de base para determinar existan diferencias sustanciales y homogéneas entre los valores de mercado y los que sirvieron de base para la determinación de los valores catastrales vigentes.
En la provincia hay cuatro excepciones que confirman la regla de que los ajustes catastrales son al alza. Una de las revisiones a la baja se localiza en Torrecaballeros. «Nos acogimos a la posibilidad que brinda el Ministerio para revisar los valores catastrales. En nuestro caso era lógico, porque teníamos una valoración de cuando la época del 'boom' inmobiliario». El alcalde de Torrecaballeros, Rubén García de Andrés, reconoce que esa tasación en vigor antes de la adecuación de este año «estaba muy por encima de lo que en realidad marca el mercado». Debido a esta circunstancia, entre los ejercicios 2015 y 2016, el equipo de gobierno municipal tomó la decisión a la hora de diseñar los primeros presupuestos de García de Andrés al frente del Consistorio, de reducir el tipo de gravamen aplicado al coeficiente catastral. El objetivo de esta medida no era otro que el de «compensar a los vecinos por tener unos valores catastrales por encima de los que tenía el mercado». Esta intervención fiscal se anticipó a la revisión catastral. «En este tiempo se han regularizado todas las construcciones de Torrecaballeros», asegura el alcalde, quien añade que el Ayuntamiento «no se ha planteado implantar por otro lado el impuesto de plusvalía», lo que podía minimizar la bajada en la recaudación del IBI.
La mayoría de los términos segovianos que este año revisan el valor catastral de sus inmuebles urbanos se remontan mucho más en el tiempo. Sus últimas adecuaciones datan de los años noventa. En concreto, en 41 localidades el ejercicio de referencia sobre el que se aplica la subida del valor es 1994. Los hay anteriores, como Arcones, Basardilla, Cabañas de Polendos, Laguna de Contreras, Cabezuela, Mata de Cuéllar, Navares de Ayuso, Pinarejos, San Cristóbal de Cuéllar o Samboal, donde la última actualización se produjo en 1990. Han pasado veinte años y una crisis financiera generalizada que han 'distorsionado' el valor real actual con el que figuraba en el catastro por aquel entonces. En estos sitios, el coeficiente de actualización es del 1,03.
Luego, están los municipios que no habían amoldado sus respectivos valores catastrales a los que establece el mercado a día de hoy desde el estallido de la burbuja inmobiliaria. En esta circunstancia se encuentran los cuatro en los que la revisión es a la baja, con referencias que oscilan entre los años 2011 y 2013. Aquí, el coeficiente es algo inferior, del 0,97.
A modo de anécdota, de la relación que conforman los 64 pueblos segovianos que revisan y aplican su nuevo catastro en este curso, el mayor en cuanto a población es Cuéllar, cuya última actualización databa de 1998, según especifican los datos del Ministerio de Hacienda. Al igual que la villa, Palazuelos de Eresma o el Real Sitio de San Ildefonso son otras localidades que ven cómo crece el valor catastral de su parque de viviendas.
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