El 46% de las segovianas que abortan usan algún método anticonceptivo

La lista de centros que la realizan esta práctica en la comunidad autónoma se reduce a seis. Esa relación de entidades acreditadas la componen cuatro hospitales públicos, el Santiago Apóstol de Miranda de Ebro, el Santos Reyes de Aranda y los Universitarios de Burgos y Salamanca, además de tres clínicas concertadas con las que la Administración regional tiene conciertos para derivar a las mujeres que quieren abortar. Una está en León, otra en Valladolid y otra en la capital charra.

Así pues, en la comunidad no solo las segovianas han de irse a otra provincia o región si optan por poner fin a su embarazo, siempre dentro de los supuestos legales que están contemplados dentro del marco legislativo que regula el derecho de las mujeres al aborto. Palentinas, sorianas, zamoranas y abulenses tampoco pueden someterse a este procedimiento en sus lugares de residencia.

A pesar de este impedimento y del exilio al que se ven obligadas por el ejercicio de su derecho a la objeción de conciencia que ampara a los profesionales médicos del sistema sanitario público que declinan practicar abortos, la cifra de abortos registrados por la Ministerio de Sanidad de mujeres de Segovia apenas ha variado en los últimos tres años. En 2023, últimos datos definitivos de los que dispone la Administración General del Estado, se realizaron 209 interrupciones, que son siete menos que en el curso anterior y siete más que en 2021.

Estos números ponen de relieve una cierta estabilización, después de decenios de subidas y bajadas más acusadas y frecuentes que dibujan un diente de sierra en la gráfica que traza la evolución en las cifras de abortos practicados a mujeres segovianas que decidieron no seguir adelante con la maternidad. Las oscilaciones han sido constantes desde el inicio del presente siglo XXI. Si 2011 fue el año en el que se contabilizaron más procedimientos de este tipo, con 285, tan solo un lustro después la caída experimentada por estas operaciones igualó en mínimo anual de interrupciones de embarazos, junto a 2004. En concreto, ambos acabaron con 142 abortos contabilizados.

De todos ellos, ninguno está registrado y comunicado por la sanidad pública regional al ministerio. Todos se llevaron a cabo fuera de la provincia, mayoritariamente en la Comunidad de Madrid, donde se derivan más estas intervenciones.

Las estadísticas estatales definitivas del año pasado mantienen que la mayoría de las interrupciones voluntarias del embarazo se producen entre los 20 y los 29 años. El 45% se enmarcan en esta franja. Les siguen las treintañeras, con casi el 37%. Lo que se observa en 2023 es un aumento de las segovianas que han cumplido los cuarenta que deciden no ser madres, ya sean primerizas o con hijos. De nueve que constan en el Ministerio en 2022 se ha pasado a los veintiuno contabilizados doce meses después.

En cuanto a las estaciones interrumpidas por jóvenes y adolescentes que se quedaron encinta, los datos indican que el año pasado hubo dieciséis casos de abortos de menores de 20 años, uno de ellos de una chica que no había cumplido los quince.

Si se echa la vista atrás, a lo largo del último decenio las cifras de Sanidad muestran la evolución que han tenido algunos rasgos que caracterizan el perfil de las mujeres que se someten a este tipo de procedimientos. En la provincia, hace diez años, eran mayoría las segovianas que se habían quedado embarazadas a pesar de haber empleado algún método anticonceptivo. El 54% tomaba precauciones para no quedar encinta.

Esos niveles de prevención han ido bajando con el paso del tiempo y, según los expertos, por el mal uso de los contraceptivos, como se extrae de las estadísticas ministeriales. El año pasado, de las 209 interrupciones voluntarias que se intervinieron, en 96 casos se habían adoptado medidas previas para evitar el embarazo, lo que supone prácticamente el 46% de los procesos registrados. Por el contrario, salvo un procedimiento en el que no consta esta información, en el resto de abortos no hubo protección previa a la hora de mantener relaciones sexuales.

Los denominados métodos barrera son los más comunes para impedir la entrada de espermatozoides en el útero de la mujer. En concreto, más del 56% de las segovianas que tomaba precauciones pero que se quedaron embarazadas y abortaron empleaba estas prevenciones cuando practicó el coito. En este grupo están el preservativo o condón, el diafragma, el capuchón cervical o la esponja anticonceptiva.

Menos usuales son las medidas hormonales, que estuvieron presentes en cuatro de cada diez embarazos interrumpidos. La píldora del día después es el más frecuente dentro de este tipo de métodos, junto al anillo vaginal o el implante.

En lo que respecta a cómo se informaron y a qué medios acudieron antes de ejercer su derecho a poner fin a su embarazo dentro de los requisitos legales, la sanidad pública se alza como la principal fuente de asistencia para estas mujeres, aunque después no ofrezca la intervención. El sector privado va perdiendo peso en estas decisiones, al igual que los familiares y amigos con los que consultan un paso de tal trascendencia.

Internet se afianza como el segundo recurso en el que las segovianas que luego interrumpen su embarazo de forma voluntaria encuentran la información que necesitan. De los 209 procesos de los de da cuenta el Ministerio de Sanidad en el año 2023, en 59 las mujeres navegaron por la red de redes para documentarse. Por su parte, en 138 casos hubo la atención previa de profesionales de Sacyl.

En cuanto al motivo que lleva a interrumpir las gestación, el abrumadora la mayoría de solicitantes que piden la intervención por decisión propia y voluntaria (192 de 209). En seis casos existía un riesgo grave para la vida o la salud de la embarazada, mientras que once procedimientos se realizaron amparados por el supuesto legal que atiende al peligro de que el feto sufra alguna anomalía de gravedad.