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Los casos de enfermedades profesionales declarados y notificados de forma oficial para hacerlos constar en el estudio sobre siniestralidad laboral que elabora periódicamente la Junta ... de Castilla y León son menos de los que hay. Los sindicatos mayoritarios tienen claro que existe un registro que no refleja la realidad. Es una batalla que libran desde hace años los representantes de los trabajadores para que la Administración regional actualice el sistema y adopte un modelo de notificación mucho más operativo. La lista de partes de baja que contabiliza el Gobierno autonómico asociados a una patología producida por un desempeño laboral específico se queda muy corta con respecto a lo que debería de ser.
Así se puso en evidencia, por ejemplo, durante las oleadas de la pandemia de la covid-19 y el padecimiento que supuso para el personal sanitario enfrentarse a ella al pie del cañón, en primera línea de los centros de salud, de los complejos hospitalarios y de las residencias de ancianos.
La parquedad de la que se quejan las organizaciones sindicales se observa en los datos anuales de siniestralidad laboral, que en el apartado de las enfermedades profesionales siempre arrojan unas cifras inferiores a las que se dan en el mercado de trabajo. En 2024, la Junta de Castilla y León da cuenta de 66 casos en la provincia de Segovia. Este volumen es el más alto de los últimos diecisiete años y representa un incremento de casi el 18% con respecto a 2023. En 2007, ese registro contabilizó 73 expedientes. Al echar la vista un poco más atrás en el tiempo, hace dos decenios los partes superaban el centenar al cabo del ejercicio.
De estos números, también se extrae que menos de la mitad de las enfermedades profesionales declaradas el pasado año en la provincia de Segovia conllevaron la baja laboral del paciente. En concreto, 27 trabajadores de distintos ámbitos se vieron obligados a ausentarse de su puesto debido al diagnóstico de alguna de las patologías catalogadas. Precisamente, el inventario de las enfermedades es otro de los caballos de batalla que mantienen los sindicatos, que insisten en reivindicar una revisión de las contingencias que han de estar incluidas.
Unión General de Trabajadores (UGT) reclama la incorporación en el cuadro español de «patologías relacionadas con los riesgos psicosociales». Asimismo, esta central, en el ámbito nacional, demanda la inclusión de la perspectiva de género en el listado de enfermedades profesionales para que consten dentro de esta relación oficial actividades feminizadas, así como otras atribuciones con alta presencia de mujeres.
Por su parte, en Comisiones Obreras (CC OO) critican «el enorme subregistro de las enfermedades producidas por el trabajo». Para sus representantes, esta circunstancia es «una de las principales deficiencias del sistema preventivo español».
La provincia de Segovia sortea «el frenazo en seco» que padece la notificación de enfermedades profesionales en el conjunto de Castilla y León. Esta central ha expresado su malestar con el estancamiento que muestran las cifras y «exige evaluaciones de riesgos rigurosas, vigilancia de la salud colectiva y cambios en el sistema público de salud que permitan detectar si la patología con la que se acude a la Atención Primaria está ocasionada como consecuencia del trabajo».
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El sindicato subrayó que el año pasado se comunicaron 1.096 partes, lo que supone un incremento del 0,5%. Es decir, seis partes de enfermedades profesionales más que en 2023. Un incremento que Comisiones Obreras considera que se encuentra «muy por debajo» de los recogidos en los ejercicios inmediatamente posteriores a la pandemia.
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