Segovia

Los comerciantes del medio rural piden a Junta y Diputación que costeen las rutas ambulantes

El Procurador del Común, Tomás Quintana, defiende en su resolución dirigida a la Administración autonómica el comercio de proximidad «como servicio básico por su importancia para que se mantengan las relaciones sociales y como factor generador de actividad económica y empleo». Habla de «ayudar» a fidelizar clientela frente a la competencia de otros establecimientos de mayor tamaño sin arraigo en el territorio. «Considerando la función social que prestan, se pueden prever ayudas para hacer frente a gastos corrientes o medidas que supongan un alivio fiscal». También plantea potenciar la producción agroalimentaria a través de ferias o mercados locales para frenar una tendencia regional en la que ha cerrado uno de cada cuatro negocios en diez años. La mayoría, en pueblo de pocos habitantes. La tendencia de ventas sigue en descenso y la media de edad del autónomo que lleva las tiendas supera los 55 años. La perspectiva es que en la próxima década se multipliquen los cierres como consecuencia de la falta de relevo generacional.

El presidente de la agrupación de comerciantes segovianos Fecose, Roberto Manso, aporta su diagnóstico: «Los pocos comercios rurales que sobreviven lo hacen porque tienen pocos gastos, el que tiene una tienda pequeñita en la trastienda de su casa». Lejos de aspirar a aumentar los ingresos, pide reducir gastos, desde la cesión de locales públicos a las exenciones fiscales. «Si tiene los mismos impuestos que el comercio de una ciudad grande, es insostenible». Y cuando esto no sea suficiente, asumirlo como servicio público. «¿Por qué no vas a subvencionar la tienda del pueblo igual que subvencionas las fiestas, el médico rural o los autobuses?».

La propuesta de Fecose es asegurar que las tiendas ambulantes de los pueblos de cabecera sirvan al resto de la comarca. Convertir lo que ahora supone un engorro deficitario –la mayoría de los fresqueros mantienen el servicio por tradición, no por rentabilidad– en una pequeña fuente de ingresos. «Beneficias al pueblo pequeño que se ha quedado sin tienda y das más volumen de venta». Su presupuesto inicial es de 150.000 euros anuales, que deberían costear Junta y Diputación en concepto de gasolina o gastos de vehículo. El número de rutas se organizaría a la demanda. «Tenemos que encontrar en cada zona gente que quiera hacerlo».

La edad media del autónomo es aún mayor en los pueblos; también la de sus clientes, los que aún quedan. «La despoblación es el principal factor para la desaparición de los comercios». En un futuro con menos vecinos, habría menos comerciantes obligados a atender más territorio. «Que al panadero le interese hacer el reparto, aunque lo tengan que hacer fuera de sus horas de comercio». La vocación, esos agricultores de 80 años que siguen con el tractor, influye, pero todo tiene un límite. «Eso tiene fecha de caducidad, lo acaban dejando».

Como a menudo ocurre con los bares el pueblo que pierde una tienda rara vez suele recuperarla, por eso Manso pide tratar estos negocios como un animal en peligro de extinción. «La despoblación es causa y a la vez consecuencia de la desaparición de los comercios. Cuando el pueblo pierde una tienda, pierde aún más población y las posibilidades de poner otra disminuyen. Es prácticamente imposible».

La vicepresidenta segunda de la Diputación, Magdalena Rodríguez, encargada del Área de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, sitúa al relevo generacional como principal causa de los cierres. «Muchos negocios están en la propia casa, por lo que es muy difícil alquilárselo a un tercero que no sea de tu familia». Desgrana tres líneas de ayuda de su institución. La primera, para crear nuevas empresas, ha beneficiado este año a 70 empresas para una cuantía total de 40.000 euros. La segunda, para empresas y asociaciones inscritas en la marca Alimentos de Segovia, ha destinado 100.000 euros en 66 solicitudes atendidas. Y la tercera, para el comercio rural minorista y venta ambulante, ha repartido en 180.000 euros para 250 empresas. En la misma línea está el proyecto Consume Rural, que pretende reactivar el comercio de proximidad a través a publicidad, merchandising –bolsas o fiambreras– o un concurso con cheques regalo alimentos: 125.000 euros costeados en un 75% por la Junta.

Rodríguez asume que las ayudas «no son suficientes» para revertir el proceso, pero subraya que «ningún negocio tiene que pensar en sobrevivir por las ayudas», que son más un paliativo que una panacea. «Es verdad que son ayudas pequeñas, pero algo hacen. Si sirven para llevar la página web o pagar alguna factura…». Señala que las instituciones deben «dinamizar» el comercio rural y que ayuntamientos como el que encabeza (Abades) ofrezcan locales «a un precio bastante más bajo». Apoya la reivindicación de los comerciantes en cuanto a que tengan una fiscalidad diferente, una decisión estatal.

El dilema sobre si deben subvencionarse las tiendas como un servicio público es, subraya, más complejo. «Está claro que si no hay negocios, los pueblos se van a quedar sin población». Pero dibuja un acuerdo entre instituciones, desde los Ayuntamientos al Gobierno de España o «ayudas de mayor cuantía» para frenar los cierres. «Que sean totalmente subvencionados será algo que tendremos que ver entre todos».

Rodríguez pide que las instituciones asuman sus competencias, pero algunas no existen, no se pensaron en el reparto de tareas. «Es un debate que tendremos que acometer porque el debate está encima de la mesa; a lo mejor, hace diez años no estaba. Habrá que debatir quién tiene la responsabilidad o de qué manera resolverlo porque está claro que la población no puede quedarse sin distribución del pan, sobre todo si son muy mayores y no pueden desplazarse». Lamenta que las ayudas de fondos europeos contra la despoblación no han llegado o no han sido efectivas. «Estamos muy preocupados, pero llegamos hasta donde llegamos. Si yo tuviera la varita mágica…».