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La desgraciada tragedia del pequeño Julen, hace ahora un año mantuvo en vilo a todo el país, que sufrió su agonía y la importancia de ... llegar hasta el lugar en el que se precipitó cuando jugaba en Totalán, Málaga. Su llorada muerte destapó también una práctica demasiado frecuente y desconocida, que es la proliferación de pozos construidos sin licencia con el fin de aprovecharse de un recurso tan valioso como es el agua que corre bajo tierra. La Guardia Civil, a través del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) puso en marcha el año pasado la operación bautizada con el nombre de 'Mizu'. Su objetivo era, precisamente «vigilar los aprovechamientos de recursos hídricos par que se realicen conforme a los preceptos legales», explican fuentes del Instituto Armado.
Como resultado de esta consigna de intensificar los controles, durante el pasado ejercicio se efectuaron a lo largo y ancho de la provincia unas doscientas inspecciones relacionadas con aprovechamientos de agua, mayoritariamente subterráneos aunque también superficiales, dado que los acuíferos están interrelacionados y se genera una doble circulación entre ambos», detalla la información facilitada por la Comandancia de Segovia. A partir de este mayor esfuerzo y de unas investigaciones más incisivas y profusas, los agentes la Guardia Civil tramitaron en 2019 un total de 121 denuncias, el doble de las incoadas el curso anterior.
Estas cifras suponen, entre otras cosas, que el Seprona detectara en esas vigilancias sesenta pozos ilegales en la provincia de Segovia, concretan los representantes del Cuerpo. La actividad denunciante del año pasado obedece, pues, al refuerzo impuesto por la operación 'Mizu' en las labores inspectoras y no tanto a demandas o reclamaciones interpuestas por otras personas que avisan de las irregularidades observadas a las autoridades.
De las 121 denuncias gestionadas a lo largo de 2019 por contravenir la normativa vigente dedicada a proteger el dominio público hidráulico, la Guardia Civil de Segovia explica que la mayoría se corresponden a las infracciones de «no tener instalados los contenedores de caudales en las extracciones de agua, así como de superar los volúmenes no autorizados y, por tanto, realizar un consumo abusivo del recurso hídrico». Ambas irregularidades están incluidas en la regulación legal.
Según las estadísticas proporcionadas por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) en base al Registro de Aguas y Catálogo de Aguas Privadas, en enero del año pasado (por el momento no disponen de cifras actualizadas) había un total de 7.239 aprovechamientos de aguas subterráneas en la provincia de Segovia. En la comunidad autónoma la superan únicamente Salamanca, que contabiliza 15.060; Zamora, que cuenta con 13.853; León, con 11.89 registrados, y Valladolid, que presenta 9.589. Soria, con 1.553 explotaciones, y Palencia, con 3.054, representan la otra cara de la moneda.
Lo que hace la Guardia Civil es localizar las perforaciones y sondeos ilegales, pero son tanto la Delegación Territorial de la Junta como la Confederación Hidrográfica del Duero los organismos que al final interponen las pertinentes sanciones relacionadas con las denuncias por pozos ilegales. En el caso del ente estatal de cuenta, la mayoría de multas que imponen son de carácter leve y pueden llegar hasta los 10.000 euros, aunque la media se sitúa en torno a los 3.000 euros.
En cuanto a los sesenta pozos ilegales descubiertos por el Instituto Armado en el conjunto de la provincia, se vinculan a un tipo de infracciones en materia de urbanismo y de ordenación del territorio por la falta de seguridad en estas infraestructuras de sonde y en balsas de riego. De hecho, la mayor concentración de estos delitos se producen en zonas donde es más frecuente el cultivo de regadío. Según argumentan las fuentes de la Guardia Civil, el delito más habitual de cuantos se cometen en este ámbito es el de «distracción de aguas subterráneas mediante su extracción y aprovechamiento para el riego de cultivos agrícolas mediante el uso de varios sondeos no autorizados».
La Benemérita recuerda que los abusos en la utilización de los recursos hídricos están sancionados por la normativa administrativa pertinente que regula su empleo. Además, el Código Penal establece diferentes penas para distintos delitos cuando las conductas denunciadas son más graves. En este sentido, los agentes del Seprona en la provincia investigaron a tres personas el año pasado a las que se les atribuyó la comisión de un delito de distracción de aguas.
En el conjunto de España, a lo largo del despliegue de la operación 'Mizu' en 2019 el Servicio de Protección de la Naturaleza realizó 107 detenciones. Durante la campaña de inspecciones también se localizaron 1.457 instalaciones ilegales de extracción de agua, de las que 1.410 son pozos y 47 balsas. Durante los cinco meses en los que se ha desarrollado la operación se han realizado 1.800 inspecciones.
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