Segovia consulta a la Junta si el ADN canino que quiere implantar es legal

Fue la entonces candidata del Partido Socialista Obrero Español y alcaldesa de la capital segoviana, Clara Luquero, quien se comprometió a desarrollar esta iniciativa. Han pasado casi dos mandatos y el ADN canino continúa si aplicarse y sin contar con una regulación específica en el marco normativo municipal. El actual concejal de Medio Ambiente y Juventud, Ángel Galindo, heredó al comienzo de este cuatrienio de gobierno esta asignatura pendiente.

El también portavoz de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de la capital adelanta que «está todo pensado». La forma de llevar a cabo la propuesta, de cómo se pretenden tomar las muestras genéticas a los perros, está ideada y prevista, hace hincapié el edil. Sin embargo, el Ayuntamiento no está dispuesto a asumir riesgos y a exponerse a que le caiga una losa de recursos frente a las multas que pudieran imponerse por incumplir la Ordenanza de Tenencia y Protección de Animales Domésticos y de Compañía de Segovia, y en concreto por saltarse las obligaciones que adquieren los dueños de perros cuando los canes se someten a identificación genética para inscribirlos en el censo municipal.

«Los técnicos han visto, con la ley de Castilla y León en la mano, que hay que cambiar la ordenanza», apunta el concejal de Medio Ambiente, quien explica que, a tenor de las interpretaciones de los profesionales, «habría que hacer una modificación supeditada a lo que diga la ley autonómica». Ángel Galindo defiende que este trance «no quiere decir que el ADNcanino se desinfla». De hecho, el equipo de gobierno está dispuesto a buscar las fórmulas dentro de la legalidad para poder implantar un proyecto que lleva siete años de recorrido, gestiones y de consultas.

Esa voluntad de seguir adelante con la identificación genética que pone de manifiesto el también concejal de Juventud, siempre que el marco normativo lo permita, de momento se ve atenuada por las incógnitas que asaltan a los técnicos. Para disiparlas, la Concejalía de Medio Ambiente ha remitido un correo electrónico a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, que es la competente en estos asuntos referidos al control sanitario animal. En él pone negro sobre blanco «las dudas a nivel jurídico» que les genera la incorporación del ADN canino como método obligatorio para la identificación de los animales domésticos y su correspondiente regulación mediante la ordenanza municipal, revela el concejal.

A la espera de la respuesta del servicio de Trazabilidad e Higiene Ganadera de la Dirección General de Política Agropecuaria, Galindo recuerda que la instauración del ADN canino está incluido como una de las obligaciones contractuales adquiridas por la empresa FCC, que es la adjudicataria del servicio de limpieza y recogida de residuos de la capital. Asimismo, el edil añade que está planteada la subcontratación de una firma especializada para llevar a cabo la captación del ADN para la posterior identificación genética de los excrementos dejados en la calle por los propietarios.

El Ayuntamiento arguye en su consulta a la Administración regional que esta fórmula en la que ha trabajado no solo es eficaz para fichar y localizar a los perros cuyas heces no han sido recogidas de la vía pública, con el consiguiente problema de salud pública que conlleva este comportamiento incívico, sino que también se puede usar para detectar a animales que han sido abandonados o que han sufrido algún tipo de maltrato y que no poseen el chip identificativo, pone de relieve el concejal de Medio Ambiente y Juventud de Segovia.

La consulta –realizada a principios del pasado junio y remitida de nuevo en julio– también hace hincapié en que el entramado para el desarrollo del proyecto «está muy avanzado», destaca el edil. Galindo afirma, por ejemplo, que el Consistorio ya ha contactado con clínicas veterinarias para hacerlas partícipes de la iniciativa a la hora de realizar las tomas de muestras a los canes. También el capítulo económico está estudiado.

Así lo da a entender el edil cuando apunta que incluso se ha planteado que los perros que están censados en la capital segoviana y que ya cuentan con la identificación preceptiva del chip «no supongan un gasto a mayores a la hora de cumplir el trámite del reconocimiento genético para estar en la base de datos del ADN canino».

La consulta de los técnicos segovianos se concreta en saber si la ley regional faculta al Ayuntamiento a exigir, a través de la ordenanza municipal de tenencia de animales, la realización de un censo genético. De hecho, la legislación de Castilla y León al respecto obliga a los propietarios de animales de compañía inscribirlos en el municipio de residencia habitual.

El sistema de identificación es lo que genera esas dudas jurídicas en el Consistorio a las que hace referencia Ángel Galindo y de cuya resolución está pendiente la instauración o no del proyecto del ADN canino siete años después de que se propusiera su puesta en servicio.

El reglamento regional sobre la protección de animales establece tres supuestos para acreditar la identificación censal obligatoria. Uno es mediante un tatuaje indeleble en la piel; el segundo es el más común y consiste en la implantación de un microchip con sus datos, y la tercera opción queda más abierta al referirse «a los demás sistemas que se establezcan según el reglamento». Esos dispositivos tendrán que ser autorizados por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y deberán de garantizar la existencia del animal mediante una «clave única y permanente». El marco autonómico añade que la identificación se completa con una placa en la que figuran el nombre de la mascota y los datos del dueño.

El Ayuntamiento de Segovia quiere indagar en ese tercer supuesto y pregunta si el ADN canino y su regulación a través de la ordenanza municipal encaja en el marco legal establecido por la Junta. Además, en caso de no ajustarse al reglamento actual, el Consistorio pregunta si el Ejecutivo autonómico tiene pensado en un futuro habilitar el censo genético en breve, dado que hay otros municipios que han trabajado en su implantación para atajar el problema de higiene pública que supone la presencia de excrementos de mascotas en la vía pública y para tener un mejor control de los animales en caso de desaparición o de abandono y malos tratos. Valladolid es uno de esas ciudades, matiza el concejal de Medio Ambiente.