La reestructuración del servicio «desborda» a los operarios de la limpieza de Segovia

Según los trabajadores, la falta de personal (la plantilla actual está formada por 110 efectivos), la mala organización, la carga de trabajo, el incumplimiento de la ordenanza municipal y la «falta de implicación» del Ayuntamiento son las principales causas del «deterioro» del servicio. «Y la ciudad lo está notando, porque hay quejas vecinales perfectamente fundadas. No se puede limpiar la Plaza Mayor y que luego llegue la cisterna y riegue, porque lo vuelve a ensuciar con todo lo que saca de los adoquines. Es un ejemplo que denota mala organización, añade Polo.

Una de las quejas vecinales hace referencia al peligro que entraña la circulación de los camiones por calles peatonales y estrechas. Con el sistema 'quita y pon', el problema es más visible, aunque viene de lejos. «Llevamos tiempo planteando que debe buscarse una solución porque cualquier día va a haber una desgracia. Lo lógico es que una patrulla policial vaya abriendo el paso al camión o buscar otros horarios. El 'quita y pon' nos parece una buena solución, pero el sistema es mejorable. Hay muchos temas que deberían ser tratados en una mesa de trabajo que represente a todos y, sobre todo, que adopte acuerdos vinculantes».

Los trabajadores entienden que no dependen contractualmente del Ayuntamiento, pero este no debe ser ajeno a la situación: «A pesar de que el pliego de condiciones señala la existencia de un sistema informático para el control de la presencia de efectivos, no sabemos si los técnicos lo reciben ni si comprueban si salen la maquinaria y los trabajadores necesarios para la realización de los distintos servicios. Es el Ayuntamiento más opaco de los últimos cuarenta años. En anteriores pliegos, hemos podido ver las ofertas que las diferentes empresas han presentado. Ahora, a pesar de que lo hemos pedido, no se nos deja, porque, amparándose en el artículo 133 de la Ley de Contratos del Sector Público, nos cierran el acceso a la información, y creemos que, tratándose de un contrato con dinero público, no puede prevalecer ese carácter de confidencialidad que alegan», explica Polo, que subraya la preocupación de los trabajadores por la limpieza de la ciudad: «Queremos cumplir la tarea que tenemos encomendada, pero necesitamos personal, maquinaria suficiente y ayuda social. La gente también tiene que implicarse».

El Ayuntamiento de Segovia ha recibido las quejas de los empleados de FCC. El concejal de Medio Ambiente, Ángel Galindo, asegura escuchar y comprender el lamento. No obstante, se remite a la concesionaria porque es competencia de la empresa organizar el trabajo. «Estamos vigilantes, ejerciendo el control que debemos ejercer para asegurar el cumplimiento del contrato y el buen funcionamiento del servicio. Por ahora, creemos que se está prestando un buen servicio, porque la empresa está procurando los medios y la ciudad está limpia, los residuos se recogen según lo acordado... Otra cosa es que haya actos incívicos que deparen estampas no deseadas, como hemos visto en algunas ocasiones. Esto no es porque se ofrezca un mal servicio, sino porque se hace un mal uso. Como en todo, eso sí, hay un margen de mejora», señala el edil.

El Ayuntamiento de Segovia adjudicó el último contrato a FCC Medio Ambiente SA en febrero de 2020, aunque no pudo firmarlo hasta el mes de agosto porque hubo que resolver previamente un recurso. Había, sin embargo, un año para la implantación del nuevo servicio, y en ello se está. «Hasta el momento, la empresa ha cumplido. Ha renovado máquinas y vehículos, ha cambiado los contenedores y las papeleras, ha puesto en marcha el servicio 'quita y pon'... Solo faltan los 18 camiones de gas comprometidos, porque se está construyendo la 'gasinera' junto a la nave de FCC y eso lleva su tiempo. También se está retrasando el proyecto piloto de recogida de orgánicos previsto para el barrio de La Albuera porque ha habido que esperar a que el Consorcio de Medio Ambiente tenga una máquina para tratar este tipo de residuos. En diciembre echará a andar», apunta Galindo.

El concejal garantiza a los trabajadores el control del servicio: «Estamos pagando un contrato y siendo exigentes para que la empresa acometa todas las mejoras a las que se comprometió. No entiendo lo de la opacidad y la falta de interés. La Ley de Contratos del Sector impide el acceso al contrato. En cualquier caso, Medio Ambiente no tiene competencia en ello». Galindo sí es partidario de que la Policía abra el paso a los camiones de recogida.