Segovia padece una baja por accidente laboral cada cuatro horas

Las centrales sindicales mayoritarias han vuelto a manifestarse este viernes a las puertas de las oficinas de la Federación Empresarial Segoviana (Fes) con motivo del Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que se conmemora cada 28 de abril. Al caer este año en domingo, las organizaciones se han adelantado para llamar la atención, una vez más, sobre la elevada siniestralidad laboral latente y para alertar a pie de calle de los riesgos y de las enfermedades vinculadas a determinados desempeños laborales que amenazan la salud de los trabajadores. «Esta lacra constituye un grave problema social que lleva aparejados enormes costes humanos y económicos», advierten las uniones provinciales de Comisiones Obreras (CC OO) y Unión General de Trabajadores.

La lógica impera al identificar los segmentos de actividad económica que más percances contabilizan. Cuanta más mano de obra aglutinen, más siniestralidad. Según se extrae de los datos de la Administración regional, en los meses de enero y febrero, el sector servicios ha sido el más accidentado, siendo además el que concita la mayor cantidad de personas ocupadas en la provincia.

De los 375 incidentes con baja contabilizados en dicho periodo de tiempo, 166 se produjeron en alguna de las actividades amparadas bajo el paraguas de este sector productivo. Dentro de este apartado del mercado laboral, los nichos de la Administración pública y Defensa y de comidas y bebidas son los dos con más incidencias laborales registradas en los dos primeros meses del año. con 18 y 17 casos, respectivamente.

Por encima de ellos, en la rama agraria hay que lamentar 52 accidentes fruto de las tareas agrícolas, ganaderas o de la práctica cinegética. En el endeble tejido industrial que posee la economía segoviana, de los 78 siniestros con baja acontecidos en enero y febrero, 27 se localizaron en empresas del sector de la alimentación y una decena en la fabricación de productos no metálicos.

Durante esos dos primeros meses de este año, en la construcción la accidentalidad se concreta en un total de 38 bajas laborales, veintidós de las cuales son consecuencia de accidentes ocurridos en las tareas de edificación.

Los sindicatos lamentan especialmente las pérdidas humanas. Además de las reivinidcaciones, la conmemoración del día internacional también tiene el carácter emotivo de homenaje a los fallecidos. Entre enero y febrero, la siniestralidad en el trabajo ya se ha cobrado una vida en la provincia. Fue a causa de un accidente 'in itinere', es decir, sobrevenido en el trayecto de ida o de regreso del puesto que se ocupa. El año pasado echó el cierre con dos muertes, la mitad que en 2022.

En los dos meses inaugurales de este 2024, las estadísticas regionales sobre prevención de riesgos dan cuenta de 37 incidentes ocurridos en los desplazamientos que han acarreado la baja de la persona que los sufrió, pero además las estadísticas de la Junta de Castilla y León añaden otros 330 más que fueron leves y que no supusieron la incapacidad temporal del trabajador.

El secretario general de la Unión Provincial de Comisiones Obreras de Segovia, Álex Blázquez, achaca la alta siniestralidad a la «precariedad» que sigue reinando en el mercado laboral de la provincia. El dirigente sindical se ha detenido en su análisis en la creciente amenaza para la salud de los trabajadores que representan los cada vez más frecuentes «riesgos psicosociales» que acechan en determinados desempeños.

Vincula esta amenaza a contrataciones infames que «obligan incluso a tener que realizar tres trabajos» para poder vivir con dignidad. Para muestra, los botones de cuidadoras, trabajadoras de la limpieza y que también desarrollan labores de asistencia sociosanitaria en residencias.

El responsable en Segovia de Comisiones Obreras hace hincapié en el llamamiento a las administraciones a que doten de los recursos necesarios a la prevención de riesgos. Por su parte, el portavoz de UGT suma a la reclamación la advertencia por la proliferación de afecciones de salud en el ámbito laboral como consecuencia de los efectos cada vez más notorios del cambio climático.

Santiago Martínez insta a que «las nuevas enfermedades profesionales deben ser incluidas en el registro oficial» como una de las medidas que han de adoptar las autoridades competentes. El año pasado acabó con la 57 casos de patologías reconocidos por la Junta, siete menos que en 2022 y de las que diecisiete llevaron al paciente a tener que acogerse a una baja. Los sindicatos aseguran que hay un infradiagnóstico y que hay muchas más que no están acreditadas.

El representante de Servicios Públicos de Unión General de Trabajadores en la provincia remite también a la repercusión en la salud mental de quienes están más expuestos a padecer las consecuencias climáticas en forma de un estrés traumático por las olas de calor cada vez más fuertes y asfixiantes o por los incendios de sexta generación y otras catástrofes medioambientales que incrementan los citados «riesgos psicosociales».