Un sentencia empuja a la Diputación a cambiar la Memoria de Extinción de Incendios

El portavoz del grupo socialista en la Diputación, Máximo San Macario, criticó que la Memoria del Sepeis presentaba «ilegalidades», por lo que formularon alegaciones e interpusieron un recurso de reposición contra el acuerdo del pleno del 29 de septiembre de 2022, que aprobaba el documento en cuestión. Una vez publicada la sentencia, el juez confirma que hay varios errores que no se ajustan al derecho, algunos de ellos de carácter formal. Es decir, relativos a los defectos en la tramitación del expediente para la creación del servicio.

Uno de los desaciertos más destacados es la atribución de labores al voluntariado que no están previstas en la ley, sino que están reservadas para ser llevadas a cabo por bomberos profesionales con el objetivo de evitar poner en riesgo la vida de las personas. Es el caso de la actividad de organización, dirección y control, que debe efectuarse por funcionarios, los cuales en ningún caso serán sustituidos por voluntarios, ya que el servicio prestado por estos últimos se trata de un complemento.

Este mismo error se reproduce en el Plan Sectorial de la Junta, según los socialistas. Por otro lado, «la dirección que quería hacer la Diputación, que era a distancia con tabletas u otros medios remotos, no es legal: no puede dirigirse la extinción de la distancia», añaden.

Tras conocer este auto, la institución provincial aseguró este viernes que redactará una nueva memoria para subsanar «cuestiones formales». Así, se prevé desarrollar «bien» la base de planteamientos técnicos e incorporar los proyectos de suministros y estudios económicos, con el objetivo de justificar que «no hay ningún trasfondo político detrás de la implantación del nuevo servicio», aseguró el diputado de Hacienda y Desarrollo Económico, Óscar Moral.

Asimismo, justificó que los aspectos a los que alude la sentencia son documentos que «no fueron incluidos en un principio, pero que estaban elaborados en tiempo y forma, mucho más avanzados incluso de lo que marca la ley». Con ello, se refiere al anteproyecto de obras o bases técnicas de los parques, el avance de presupuesto de estos trabajos, el proyecto de precios del servicio, los datos económicos sobre la construcción y equipamiento, así como el coste de personal y de explotación.

El PSOE insiste en que el proyecto estaba «viciado desde el minuto uno por contener irregularidades de bulto», lo que ha llevado a la justicia a «dar marcha atrás» la memoria. Los servicios jurídicos de la Diputación, que recibieron la sentencia en la tarde del miércoles, van a solicitar aclaraciones a la misma. Puede ser recurrida en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en un plazo de quince días.

Sin embargo, el equipo de gobierno, «con el fin de seguir con nuestra hoja de ruta», ha delegado ya en una nueva comisión técnica, presidida por Moral y la delegada especial del Sepeis, Elisabet Lázaro. Junto con los técnicos que la componen, se van a encargar de la modificación de la memoria siguiendo las pautas que marca el juez.

«Mientras el PSOE se dedica a judicializar el trabajo de los técnicos, nosotros continuamos gestionando y, por eso, hemos decidido comenzar la redacción» del documento, aseguró el diputado de Hacienda. «No vamos a perder el tiempo en debates absurdos que nos alejen de nuestro objetivo que no es otro que el servicio de bomberos comience a funcionar a finales del año con todas las garantías», concluyó.