El señor 'X' de Caja Segovia

¿Quién fue la persona que lo ideó? ¿Quién lo autorizó? ¿Quién dijo que había que cambiar los planes de prejubilaciones en 2008 y 2010? Pero su insistencia se ha topado con otra no menos perseverante y férrea, la de los encausados que han pasado por el estrado. Ninguno ha identificado a esa persona. A través de evasivas; mediante prolijas (y poco esclarecedoras exposiciones) sobre el procedimiento interno, el funcionamiento y la cadena de decisiones, con un somero «no lo sé», o directamente aduciendo lagunas de memoria para no responder a las acusaciones; pero siempre eludiendo pronunciar un nombre.

Ni el que fuera director general, Manuel Escribano; ni el exsecretario general, Antonio Tapias; ni la exvicepresidenta segunda y miembro de la Comisión de Retribuciones, Elena García Gil, ni el exsubdirector de Medios, Enrique Quintanilla. Ninguno especificó una identidad en sus interrogatorios sobre el ideólogo de las prejubilaciones que ahora son juzgadas y de las modificaciones que se introdujeron justo antes de entrar en el SIP de Caja Madrid que dio lugar a Bankia.

Y por supuesto, tampoco han despejado el interrogante Atilano Soto como expresidente de la Caja, ni Manuel Agudíez, antiguo vicepresidente primero. Uno y otro ejercieron su derecho a no responder a las preguntas de las acusaciones y solo lo hicieron a sus abogados, aunque el resto de representaciones legales implicadas en el proceso (también las de los encausados a título lucrativo) tampoco hicieron por interrogar a estos dos exdirectivos.

Por cierto, el Ministerio Fiscal, con la ausencia en las sesiones del fiscal jefe, Antonio Silva, tampoco ha interrogado a cuantos han pasado por el estrado, ratificando así su posición inicial de que, al no haber indicios de delito, el proceso penal tenía que haber sido archivado.

Tras tres días intensos de declaraciones, la incógnita sobre quién ideó y cambió los planes de prejubilaciones permanece en el aire. Quien más se aproximó a responder con mayor concreción fue el exsubdirector de Medios de Caja Segovia, Enrique Quintanilla, quien señaló a los consultores que contrataba la entidad. Ese hilo del que tiró la acusación particular conduce aldespacho Pradas y Cebrián.

No es la primera vez que sale a relucir el nombre de este bufete, a cuya consultoría Quintanilla achacó las prejubilaciones diseñadas conforme a un plan estratégico 2007-2011 cuyos objetivos no se pudieron cumplir al producirse la fusión de cajas en las que participó la segoviana.

Hace dos años, Izquierda Unida (IU), única parte acusatoria popular que queda en el juicio, ya llamó la atención sobre ciertas similitudes entre el caso de las prejubilaciones millonarias de la Caja y el de Novacaixagalicia.

En enero de 2017, la Audiencia Nacional ordenó el encarcelamiento de cinco antiguos altos cargos de la entidad gallega. Según las acusaciones, el citado despacho de asesores también fue condenado. Por otro lado, cabe recordar que en un auto de febrero de ese mismo año, la Sala Provincial, presidida por Ignacio Pando, fundamentaba sobre una sentencia del Supremo su decisión de no dar carpetazo al asunto y de instar a acelerar las investigaciones del caso segoviano, que han desembocado ahora en el juicio que se está celebrando.

Aquel fallo de la Sala de lo Penal del Supremo exponía que cuatro de los cinco acusados en la trama de Novacaixagalicia realizaron «actos inequívocos de apropiación con fines de lucro personal». Al parecer, lo hicieron en el marco de sus competencias para asignarse pensiones por prejubilación por un valor de más de 13 millones de euros. Los exdirectivos encausados en Galicia llegaron a reintegrar 10 millones, según dictaminó el propio Supremo.

El montante que se repartieron los prejubilados de la causa segoviana supera los 17 millones, aunqueCentrados en Segovia matiza esa cuantía. Su portavoz, Cosme Aranguren, detalla que el dinero total que cobraron los exdirectivos de la Caja fue de 33,7 millones de euros al sumar a las prejubilaciones los compromisos 'postempleo', que es un concepto similar a los planes de jubilaciones. En un comunicado, el también concejal de la formación política en el Ayuntamiento de la capital lamentó que el tema de las cuantías percibidas se «haya ido diluyendo» en la instrucción judicial, dejando la cifra en 17,2 millones.

El juicio se retoma este martes 12 de febrero en la Audiencia Provincial con más declaraciones de testigos, antiguos miembros del consejo de administración.