Segovia reclama un cuarto magistrado para la Audiencia y un segundo Juzgado de lo Social

Como ha sucedido en todos los ámbitos de la vida, la pandemia ha hecho que se hayan visto situaciones que nunca antes se habían experimentado en el ámbito de la Administración de Justicia. A consecuencia del confinamiento derivado del primer estado de alarma, se produjo una suspensión generalizada de actuaciones judiciales y los retrasos que eso supuso en distintos juzgados para actualizar su agenda recuperando las actuaciones suspendidas. Surgieron nuevas realidades, como la necesidad sanitaria de limitar los contactos, que dio lugar a un estricto sistema de acceso a las dependencias judiciales previa cita, así como al desarrollo de nuevas formas de celebración de las actuaciones, con la adaptación de las salas de vistas, la limitación del aforo de las audiencias públicas, y sobre todo la introducción de los juicios virtuales.

Con todo queda mucho todavía por hacer y serán necesarias muchas horas de dedicación para alcanzar los niveles adecuados de funcionamiento de la Administración de Justicia, como serán necesarios mayores medios humanos y materiales para conseguirlo.

En esa memoria, Ignacio Pando, presidente de la Audiencia Provincial de Segovia, hace hincapié en las principaples necesidades que tiene Segovia. «A nivel de medios materiales, el nuevo Palacio de Justicia para acabar con la dispersión, y en medios de personal, a efectos de jueces y plantilla judicial, la creación de la cuarta plaza de magistrado en la Audiencia Provincial, y un segundo Juzgado de lo Social también hace falta».

El Juzgado actual mantiene una carga que supera el módulo de entrada que, de mantenerse en el tiempo, impedirá a dicho órgano desarrollar su función de forma adecuada. En este momento cuenta con una juez de adscripción territorial (JAT) de refuerzo, con un plan de actuación de celebrar 10 juicios semanales, concentrados en un día.

La inclusión de esa cuarta plaza entre las necesidades obedece al incremento en el número de registro. De acuerdo con los recientes módulos aprobados, las secciones mixtas tienen una carga máxima de entrada de 260 asuntos por magistrado. Siendo la plantilla orgánica de tres, significa que en los últimos siete años se ha superado esa cifra, y en los cinco anteriores a 2020 se había superado en más de un 30%. Así, en el año 2014 se registraron 276 asuntos por magistrado, 345 en 2015, 416 en 2016, 352 en 2017, 432 en 2018, 416 en 2019 y 312 en 2020. Esa cuarta plaza cubriría la necesidad de contar con una plantilla que permita a la Audiencia resolver los problemas derivados de sustituciones, ausencias o abstenciones.

Otra de las necesidades hace referencia «al reforzamiento del equipo psicosocial o la creación de un equipo psicosocial nuevo para que se pueda hacer cargo de asuntos de familia», añadió Ignacio Pando. «Especialmente relevante se hace esta necesidad hoy día en materia de derecho de familia, sobre todo cuando hay que decidir sobre la custodia compartida, en que es necesario constatar la aptitud de ambos progenitores para cuidar de sus hijos y qué es lo más beneficioso para los menores». Tanto por asociaciones ciudadanas de afectados como por colectivos profesionales se ha puesto de relieve esta necesidad.

Otro de los puntos relevantes, «es la seguridad en las sedes judiciales, que haya vigilancia, no solo en el palacio de justicia o en el juzgado de lo penal cuando haya juicios, sino también en los órganos judiciales, sobre todo en los que están aislados», manifestó. Derivado de la dispersión de sedes judiciales y de las limitaciones presupuestarias, la falta de medidas de seguridad en las sedes judiciales es evidente y así lo ha constatado en el informe de esta memoria. La única sede que cuenta con medidas de seguridad es el Palacio de Justicia, que cuenta con arco detector y ruta de entrada específica para el público, contando con un agente de la Guardia Civil, y dos agentes de seguridad privada en la parte central del horario de mañana y uno solo de 8:00 a 15:00, así como otro por las tardes cuando alguno de los juzgados que tiene sus oficinas en este edificio está de guardia.

En la sede que ocupan los Juzgados de lo Penal existe un vigilante de seguridad privada. El resto de las sedes judiciales (Juzgado número 5, Juzgado de Menores, y Juzgados Social y Contencioso) carecen de cualquier medida de seguridad, como sucede en los juzgados de los otros tres partidos judiciales. Como solución se instalaron cámaras de seguridad en los juzgados de Sepúlveda, de Cuéllar y de Santa María de Nieva como medida disuasoria.

La insuficiencia de esta medida se vio reflejada el día 1 de diciembre, cuando la jueza de Santa María la Real de Nieva, María Sonsoles Sanchidrián Velayos, fue atacada a la salida del juzgado. Desde entonces y pese a las peticiones de dotar de vigilante de seguridad a estos órganos judiciales, se ha instalado un videoportero automático, solución que «no evitará incidentes como los sucedidos en Santa María de Nieva, ni impedirá que los que ingresen en el inmueble lo puedan hacer con armas u objetos peligrosos», sin que ningún personal de seguridad se lo impida, por lo que se considera un parche insuficiente para garantizar esa seguridad reiteradamente reclamada, que debe ser solucionada de forma urgente. «La jueza de Santa María todavía no se ha incorporado, está aún en el proceso de tratamiento y recuperación psicológica y sigue de baja. Y tampoco nadie presiona;lo esencial es que ella se recupere y luego ya se verá», añadió Pando.

La memoria también recoge que hay que mejorar las múltiples disfunciones en la aplicación del expediente digital a la jurisdicción social, así como el establecimiento de un sistema de transcripción automática en los Juzgados de Instrucción para las declaraciones prestadas en fase de instrucción, oportunamente grabadas. junto al acondicionamiento para el acceso de las personas con discapacidad en los Juzgados de Santa María Real de Nieva, Cuellar y Sepúlveda, siendo más problemático dicho acceso en este último caso dado la estructura y ubicación del edificio. «Las cosas de palacio van despacio y en el ministerio cualquier gasto lleva mucha tramitación y burocracia, y es lento. Prefiero pensar que las peticiones se las toman en serio».