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claudia carrascal
Segovia
Domingo, 27 de febrero 2022, 11:15
Los resultados prácticos de la reforma laboral aprobada por el Congreso de los Diputados empiezan a ser visibles en la provincia. No obstante, según los sindicatos, todavía es pronto para saber la cifra de segovianos que podrían verse beneficiados por esta reforma, ya que se ... trata de un cálculo complejo.
Lo que si que es evidente es que los porcentajes de los dos tipos de contratos mayoritarios deberían experimentar un cambio significativo. En Castilla y León esta nueva reforma laboral llega con un 30% de los asalariados con contratos temporales, es decir, cerca de 200.000 personas. En la provincia, se realizaron en 2021 un total de 72.570 contratos, de ellos, tan solo 6.613 fueron indefinidos, lo que supone un 9,11%, mientras que el 90,89% restante fueron temporales, una cifra cercana a los 66.000. Además, si se compara con la media nacional los contratos temporales en la provincia suponen un 1% más.
Sin embargo, se puede considerar un dato relativamente positivo al compararlo con el de 2019, cuando el 92,38% de los 84.120 contratos que se realizaron fueron temporales y tan solo un 7,62%, es decir, 6.410 indefinidos. El secretario de CC OO en Segovia, Alejandro Blázquez, comenta que a esta temporalidad hay que sumar la excesiva rotación existente, sobre todo en comercio y hostelería. Al concentrar un porcentaje tan alto de la temporalidad, los trabajadores de estos sectores serán unos de los más beneficiados por esta reforma laboral. Sin embargo, Blázquez ve «incomprensible» que en una potencia turística como Segovia los empleados de este sector tengan «las peores condiciones laborales de toda Castilla y León».
Por su parte, Juan Jesús Iglesias, colaborador de la Secretaría General de UGT Segovia, expone que los contratos indefinidos están aumentando ya entre un 10 y 15% por la penalización de 26 euros que impone la Seguridad Social a los que no llegan a los 30 días. «Nos deja un poso de insatisfacción porque siguen siendo contratos de poco tiempo y no suelen ser a jornada completa», aclara.
Antes de esta reforma ya existía una pequeña penalización a la temporalidad y muchos empresarios habían optado por los contratos fijos discontinuos. Una tendencia que irá a más porque el pasado diciembre se introdujo esta sanción que resulta más gravosa porque «si haces cuatro contratos al mes son más de 100 euros y a los empresarios no les compensa». «Así que buscarán la manera de evitarlo, dando algo más de estabilidad a los trabajadores», según Iglesias.
Por grupo de edad, los jóvenes menores de 25 años serán uno de los colectivos más beneficiados por estas modificaciones en la contratación. Según un estudio de la empresa de Recursos Humanos Randstad, Segovia es la provincia de Castilla y León donde más crecieron los contratos a jóvenes en 2021, con un 39,35% hasta alcanzar los 19.195.
Otro de los efectos inmediatos de la reforma es la eliminación de la subcontratación de servicios a costes inferiores a los marcados por el convenio del sector. El problema es que desde la reforma laboral de 2012 se externalizaban muchos servicios esenciales para la empresa con el fin de abaratar costes. Además, estas subcontratas al ser empresas multiservicio no tenían un convenio aplicable, motivo por el que pagaban a sus empleados muy por debajo de los salarios marcados para dichos profesionales.
Juan Jesús Iglesias denuncia que la operativa que utilizaban estas empresas era «casi fraude de ley» porque «primero creaban la empresa, firmaban el convenio y luego contrataban a los trabajadores con esas condiciones. De modo, que si no pasaban por el aro no les cogían», especifica. Un problema que afecta de forma especial a colectivos como el de las camareras de pisos, que la reforma laboral trata de atajar dando prevalencia al convenio sectorial sobre el empresarial. Según explica Juan Jesús Iglesias, esta medida ya se está notando en las nóminas de los trabajadores que se encontraban en esta situación porque «ahora cobran 400 o 500 euros más». Por otra parte, cree que la reforma va a ser «muy positiva» para la renovación de los convenios colectivos, que se prorrogan de forma automática e indefinida hasta que se actualicen de forma consensuada.
El secretario general de CCOO en Segovia, Alejandro Blázquez, teme que la patronal no respete los cambios que establece esta reforma laboral. «Es muy fácil acordar en Madrid, pero muchas veces se resisten a aplicarlo y nos toca emprender acciones legales para que se cumpla lo pactado». En estos momentos, sindicatos y patronal están negociando en Segovia los convenios de hostelería y limpieza y las escasas mejoras que están dispuestos a aceptar los empresarios le hacen pensar que no va a ser fácil que pongan en práctica la reforma laboral. «Todavía hay mucha incertidumbre y hay que ver cómo responden en Segovia».
El consenso logrado entre patronal y sindicatos es uno de los aspectos por los que la Federación Empresarial Segoviana augura el éxito a esta reforma laboral, según el presidente de la Fes, Andrés Ortega. Desde su punto de vista, es un hecho histórico que ha servido para cumplir con las pretensiones de Bruselas y para «garantizar la paz social». Asimismo, avanza que las empresas segovianas se adaptarán a los cambios que marca esta normativa y acatarán las medidas porque «los empresarios respetamos las leyes». En caso de querer cambiar alguno de los mandatos de esta norma, apunta que «se hará por los cauces ordinarios y en siempre en el marco del diálogo social».
No obstante, admite que esta no es la reforma que hubieran redactado las organizaciones empresariales, porque «ha dejado por el camino algunas reivindicaciones relacionadas con la gestión del tiempo de trabajo o con las relaciones laborales». Aunque reconoce que se han producido concesiones por ambas partes y que son muchos los aspectos positivos. Por último, sostiene que ahora es fundamental apoyar la actividad económica para consolidar la recuperación y potenciar la creación de empleo.
En su opinión, los últimos meses se ha establecido un marco muy completo de las relaciones laborales. A pesar de las críticas por no recuperar la indemnización por despido de 45 días por año trabajado, Blázquez defiende que era la única forma de llevar la negociación a buen puerto. «Nos hubiera gustado que fueran 60 días de indemnización por año trabajado, pero es una puerta que nos cerraron desde el principio», afirma.
Lo importante, tal y como subraya, es que se han logrado acuerdos importantes para la estabilidad del empleo como es el caso de los ERTES. «Sin estas ayudas muchas empresas hubieran desaparecido durante la pandemia tal y como ocurrió en la crisis anterior». Además, cree que los objetivos principales tienen que ir encaminados a reducir al máximo los contratos eventuales o de obra y servicio y a evitar los despidos. Esta es precisamente otra de las mejoras que introduce la reforma al tratar de limitar las causas de despido y obligar a que exista un motivo. Eso sí, considera que hay que seguir trabajando para garantizar que la formación continua llegue a todos los centros de trabajo porque hay 20 horas anuales de formación que, en muchos casos, no se están utilizando.
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