El Procurador del Común apremia a la Junta para salvar del abandono el Convento de la Hoz

Las ruinas del Convento de la Hoz fueron declaradas Bien de Interés Cultural (BIC) en 2012 y están enclavadas en el Parque Natural de las Hoces del Río Duratón. Aparecen en la 'Lista Roja' del Patrimonio realizada por Hispania Nostra, por lo que «requieren una intervención inmediata para evitar pérdidas que podrían resultar irreparables», advierte la resolución del Procurador del Común recientemente publicada.

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Este dictamen responde a la solicitud realizada a finales de octubre por un reclamante que pedía reabrir el expediente archivado en noviembre de 2021, el cual fue aceptado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. En concreto, se instó a la propiedad a la ejecución de obras para conservar las ruinas.

Ha pasado poco más de un año de este último anuncio y, tras varias reuniones, las obras urgentes dirigidas a evitar el derrumbe en el arco de la entrada suroeste y la habitación de la reina se acometieron este verano. «De la fase de emergencia se ha hecho todo, pero el arquitecto ha visto que es necesario ampliarlas y es la Junta quien tiene que autorizarlas», señaló el presidente de la Asociación de Amigos del Convento, Juan Carlos Martín.

Ante ello, el Procurador del Común considera que las actuaciones llevadas a cabo hasta el momento «no han servido para que estén cumplidos los deberes de conservación por parte de la propiedad», por lo que vuelve a dirigirse a la Consejería competente para la apertura de diligencias. Esta «no puede sustraerse a la labor de garantizar el cumplimiento de dichas obligaciones», incide.

Así, recuerda que hay varias posibilidades: la ordenación de la ejecución subsidiaria, la realización de modo directo de las obras por la Administración o la expropiación forzosa del bien si la propiedad si no realiza las actuaciones necesarias en «un plazo razonable», matiza. En suma a ello, el Procurador añade una nueva petición en su resolución. Precisamente, hace referencia a la adecuación de las ruinas dirigida a una mayor accesibilidad para hacer factible «su visita con total seguridad». La Consejería tiene dos meses de plazo para dar respuesta a la resolución.