La sargento segoviana Gloria Moreno, en el banquillo por acusar a un subordinado de chivarse a los furtivos

El Ministerio Fiscal solicita en esta causa, vista para sentencia, que la suboficial al mando del Seprona en Lanzarote sea condenada a cuatro años de cárcel o a 4.320 euros de multa, en función de si la Audiencia de Las Palmas entiende que mintió a propósito en su informe o que solo cometió una imprudencia grave, informa Efe. La acusación pública argumenta que si la Audiencia de Las Palmas entiende que la jefa del Seprona en Lanzarote no cometió el delito de falsedad en su modalidad más grave, sí debe castigarla por no haber realizado ninguna comprobación sobre las sospechas que tenía respecto a su subordinado y por no haber aportado datos objetivos para el esclarecimiento de las mismas. La acusación particular, ejercida por el guardia al que señalaba como chivato de los furtivos, Miguel Ángel Padial, eleva la petición de pena a seis años de prisión.

Padial, que ejerce en esta causa la acusación particular para «limpiar su nombre», según dijo ante el tribunal, aseguró que nunca ha alertado a nadie de las inspecciones realizadas por el Seprona en Alegranza y manifestó que hasta que se enteró que estaban siendo investigado por la Policía Judicial del cuerpo a instancias de la sargento no había tenido ningún problema ni enemistad con ella. Por su parte, el técnico de campo del CSIC Juan Jesús Moreno, que pasa temporadas en Alegranza, donde estudia el halcón de Eleonora, negó ante el tribunal que comunicara a la sargento, tal y como ésta afirma en el oficio iniciado contra su subordinado, que el guardia Padial informara al copropierario del islote, Juan González Berriel, de una inspección contra la caza ilegal de pardelas que el Seprona iba a desarrollar allí.

Bajo el mando de Moreno, los agentes del Seprona en Lanzarote emprendieron hace años una serie de campañas para intentar acabar con la caza ilegal que se venía realizando desde tiempo atrás en los islotes del Parque Natural del Archipiélago Chinijo contra una ave marina protegida que anida en la zona, la pardela cenicienta. Sin embargo, en varias ocasiones sus intervenciones resultaron fallidas, lo que llevó a la sargento a sospechar que alguien podía estar avisando a los furtivos y a recurrir a medios ajenos al Seprona, como el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, para organizar sus siguientes operaciones contra ese tipo de prácticas.

Fue el caso de la redada que se llevó a cabo el 8 de septiembre de 2015, cuando un dispositivo coordinado por Gloria Moreno sorprendió en el islote de Alegranza a una docena de personas comiéndose un guiso elaborado con pardelas, lo que derivó en un juicio por delito contra el medio ambiente que ya tiene sentencia. El pasado mes de mayo, el Juzgado de lo Penal número 1 de Arrecife (Lanzarote) condenó a las personas que se encontraban ese día en Alegranza a la máxima multa prevista por el Código Penal para quien cace especies protegidas: 24 meses de sanción, modulados en este caso con una cuota diaria de doce euros (8.240 euros de sanción para cada uno de los condenados).

El juicio que se ha celebrado esta semana conecta directamente con esos hechos, porque uno de los condenados en esa sentencia, Juan Carlos González Berriel, supuestamente se habría librado de una redada realizada dos años antes, en 2015, gracias a un chivatazo.