Los requisitos de la gratuidad ponen en riesgo la supervivencia de las guarderías

Kangurolandia, detrás de la piscina cubierta José Carlos Casado, está a un paso de tirar la toalla. «Cada uno tenemos una problemática que no podemos cumplir. Nosotros cerraremos», explica una de sus responsables, Ana Hernando. «Una escuela infantil en un centro urbano, como esta, tiene muy difícil cumplir los requisitos. No puedes empezar a tirar tabiques y coger un poco al del piso de al lado. Y con el patio pasa lo mismo; estamos pillados, no hay sitios para salir». Cada centro tiene su problemática, pero Segovia tiene muchas guarderías en el centro. Parchís o Campanilla son otros ejemplos.

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El reto de las guarderías es adaptar dentro de la normativa una rutina de décadas. Por ejemplo, la zona de juegos. Muchos negocios tienen problemas para que su comunidad de vecinos autorice su uso exclusivo en determinada franja horaria o se encuentran con que el recinto no vale, bien por dimensiones o por distancia. Algunas clases tienen que reducir su número de alumnos –y sus ingresos– para respetar la ratio de metros por niño.

La aplicación de la gratuidad está siendo para muchas guarderías veteranas la penúltima gota de agua que amenaza con derramar el vaso, aunque cumplan los requisitos. Alfonso Vigil y Belén Sierra cerrarán en fechas próximas Pasitos, que lleva 22 años en La Lastrilla, en plena N-110, a unos metros del Hotel Puerta Segovia, por una mejor oportunidad laboral. «Nuestra aportación a la educación infantil ha terminado», sonríen con la esperanza de dejar paso a una nueva generación y con la intención de no dejar rastro: no quieren propiciar ninguna foto suya. Relatan la dureza de la pandemia y el miedo de la desescalada. «Nadie tenía nada claro, tuvimos que ser nosotros los que pusimos un punto de luz y cada uno hizo de su capa un sayo». Pero los motivos de su cierre no son económicos: los ingresos se han recuperado. «Nosotros dejamos la escuela llena».

Los responsables de Pasitos critican la aplicación de la gratuidad. «Creemos que lo han hecho mal porque han dado chocolate para todos. Primero se tenían que haber ilegalizado todos los centros». Lo dice una escuela que esgrime haber cumplido siempre todos los requisitos y que pide una aplicación estricta de esos conceptos para evidenciar quién no los cumplía. «Han querido unificar a todas en el mismo saco y no ha sido justo. Había dos o tres en toda la provincia que cumplíamos, el resto eran supuestamente ilegales. Pero como hay una demanda tan grande, ninguna administración ha querido meterse».

Los centros pueden llegar como máximo a 8 niños por unidad en el tramo de menores de un año, a 13 entre uno y dos años y a 20 entre dos y tres años. Y deben contar con un número mínimo de profesionales –deben tener el título de Maestro con la especialización en educación infantil o el título de Grado equivalente– de atención directa a los niños al menos igual al de unidades en funcionamiento.

A los centros completos –los que tienen al menos mínimo de tres unidades de niños– se les exige un local de uso exclusivamente educativo y con acceso independiente desde el exterior y una sala por cada unidad con una superficie de dos metros cuadrados por puesto escolar y que tendrá, como mínimo, 30 metros cuadrados. Las salas destinadas a niños menores de dos años deben tener áreas diferenciadas para su descanso e higiene –al menos un lavabo– y las de los menores de un año requieren un espacio diferenciado para la preparación de alimentos. A eso se añade una sala de usos múltiples de 30 metros cuadrados para biblioteca comedor o un patio exterior de uso exclusivo del centro.

Los centros incompletos –menos de tres unidades– existen para atender localidades con baja población –la normativa regional habla de menos de 3.000 habitantes donde no haya otro centro sostenido con fondos públicos– o por motivos urbanísticos, dejando operar a guarderías en «zonas urbanas consolidadas por la edificación que dificulte la ampliación o remodelación de sus instalaciones». Es decir, cascos históricos. Estos centros pueden agrupar a niños de diferentes edades hasta un máximo de 13 y se les exige menos espacios por niño a un metro. Su espacio de juegos al aire libre, no inferior a 20 metros cuadrados, puede ubicado fuera del recinto escolar, «siempre que en los desplazamientos de los niños se garantice su seguridad, no sea necesario transporte escolar, y esté ubicado en el entorno del centro». Un texto amplio que deja la autorización en manos de la Dirección Provincial de Educación.

Los educadores de Pasitos lo resumen así. «Con que tengas un área de 30 metros, un técnico y un maestro que te supervise la programación, vale». Ellos argumentan sus «instalaciones al dedillo» y personal. Hablan de «chapuza» y de una «medida electoral» de Alfonso Fernández-Mañueco. «Se ha hecho corriendo y ha sido un caos». Algo que, temen, aumentará en los próximos meses porque en muchas escuelas hay más demanda que plazas. En esencia, lamentan que «un organismo que no conoce cómo funciona la educación» dicte su funcionamiento diario y ponen un ejemplo: no dar de comer a los niños en las cinco horas de gratuidad, aunque esté la salvaguardia de los almuerzos. «Un niño no quiere una galleta, ni dos. Si tiene hambre, lo que quiere es comer». Porque defienden tratar de forma individualizada a cada niño: «Piensan que es igual que otro de siete años que está en el colegio. Han querido unificar criterios y no se puede, cada uno tiene sus ritmos de aprendizaje».

Por eso inciden en la vocación de la profesión. «Es mucho más que educación, es un sentimiento. Es amor hacia los niños». Lo dejan pese a las súplicas de algunos padres dispuestos a «pasar de la gratuidad» y pagar el doble. Por el camino quedan hitos como recibir currículos de niños a los que un día cuidaron y este año han recibido a un bebé de otro alumno que tuvieron hace 20 años. Algo que asumen entre el orgullo y el humor. «Es lo más bonito que nos ha podido pasar. Pero es una hostia de realidad. ¡Qué viejo eres!»