Récord de reses muertas en un año por ataques de lobos en Segovia

La cifra establece un negro récord que, por ahora, corona la tendencia ascendente que traza la mortandad derivada de las incursiones de los lobos en las granjas segovianas.

En 2019 fueron 640 las reses muertas; al año siguiente el recuento de los estragos concluyó con un nuevo repunte, que subió el listón letal hasta los 900 animales víctimas de los feroces asaltos; doce meses después, los números de la Administración regional daban testimonio de un leve descenso, con 861 cabezas que sucumbieron a las fauces de los lobos; en 2022 la mortandad volvió a crecer, con 989 muertes contabilizadas en las explotaciones, y al término del último ejercicio, un nuevo aumento que hace que la cantidad de animales fallecidos rebase el listón del millar.

No es baladí. Basta con hacer un media para ver la frecuencia con la que suceden estas irrupciones, lo que explica la preocupación que manifiestan reiteradamente los representantes del sector. Cada 24 horas se producen tres ataques de lobos en la provincia.

Segovia es el segundo territorio más perjudicado de Castilla y León. En 2023, Ávila aún padeció con más virulencia los bocados a su ganadería, con casi 1.700 reses muertas. La sierra es coto habitual de caza para las manadas carnívoras. Explotaciones ubicadas en entornos como Gallegos, Espirdo, Torreiglesias, Navafría, Prádena, Torrecaballeros, La Losa, El Espinar, Matabuena, Tenzuela, Brieva, Adrada de Pirón u Ortigosa del Monte son escenarios de ataques al ganado, principalmente de vacuno extensivo, cebándose sobre todo con los terneros; aunque ni la cabaña de ovino ni la de caprino se encuentran a salvo.

El año pasado, muchas explotaciones acusaron, además, la epidemia de la Enfermedad Hemorrágica Epitozoótica (EHE). Más pérdidas que se suman a las causadas por los lobos en un año negro para la ganadería en la provincia. Dos de cada tres ataques mortales los sufren rebaños de vacuno, como apunta en su análisis Pablo Rincón, secretario general de organización profesional agraria Asaja en Segovia. En torno al 32% de las víctimas de las incursiones son ovejas y corderos. Por lo tanto, se deduce que las muertes de caballos y de reses caprinas son más aisladas. El curso pasado, en territorio segoviano, la Consejería de Agricultura y Ganadería recontó los fallecimientos de ocho equinos y nueve cabras.

En el extremo opuesto se sitúan los 707 ejemplares de vacuno muertos en las 777 irrupciones registradas por la Junta de Castilla y León en su balance anual. Es decir, en cada ataque el ganadero pierde de media una res. Además, si se echa la vista atrás a los datos de la Administración autonómica, la mortandad sembrada por los lobos en el ganado vacuno de Segovia marca, por desgracia para los damnificados, un nuevo récord.

Si se compara con el curso precedente, las víctimas aumentaron un 6,6%; pero si el espejo retrovisor para buscar una referencia se retrotrae cinco años atrás, el incremento de los cadáveres de vacuno recogidos se alza por encima del 65%.

Por su parte, las 338 reses de granjas de ovino fallecidas el ejercicio pasado en los 77 ataques registrados revelan que cada incursión mortal acaba de media con la vida de cuatro animales. Con respecto a 2022, los datos oficiales ponen de manifiesto un ascenso de la mortandad en este tipo de ganado de prácticamente el 8%. Durante el último lustro, ese incremento se dispara por encima del 63%.

Aunque la Junta revalorizó las indemnizaciones a percibir por los titulares de cabañas que han padecido bajas por las incursiones de lobos, las organizaciones agrarias consideran que se quedan cortas. La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) se viene quejando de que hay perjuicios que las compensaciones de la Administración autonómica no contemplan. Por su parte, Pablo Rincón apostilla que «no se cubren los daños».

En este caso, Asaja ha llevado a la Junta a los tribunales en varias ocasiones ya que las indemnizaciones percibidas por algunos ganaderos están valoradas según importes fijados con anterioridad a la actualización convenida hace ocho meses, explica Rincón. «Todas estas demandas se han ganado», destaca. Esta organización, además, inició hace más de un año una recogida de firmas para reclamar una regulación que permita la convivencia con el lobo pero que también habilite medidas en defensa de los rebaños. Asaja, que próximamente registrará las alrededor de 2.000 adhesiones recabadas, aboga por la caza regulada.

Pedro Matarranz, presidente de La Alianza Upa-Coag en Segovia, hace hincapié en que la situación es «preocupante», máxime tras constatar que los ataques y las muertes continúan al alza. Insiste en la necesidad de actuar «rápidamente». Los representantes agrarios y ganaderos coinciden en reclamar un mayor control poblacional de las manadas. En este sentido, la Junta hace frente común con las organizaciones en su reivindicación al Ministerio de Transición Ecológica para que derogue la incorporación del lobo en la Lista de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.

Como argumenta el Gobierno regional, esa inclusión, que además no ha reducido los ataques en al comunidad, se produjo de manera «súbita sin un periodo de transición, lo que dejó un vacío legal al norte del río Duero al dejar de ser una especie cinegética y, por tanto, no poder indemnizar los daños por el sistema entonces establecido».

En el conjunto de Castilla y León, el importe de las indemnizaciones abonadas en 2023 ha supuesto un total de 3,45 millones de euros, de los cuales 2,47 millones corresponden a pagos compensatorios y unos 980.000 euros se vinculan a la responsabilidad patrimonial de la Junta en la ejecución de sentencias judiciales por daños producidos en 2020 y 2021.