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Segovia
Viernes, 25 de octubre 2019, 14:27
«Aprobado por unanimidad». Las palabras de la secretaria tras dar a conocer el resultado de la votación a la moción presentada por Ciudadanos generaron risas en el pleno del Ayuntamiento de Segovia. Tras mas de media hora de debate, la petición de dar a ... conocer los resultados de la auditoria al área de Urbanismo salió adelante con el voto favorable de todos los concejales de la Corporación, con la única modificación de ampliar un mes el plazo para llevarlo a cabo (hasta final de año).
La propuesta llevada al pleno por Ciudadanos volvió a demostrar que para la gran mayoría de asuntos municipales existen dos bandos: uno formado por el equipo de gobierno del PSOE e IU con el apoyo de Podemos-Equo, y otro formado por el PP y Ciudadanos. El primero, aunque apoyó la iniciativa presentada por la formación naranja, aprovechó la ocasión para acusar al partido de Noemí Otero de utilizar la auditoría de Urbanismo como herramienta política en un asunto que por obligación –y sin necesidad de presentar ninguna moción– tenía que pasar por el pleno de la Corporación. Además, los tres grupos recordaron a Noemí Otero que en el anterior mandato su formación anunció que había detectado «errores graves» en la auditoria de Urbanismo, declaraciones que la portavoz naranja obvió en su repaso por el proceso que había seguido la auditoría desde que fue aprobada por unanimidad en el mismo pleno.
«Su partido tenía conocimiento de la auditoría y ustedes dicen que no lo tienen», indicó el portavoz de IU, Ángel Galindo, quien añadió que si no hay comunicación entre los antiguos y los actuales concejales de Ciudadanos «es su problema». Por su parte, el concejal de Podemos-Equo, Guillermo San Juan, aunque compartió la preocupación por los problemas del área de Urbanismo, dudó de la intencionalidad de la moción de Ciudadanos. «No nos tiene que convencer de como ha funcionado el Urbanismo, con la expropiación como recurso para hacerse con suelo público y que ha tenido enormes perjuicios económicos para la ciudad», declaró San Juan, quien sí pidió al gobierno municipal un «compromiso explícito» para poner solución a todas las anomalías que determine la auditoría.
El Partido Popular se aproximó a la postura defendida por Ciudadanos y recordó la cantidad de sentencias condenatorias que ha perdido el Ayuntamiento, «y que han lastrado la capacidad inversora de la ciudad durante los últimos diez años». Según Azucena Suárez, la situación puede continuar durante los próximos años al no saber «qué pasará con el 'parking' de José Zorrilla o las parcelas del CAT».
En su defensa de la moción, la portavoz de Ciudadanos citó un reciente estudio de 'El País' que situaba a Segovia como el tercer municipio de más de 50.000 habitantes «menos dinámico y más atrasado de España». Afirmó Otero que Segovia todavía no ha salido de la crisis económica, «y en eso tienen algo que ver los más de 30 millones de euros que se han destinado a pagar sentencias condenatorias en lugar de a hacer inversiones en esta ciudad durante los últimos diez años». Se defendió de las críticas de Podemos e Izquierda Unida con acusaciones de demagogia «y ganas de rebuscar» y declaró que en la actual Corporación «tan solo existen tres sensibilidades diferentes» (la de Ciudadanos, la del PP y la que forman PSOE, IU y Podemos).
Finalmente, y aunque lamentó la «incoherencia» de los partidos que fuesen a votar contra la moción, la propuesta salió adelante con el voto a favor de todas las formaciones. También del PSOE. Su portavoz, Jesús García Zamora, acusó a Ciudadanos de exagerar y matizó que el dinero del que hablan cuando se refieren a sentencias condenatorias «no se ha despilfarrado», sino que sirvió para habilitar proyectos como el instituto de San Lorenzo.En relación a la petición de presentar las conclusiones de la auditoría, explicó que se trata de un documento de unas 1.000 páginas que tendrá que volver a pasar por Intervención para realizar un informe del que se dará cuenta al pleno. «Si estuviera hecho no tendría sentido guardarlo», expuso García Zamora, quien consiguió aumentar hasta finales de año el plazo para poder presentar un informe «sí o sí tenía que pasar por el pleno».
El portavoz del PP, Pablo Pérez, trató de conseguir también un consenso para la moción en la que se solicitaba una reunión con el gobierno resultante de las elecciones del próximo 10 de noviembre para concretar en qué punto se encuentran las grandes inversiones del Estado de la ciudad: Palacio de Justicia, SG-20, teatro Cervantes o la continuidad de la Base Mixta. No lo consiguió y fue acusado por parte del resto de la oposición de lanzar un discurso propio de campaña electoral. «Pido el apoyo a esta moción para por una vez se vea en este pleno unidad de acción frente al gobierno de España», llegó a comentar el concejal popular.
Finalmente, Podemos, Izquierda Unida y PSOE rechazaron la propuesta de los populares argumentando que las reuniones con otras administraciones ya forman parte de la labor del equipo de gobierno municipal.
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