Segovia

Regresar a Coca, la posible solución a compartir rellano con okupas

Comprar una vivienda fue una decisión que llenó de felicidad la vida de García, natural de Coca. Llegó a esta urbanización madrileña en 2007. «Fui una de las primeras», se enorgullece. La convivencia con el resto de propietarios e inquilinos era «muy buena». «Nos conocíamos y convivíamos; los niños salían al jardín a jugar, pero ahora no pueden», lamenta. Todo cambió en pleno estallido de la crisis económica, cuando la constructora que había impulsado el proyecto inmobiliario quebró y la Sareb se hizo con la propiedad de numerosas viviendas. A día de hoy, muchos de los inmuebles están alquilados con «contratos falsos». «Son verdaderas mafias», asegura.

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La inquietud no radica en los impagos -hay una deuda de 47.000 euros con la comunidad, según explican los afectados-, sino en las amenazas que han recibido estos años por parte de más de una veintena de okupas. La situación se destapó hace cinco años, cuando se produjeron conflictos por ruidos y fiestas, así como otros comportamientos incívicos relacionados con realquiler de habitaciones, peleas, drogas e, incluso, prostitución, según explican. «Soltaban al perro por el pasillo y hacía sus necesidades en el felpudo», declaró. Los vecinos intentaron contactar con el propietario para trasladarles sus quejas, pero se dieron cuenta de que la Sareb era la entidad titular.

«Hemos puesto denuncias, pero no nos escuchan, se han desentendido; estamos indefensos», asevera. Varios residentes han acudido a consultas psicológicas. La caucense, que llegó hace 25 años a la capital del país, se replantea regresar a la localidad segoviana e «ir y venir» para asistir todos los días a su puesto laboral, de recogida de enseres. No contempla otra alternativa. Tiene 53 años. «¿Quién me va a dar ahora una hipoteca? ¿A qué precio voy a vender mi piso en esta situación?», se pregunta emocionada.

Al lado de su mesilla hay unos cascos de trabajo. Se los pone por las noches en un intento de camuflar el ruido. «He tenido que tomar pastillas y me he tenido que ir a dormir al salón, psicológicamente estamos todos muy tocados», relata García. Pedir que bajen el volumen de la música no es una opción. Tal y como detalla, «cuando hemos avisado a la policía se han liado a patadas con nuestras puertas, a una vecina se la han apalancado: tenemos miedo». Los afectados llevan la linterna encendida y la grabación activada en el móvil cuando salen y entran de sus viviendas. «Nos vamos acompañando», indica.

La comunidad de vecinos, integrada por 120 personas, cumplió este jueves su segunda jornada de manifestación consecutiva. Una de las soluciones que se han aportado es declarar estas viviendas bajo la modalidad social, pero consideran que es «injusto». Los okupas no están en una situación «vulnerable», declaran los denunciantes, y «a nosotros las casas nos han costado muy caras, yo he tenido que trabajar 14 horas, fines de semana y festivos para pagarla», especifica. «Estamos desesperados», concluye.