Segovia descarta reducir la iluminación monumental ante el aumento del coste

Luquero argumentó que van a esperar a ver «cómo evoluciona esto y si se pronuncia el Gobierno, lo que no excluye que en un momento dado tomemos decisiones en ese sentido». Además sostuvo que las administraciones locales tienen que estudiar cómo van a asumir el sobrecoste de los servicios públicos sobre los que tiene competencia y que tienen que prestar como son el alumbrado público y el transporte urbano. «Nos vienen tiempos complicados», resumió la alcaldesa, sin perder de vista «lo terrible de la invasión de Ucrania y el sufrimiento de todas las personas».

Lo más importante, sostuvo la alcaldesa de Segovia, es «por supuesto, la crisis humanitaria» pero la invasión rusa a Ucrania deja unas consecuencias económicas a nivel global, que llega cuando «salimos de una crisis sin parangón, la crisis sanitaria de la pandemia». Este conflicto «ahora nos coloca en una situación complicada que no sabemos cuáles van a ser sus consecuencias», según Luquero, que volvió a insistir en su preocupación.

La alcaldesa de Segovia también señaló que no hay novedades respecto a la llegada de refugiados ucranianos, tras la reunión telemática de ayer entre con la FEMP, con el secretario de Estado de Migraciones, para «poner en común la mejor disposición en cooperar entre el Gobierno y las administraciones locales».

Clara Luquero volvió a poner en valor el apoyo de las organizaciones del Tercer Sector, con experiencia en la gestión y atención a los refugiados. A Segovia, le corresponde ACCEM, según remarcó la alcaldesa, pero desde Servicios Sociales, también se está en contacto con Cruz Roja. En resumen, «estamos totalmente a la espera». Los ucranianos que han llegado a Segovia, hasta ahora, lo han hecho por contactos familiares y de amistad.

«No sabemos cuántos van a venir, lo que sí sabemos es que vienen con todos los derechos», resumió Luquero, al haberse aplicado la directiva prevista, desde hace dos décadas por la Unión Europeo, para los refugiados con una protección extensiva a tres años.