Los regantes quieren proteger con un BIC las caceras históricas del Cambrones y Navalcaz

También asistió como representante legal de esta entidad la abogada Pilar Esquinas, especialista en derecho de aguas.La experta hizo hincapié en las «irregularidades» en las que está incurriendo la Confederación Hidrográfica del Duero en el proceso iniciado para la extinción de estos recursos. Asimismo, abogó por agotar todas las vías posibles para impedir el propósito de la CHD antes de tener que litigar en los tribunales. En este sentido, Esquinas esbozó la intención de los afectados de empezar los trámites necesarios para la declaración de las caceras de Navalcaz y del Cambrones –datadas en 1515 y 1512, respectivamente– como Bienes de Interés Cultural (BIC), lo que ayudaría a blindarlas frente al expediente de extinción.

Para la abogada, los planes del organismo regulador de cuenca traen consigo «incalculables daños ecológicos», además del «perjuicio económico» para los agricultores y regantes de estos entornos. «Si no te autorizan la concesión o tienes que pagar por el agua a un fondo de inversión, al final lo que están haciendo es limitar su uso», deduce la especialista, que es partidaria de agotar las vías de diálogo.

A pesar de haber pedido en varias ocasiones reunirse con la nueva presidenta de la Confederación Hidrográfica, Cristina Danés, la Noble Junta de Cabezuelas no ha obtenido respuesta del organismo, lamenta la letrada, que también ha criticado la actuación de los alcaldes de Trescasas, La Lastrilla y de la representación municipal de Palazuelos de Eresma que sí visitaron la cacera del Cambrones junto a la delegación de la CHD. «No nos han autorizado y tampoco nos han querido escuchar», les recrimina la abogada.

En cuanto a «la cantidad de irregularidades» que registra el expediente de extinción iniciado, Pilar Esquinas censura que primero se haya tramitado y que luego se estén realizando las visitas para «adecuar las actas» a los intereses de la Confederación. Igualmente, la representante legal acusa de «cómplices» a los ayuntamientos que están permitiendo esta actuación del organismo estatal.

Cabe recordar que los afectados por la extinción de la concesión se habían planteado presentar un recurso de alzada contra el rechazo a las alrededor de 1.500 alegaciones que registraron en su día, tanto a nivel colectivo como individual.