Lo que queda de Segovia 21

El 4 de diciembre de 2001, el pleno provincial aprobaba por unanimidad de todos los grupos políticos (PP, PSOE e IU) un «ambicioso» proyecto para dotar a la provincia de un parque empresarial, un centro de congresos y convenciones, un complejo hotelero con un campo de golf de 18 hoyos y una zona residencial. Para ello, era preciso iniciar una tramitación urbanística que permitiera intervenir en la finca de Quitapesares, propiedad de la Diputación, y constituir una sociedad (que dio en llamarse Segovia 21) participada en un 13% por la Cámara de Comercio de Segovia.

Ocho meses tuvieron que pasar para la constitución de la entidad. La firma tuvo lugar en el Centro de Servicios Sociales que la Diputación posee en la finca, situada en término municipal de Palazuelos de Eresma. El alcalde, Domingo Asenjo (IU), agradeció la construcción de un complejo «beneficioso para todos». La Diputación asumía el 87% de las acciones y la Cámara de Comercio, el 13% restante, aunque la organización empresarial no tardó en deshacerse de la mayoría, pues no podía hacer frente a todo el gasto. Caja Segovia, presidida por el propio Soto, salió al rescate con la adquisición del 10,1% del total, un 77% de las acciones que tenía la Cámara.

Las obras dieron comienzo cuatro años después, en septiembre de 2006, con un presupuesto de 14 millones de euros y un plazo de ejecución de catorce meses. Para ello, fue necesario catalogar 18 hectáreas de la finca como bien patrimonial y recalificar los terrenos.

La presencia de las máquinas y la inminente construcción del campo de golf alentaron las primeras voces contra el proyecto. Era octubre de 2006 y colectivos ciudadanos y ecologistas pusieron el grito en el cielo ante la «desproporcionada» petición del aprovechamiento de aguas realizada por Segovia 21 para regar la futura instalación deportiva y las zonas verdes del complejo (1,8 hectómetros cúbicos). Sin embargo, la Junta de Castilla y León aprobó la declaración de impacto ambiental. El informe fue también favorable al tratamiento terciario y la reutilización y conducción de aguas residuales desde la estación depuradora de San Ildefonso-Valsaín, destinadas al riego del campo de golf.

Las empresas Volconsa y Madrileña de Riegos SA empezaron la construcción de la instalación deportiva en el segundo semestre de 2008. Los promotores de La Faisanera Golf Segovia presentaron el proyecto en la feria Madrid-Golf. Diseñado por el grupo IGD, de Olazábal y Bastarreche, el campo de golf habría de costar 11 millones de euros y sería «respetuoso» con el entorno. La inauguración tuvo lugar en el otoño de 2010 con la organización del torno Golf-Desing, que congregó a más de un centenar de jugadores. Olazábal y Esperanza Aguirre apadrinaron la puesta de largo del verde recinto, que contaba, efectivamente, con 18 hoyos y un recorrido de 6.471 metros lineales.

La crisis económica e inmobiliaria hacía estragos en España, pero Segovia 21 parecía en 2010 más sólido que nunca. Si en otoño abrió el campo de golf, en marzo lo había hecho el llamado Vicam, vivero de empresas que la Cámara de Comercio habría de gestionar. Ya en 2011, empezaba la construcción de la primera promoción de viviendas del complejo. Segovia 21 informaba al mismo tiempo de que se había comercializado más del 65% de las 40 viviendas de la fase inicial.

Las cosas empezaron a torcerse en 2012. Un enigmático comunicado emitido por la sociedad informaba el 18 de septiembre de la destitución de todos los miembros del consejo de administración, incluido Atilano Soto, que había dejado de ser presidente de Caja Segovia a raíz de la plena integración de la entidad de ahorro segoviana en Bankia y estaba imputado por el llamado 'caso Bankia', que investigaba la Audiencia Nacional. La sociedad Verae asumió la administración única de Segovia 21 e inició un proceso de depuración de cuentas que llevó años. Los nuevos administradores desvelaron que la entidad había cerrado el ejercicio de 2011 con 3.037.872 euros de pérdidas y entregaron a la Fiscalía el contrato firmado por la anterior dirección con la empresa Fomento Territorial, presidida por Elías Benatar y encargada desde el año 2002 de la gestión integral de Segovia 21. La Diputación, entonces capitaneada por Francisco Vázquez (PP), facilitó todo el proceso en aras de la transparencia.

El vía crucis judicial llegó en 2013, cuando la Fiscalía empezó a tomar declaración a Atilano Soto y a otros exconsejeros, que defendieron el control y la legalidad de la gestión. Por su parte, Benatar declaró que la denuncia realizada por Segovia 21 era una «falacia absoluta» y confió en que la Fiscalía archivara las diligencias.

Con la cuestión judicializada, el presidente de la Diputación, Francisco Vázquez, presentó, el 23 de mayo de 2013, un nuevo proyecto para construir el Palacio de Congresos de La Faisanera. Costaría 20 millones de euros, de los que la entidad provincial aportaría el 60% y la Junta, el 40% restante. Las reacciones no se hicieron esperar. La más virulenta fue la de Pedro Arahuetes, harto de reclamar a la Junta ayuda para la construcción de un Palacio de Congresos en la capital segoviana.

El edificio de La Faisanera era el escenario de una batalla política entre el Ayuntamiento de Segovia (PSOE) y la Diputación (PP) cuando salió a licitación su construcción, con un presupuesto de algo más de 3,5 millones de euros. Mientras tanto, la Fiscalía archivó la causa de Segovia 21 al no apreciar «indicios suficientes» de delito. El decreto avalaba la gestión anterior y la validez de contratos y pagos. El nuevo administrador se empleaba a fondo en su rescate y el juez condenaba a la empresa Fomento Territorial a devolver 4,1 millones de euros «por pagos indebidos e indemnizaciones».

Aunque había conseguido coger aire tras aplazar la deuda y redistribuir sus acciones, Segovia 21 acabó solicitando su entrada en concurso de acreedores el 28 de enero de 2016, tal era su situación de insolvencia (la deuda global ascendía a 17,8 millones de euros). Fue un proceso complicado, pero, al final, la junta de acreedores aceptó por mayoría la quita del 50% de la deuda que la sociedad tenía con ellos contraída, alentada por la decisión del Ayuntamiento de Palazuelos de aceptar la condonación de la deuda que la sociedad también mantenía con él.

En marzo de 2017, llegaba un nuevo sobresalto: el TSJ confirmaba la ilegalidad del abastecimiento de agua de Segovia 21, asunto que llevaba cuatro años judicializado y que partía de los decretos del Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma para la recepción parcial de las 40 viviendas construidas.

La maraña empezó a deshacerse a comienzos de 2021, cuando el Supremo ratificó la nulidad de la venta de las viviendas (la sociedad había presentado años antes una macrodemanda contra trece compradores de quince de los pisos construidos por haberse echado atrás en el compromiso), por lo que pudieron volver a salir al mercado, aunque por un 40% menos de lo que costaban al principio. La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) también legalizaba la concesión de agua en el complejo, ya denominado Quinta Real.

La Diputación espera ahora la ampliación de la depuradora de Palazuelos, obra que acaba de licitar la Junta, para desbloquear la venta de viviendas y el futuro el Palacio de Congresos. El dinero de la venta de Quinta Real permitirá terminar las obras.