Segovia cuenta con la menor ratio de camas hospitalarias de Castilla y León

La falta de camas hospitalarias, la obsolescencia del material (en camino de resolverse, como anunció el gerente asistencial recientemente), las listas de espera y el deficiente sistema de sustituciones de personal son algunos de los problemas que más preocupan a los profesionales sanitarios de Segovia. Por eso, el pasado mes de marzo se constituyó la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Segovia, que pretende dar visibilidad a la situación y luchar por una sanidad pública que, en su opinión, «está en riesgo».

Estos y otros problemas salieron a la calle el pasado 20 de enero en la multitudinaria manifestación regional celebrada en Valladolid bajo el lema ‘¡Nos duele la Sanidad!’ En ella los profesionales de toda la comunidad exigieron el fin de los recortes, la recuperación del empleo perdido, la reducción de las listas de espera quirúrgicas y diagnósticas o la restitución del derecho a recibir asistencia sanitaria a todas las personas que residan en el territorio.

En Segovia, esta mesa nació a partir de la Marea Blanca que se constituyó en 2012, y cuenta con el apoyo de diferentes colectivos, asociaciones, partidos políticos y sindicatos en defensa de la sanidad pública. Todas las provincias, excepto Soria, además de muchas comarcas como Benavente, Ponferrada, Astorga, Aguilar de Campoo o Las Merindades también cuentan con esta agrupación y aunque comparten objetivos comunes, cada una trata de analizar las principales dificultades y de conseguir recursos para su zona.

La situación de la Sanidad es uno de los seis problemas que más preocupan a los españoles en los últimos meses, según el barómetro del CIS. Castilla y León se encuentra por encima de la media nacional en cuanto a la calidad de este servicio y los últimos dos años se ha situado entre los cinco primeros puestos del ‘ranking’ con una nota de 6,8. Sin embargo, la valoración de la asistencia pública ha sido de ‘regular’, según el informe anual de la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública (FADSP).

La escasez de camas hospitalarias es uno de los principales problemas que lastran la sanidad en Segovia. Según explica uno de los coordinadores de la mesa y médico de Atención Primaria, Enrique Arrieta, hay una ratio de 2,32 camas por cada mil habitantes, lo que supone 1,6 camas por debajo de la media de la región.

En este sentido, Arrieta lamenta que a pesar de la falta de camas el viejo Policlínico, situado en la calle San Agustín, permanezca cerrado desde 2008. La mesa, en la que también se integra la Plataforma en Defensa del Hospital Policlínico, promueve dotar de un uso sanitario a este edificio, pero va más allá, ya que considera que sería el mejor emplazamiento para crear un hospital de medias estancias en esta sede.

«Segovia es la única provincia en la que a pesar de haber menos camas de las necesarias no existe un hospital de media estancia dependiente del general. Esto ocurre en ciudades como Ávila o Palencia y permite a pacientes que han sufrido un ictus o una rotura de cadera recuperarse con garantías», apunta. Para este fin, la ciudad recurre a una serie de camas concertadas que dependen de Servicios Sociales y que, a su juicio, suponen una medida insuficiente y poco eficaz para tratar a los pacientes. Además, supone una apuesta por el fomento de la sanidad privada y no por el refuerzo y la mejora de la calidad del sistema público, lamenta.

La reducción de las listas de espera es otro de los asuntos prioritarios para la Mesa. Además, centrarán el foco de atención en especialidades donde el problema se agrava como en Traumatología, donde el número de pacientes en espera superaba los 470 en septiembre de 2017, con un tiempo promedio de 90 días para su atención.

Con el objetivo de reducir las demoras, tanto quirúrgicas como en especialidades, y de mejorar la efectividad y eficiencia del Sistema de Salud, la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León puso en marcha en 2015 el Plan Estratégico de Eficiencia y de Control y Reducción de Listas de Espera (Perycles), que cuenta con un periodo de vigencia de cuatro años.

Arrieta reconoce que esta medida podría suponer un avance si se considerara como un mecanismo para reforzar la sanidad pública y no como un impulso al sistema de concertaciones y un apoyo a la sanidad privada. «La Junta emplea esta herramienta para derivar tanto la realización de pruebas diagnósticas como las intervenciones quirúrgicas a clínicas concertadas con el fin de cumplir con las expectativas».

Esto se refleja en el incremento de seguros sanitarios particulares en la población en un 9,3% durante los años de crisis. Sin embargo, en el mismo periodo, entre 2009 y 2014 el gasto público en sanidad retrocedió 12,8 millones de euros. Además, el porcentaje del PIB sigue siendo el mismo lo que, tal y como indica Arrieta, supone que el gasto público baja, pero los españoles siguen dedicando el mismo porcentaje a la salud. En su opinión, la apuesta por los conciertos con la sanidad privada no es más que una forma de transferir recursos públicos y de reducir la calidad de la atención a los pacientes. Además, pone en riesgo un sistema que es «de los mejores y más baratos del mundo». Por eso, a su juicio, los esfuerzos de la Junta de Castilla y León y del Ministerio de Sanidad deberían de centrarse en mimarlo y conservarlo.

Por otra parte, el centro de salud Segovia IV y la Atención Primaria constituyen la tercera pata en la que los profesionales centran sus esfuerzos. Por el momento, la Consejería ha consignado un presupuesto de 200.000 euros para elaborar el proyecto de construcción del edificio. Desde la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública consideran que los pasos son demasiado lentos y que no se está informado adecuadamente ni a la población ni a los profesionales sobre la reorganización prevista con esta nueva infraestructura.

Este centro de salud atenderá a la población del barrio de Nueva Segovia, pero también a la población del medio rural y de los barrios incorporados de Zamarramala, Hontoria, Torredondo, Perogordo y Madrona, una población que ha crecido notablemente, por lo que, según Arrieta, el nuevo centro podría no solucionar los problemas. Además, considera que la Junta de Castilla y León está actuando «a la rémora de las reivindicaciones vecinales, de forma poco ágil, lenta y sin dar respuesta a una población cambiante».