«Sientes impotencia cuando pides auxilio y derivar, pero no te dejan», afirma el director de una de las residencias investigadas

Entiende que la saturación del hospital impidiera dar más de sí la atención. «Si tenían demencias, no se derivaban», indica, además de otros criterios relacionados con patologías y con la edad, ya que también contribuía haber cumplido los 80 años. Felipe Barrios asevera que «hemos estado controlados e inspeccionados», medidas que aplaude y comparte; pero echa en falta que las autoridades «no informaran públicamente» de los criterios de acceso al tratamiento hospitalario.

La de Ortigosa del Monte es una de las cuatro residencias de la provincia de Segovia investigadas por la Fiscalía Provincial, que mantiene abiertas «diligencias civiles preprocesales» para dilucidar la actuación seguida durante la pandemia del coronavirus y si hubo o no negligencias o malas praxis. La actuación de oficio del Ministerio Público se centra en supervisar la evolución de estos centros del ámbito sociosanitario y en la vigilancia de los usuarios internos dentro del marco que constituye la protección de sus derechos como colectivo en situación de vulnerabilidad, al igual que llevan a cabo o  tras fiscalías territoriales.

Las entidades a las que se les han abierto en Segovia estas diligencias civiles preprocesales son las dos residencias dependientes de la Junta (la Asistida y la Mixta de válidos), ambas tras una denuncia de Unión General de Trabajadores (UGT) a nivel regional; y a las privadas de El Jardín, en Trescasas, y el centro del Doctor Barrios, en Ortigosa del Monte. La dirección de la residencia El Jardín de Trescasas no ha hecho declaraciones.

Hasta ahora, el Ministerio Público en su actuación de oficio «sospecha» que en la gestión de la crisis sanitaria se han producido algunos casos de ancianos que «no pudieron ser trasladados al Hospital General por la situación de desbordamiento» que sufría el complejo sanitario, declara la fiscal jefe, Elena Martín, quien añade que todavía «falta documentación» requerida que no se ha recibido por parte de las residencias. Entre la información pedida están los datos sobre contagios, ingresos y medidas aplicadas al respecto, entre otras cuestiones.

La fiscal jefe de Segovia estudia la documentación aportada hasta ahora y aguarda completarla con los informes de los centros privados para poder tomar una decisión acerca de si el Hospital General, en esa situación al límite de su capacidad asistencial, «no pudo aceptar» el traslado de pacientes mayores procedentes de residencias cuando éstas «solicitaron el auxilio de los medios públicos». Cabe recordar que la presión asistencial de la pandemia empujó al centro al borde del colapso hasta el punto de verse obligado a habilitar espacios para ampliar la dotación de camas en la cafetería y el salón de actos.