Cs ratifica su pretensión de que Noemí Otero sea la primera presidenta de la Diputación de Segovia

El dirigente autonómico del partido de Albert Rivera confirma que sí, que la Diputación de Segovia, al igual que la de Burgos, estaba incluida en aquel preacuerdo alcanzado entre ambas formaciones políticas cuando echó a andar la maquinaria regional de negociaciones y contactos que culminó ayer con el reparto de consejerías.

Castaño incluso va un paso más allá y desvela quién sería la elegida por Ciudadanos para convertirse, además de en la primera presidenta de un gobierno provincial de Cs en la comunidad autónoma, en la primera mujer que preside la Diputación de Segovia desde que se constituyera en 1836. Esa persona es Noemí Otero.

El 5 de julio jurará su cargo como nueva concejala del grupo municipal de las siglas naranjas en el Ayuntamiento de Segovia. Respecto a la posibilidad de entrar a formar parte de la institución provincial al haberse ganado el acta de edil de la capital, Otero siempre se ha expresado en términos de prudencia y cautela, sin desvelar si estará o no sentada durante el próximo mandato en el salón de plenos del palacio de la calle San Agustín.

«Hay que esperar, hay que esperar», ha reiterado en estas últimas semanas. Con esa prudencia dejaba en manos de los ediles naranjas su nombramiento como una de las dos personas que representarán a Ciudadanos en la Diputación el cuatrienio que viene, una designación que los responsables provinciales del partido han asegurado que se desarrollará después de que la Junta Electoral de Zona proclame los diputados electos, algo que se producirá unos días después de que se constituya el Ayuntamiento de la capital segoviana.

A pesar de querer mantener esos tiempos y los plazos protocolarios, parece claro que la figura de Noemí Otero en la estructura interna de la formación, en la que ocupa la secretaría de Organización, y su acta de concejala en el Consistorio tienen peso suficiente como para convertirse en una apuesta segura para sentarse en uno de los dos escaños conquistados por Ciudadanos en la Diputación por el arte de los votos cosechados y la aplicación de la Ley D'Hont.

Para hacerse con el segundo sillón naranja suena la opción de Ángel Jiménez, quien ya ejerce de único concejal de Cs en el Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia.

La candidatura que lideró Otero a la Alcaldía de la capital en los comicios locales del pasado 26 de mayo logró aumentar la presencia 'ciudadana' en la corporación, pasando de dos a tres ediles; aunque las aspiraciones con las que el proyecto concurrió a la carrera por la Alcaldía eran algo más elevadas. La propia Otero alentaba a los electores con el mensaje de que se abría «una nueva etapa» en la que «tenemos disposición, aptitud y actitud para gobernar».

De hecho, y tras semanas de suspense, esa ambición quedó truncada este pasado miércoles con el rechazo por parte del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) del recurso contencioso electoral que presentó la formación contra el acta de proclamación de electos suscrita el pasado 4 de junio por la Junta Electoral de Zona. Entre los argumentos que esgrimió la Sala Regional para tumbar la impugnación, afirmó no apreciar datos que incitaran a pensar que se hubiera incurrido en algún error en el escrutinio de las mesas.

Conviene recordar que este veredicto desbloqueó la constitución de la corporación del Ayuntamiento de Segovia  y dejó tal cual el reparto de concejales entre los partidos que obtuvieron representación en las urnas. Es decir, diez para el PSOE; nueve para el PP; tres para Ciudadanos; dos para Izquierda Unida, y uno para Podemos-Equo.

La declaración de intenciones expresada ayer por el secretario regional del partido de Rivera en Castilla y León no deja de significar un golpe de ratificación y de veracidad a lo que ya dejó entrever su homólogo a nivel nacional, José María Espejo, el pasado día 13. Hace dos semanas y dos días, hablaba de la «posibilidad» de que Ciudadanos hubiera puesto encima de la mesa de la negociación con los populares la cesión de las presidencias de las Diputaciones de Segovia y de Burgos. Entonces, se matizó que debían de ser las direcciones provinciales de ambas fuerzas políticas las que ultimaran las operaciones y acuerdos.

Desde ese día, silencio. La idea no sentó nada bien en las filas del Partido Popular de Segovia, que al fin y al cabo había revalidado la victoria electoral en la provincia, aunque esta vez sin la mayoría absoluta. Los doce diputados (uno menos que en el mandato que expira) eran insuficientes y necesitaba negociar; pero para algunos cargos populares tamaña concesión a Cs les pareció «darse un tiro en el pie». Vieron similitudes y temieron «otro abrazo del oso» como el que sufrieron a manos de Unión Centrista-CDS en 1999 en la Alcaldía de Segovia, esta vez por parte de Ciudadanos y en la Diputación Provincial.

Para evitarlo –y para calmar a los críticos con la negociación–, el PP segoviano que preside Paloma Sanz tiene previsto interponer un recurso después de que la Junta Electoral de Zona proclame los diputados provinciales electos, lo que tendrá lugar en unos diez días aproximadamente. Aún no está fijada la fecha, aunque depende de la citada constitución del Ayuntamiento de la capital.

El secretario regional de Acción Institucional de Ciudadanos cuenta con ese movimiento de ficha del PP, que anunció el estudio de «todas las posibles acciones legales ante la disparidad de criterios» exhibida por el Ministerio a la hora de atribuir los escaños.

Ese recurso tiene que ver con la «confusión» creada hace dos semanas por Interior. La web oficial de los resultados adjudicó trece diputados al PP, uno más de los obtenidos inicialmente. Ese diputado se lo arrebataba a Izquierda Unida (IU), que se quedaba así sin su representación. Después de unas horas, el propio Ministerio admitió el «error» en la transcripción de los datos y corrigió el resultado. La equivocación vino causada por la nomenclatura usada por la candidatura de IU en El Espinar, que se presentó como IU-UP.

Si esas acciones legales del PP surten el efecto que desean sus dirigentes, es más que probable que detonen el efecto dominó. Es decir, empujarían a otros movimientos de fichas por parte de las fuerzas que se vieran damnificadas por la decisión, según se desprende de las hipótesis que baraja José Luis Ordóñez, coordinador provincial de Izquierda Unida.