Las residencias segovianas recuperan los niveles de ocupación previos a la covid

Castilla y León cuenta con unas 48.800 plazas para la atención residencial de personas mayores; a finales de 2021 eran 48.602 y al final del año 2022, 48.791. De ellas, Segovia tiene 3.084, frente a las 3.060 de 2019. Los números también han aumento levemente en las estancias diurnas: hay 300 plazas en la provincia frente a las 280 de hace cuatro años, según datos de la Consejería de Familia. «Las residencias han recuperado el nivel de actividad previo a la irrupción de la pandemia», concluye el director general de Personas Mayores, Eduardo García, que habla de «normalidad» desde las atenciones a las actividades y pone en valor haber «recuperado la presencia de los familiares». La agenda se parece mucho a la de 2019: terapia ocupacional, fisioterapia, servicios de peluquería y podología, salidas de ocio y tiempo libre, visitas de los familiares o salidas con estos.

Uno de los focos más graves de contagio se protege tres años después con protocolos como la Guía de actuaciones ante situaciones extraordinarias por causas de salud pública en las residencias de personas mayores y de personas con discapacidad, actualizada por última vez el 11 de julio, siete días después de que el Consejo de Ministros diese por acabada la situación de crisis sanitaria ocasionada por el covid. Además de esta guía, las residencias tienen sus propios planes de emergencias. «La incidencia de casos se mantiene en niveles similares a la incidencia global en nuestra sociedad. Los residentes cuentan con las pautas de vacunación completas y en la mayoría de los casos, las infecciones transcurren con sintomatología leve», ahonda García. La mayor esperanza de vida en mujeres explica que sean mayoría en estos centros. A más edad media, más mujeres porque son las que más años viven. Actualmente, en los centros segovianos hay un 68 % de mujeres y un 32 % de hombres.

Los costes de las plazas residenciales públicas –donde suelen ingresar las personas más vulnerables o familias más necesitadas– están calculados en función de los ingresos y el patrimonio del residente. «El aumento de los costes derivados de la inflación ascendentes que estamos viviendo en los últimos años afecta a los gastos que exige el mantenimiento de los centros residenciales», reconoce García. Pero el caso de las plazas públicas, el aumento de la inflación no se imputa al residente: solo se tiene en cuenta su grado de dependencia y su capacidad económica.

Las residencias Mixta y Asistida, los dos centros dependientes de la Gerencia de Servicios Sociales ubicados en la capital, están en estos momentos en unas obras de remodelación presupuestas en torno a los 11 millones de euros para ambos proyectos. «El objetivo es actualizar y modernizar las instalaciones tratando de garantizar la calidad de vida de los residentes», subraya García, que destaca la creación de pequeñas agrupaciones que denominadas Unidades de Convivencia para «potenciar» la presencia de las familiares y la realización de actividades grupales que ayuden a la socialización de los residentes. «Llevar adelante este modelo requiere obras para reconstruir y redistribuir habitaciones de mayor superficie y crear nuevos espacios comunes en cada unidad», subraya García.

La Confederación Nacional del Trabajo tilda la situación de «preocupante» y habla de «las artimañas de la Administración para desmantelar lo público con la misma excusa de siempre, su mejora». El motivo de discordia es la reducción de cuatro módulos de la Asistida de 20 a 16 plazas para estos módulos de convivencia. «En lo que finalice todo el proceso, faltarán 64 plazas residenciales públicas, para lo que la Administración no ha previsto alternativa. Y cuando acaben las obras, habrán desaparecido 16 plazas públicas», subraya el sindicato, que lamenta las molestias de los trabajos, iniciados en abril, para los residentes.

El número de plazas de la Asistida triplica a la Mixta, conocida anteriormente como residencia de Válidos. «A los mayores se les está cambiando de planta constantemente para adaptarse a las obras, se cierran accesos al exterior, están expuestos a ruido constante y a zonas de mayor frío por mal aislamiento de las zonas de obras», sostiene el sindicato, que denuncia la reducción del número de trabajadores porque «no se están cubriendo las bajas laborales o las jubilaciones» y se pregunta: «¿Quién va a asumir todas las plazas que no se van a cubrir en las Residencias Públicas de Segovia? Pues, evidentemente, las residencias privadas».

García argumenta los acuerdos en materia de dependencia a nivel nacional: «Orientan la atención de las residencias para personas dependientes. A los no dependientes debemos atenderles, en la medida de las posibilidades, en sus casas». La Asistida tiene una configuración híbrida que la Junta aboga por cambiar. «Si una residencia está configurada para personas válidas [la denominación usada hace años para los no dependientes], hay que transformarla en habitaciones para personas dependientes. Al final, el cómputo es que aumentan las plazas de dependientes porque las de válidos están vacías». La normativa exige, entre otras cosas, más metros para una persona dependiente. «Una vez finalizadas las obras habrá que ver las plazas que se han perdido, pero es que no debe haber plazas para válidos. Nuestra obligación es transformar esas habitaciones y convertirlas en aptas para dependientes».