Segovia

Hasta 78 pueblos segovianos necesitan una depuradora para sus aguas residuales

La Ley de Aguas prohíbe el vertido «directo o indirecto de aguas y de productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico». Todos los vertidos al dominio público hidráulico deben disponer de un tratamiento de depuración que asegure el cumplimiento de los límites de emisión autorizados y las normas de calidad ambiental. La autorización establece los valores límite de elementos como el nitrógeno o el fósforo. El 94,6% de los vertidos urbanos de la provincia (adecuados y no adecuados) proceden de municipios de menos de 2.000 habitantes, aunque el volumen que representan (4,9 millones de metros cúbicos anuales) no llega al 20% del total.

Los protocolos para mejorar el tratamiento y la evacuación de las aguas residuales de estos municipios se instrumentalizan a través dos convenios entre la Diputación y la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl), la encargada de redactar los proyectos para la construcción de las depuradoras y quien licita las obras. La Diputación pone el 40% del precio de adjudicación. El proceso empezó en noviembre de 2020 con la firma de un convenio para los municipios entre 500 y 2.000 habitantes y se extendió después a un segundo para los que no llegaban a esa cifra.

La CHD subraya que la entidad de los vertidos no solamente depende del número, sino de su volumen y carga contaminante, máxime en una cuenca como la del Duero, con una elevada dispersión territorial. «El impacto de un único vertido será mayor cuanto mayor sea su volumen y su carga contaminante y cuanto menor sea el caudal del cauce en el que desagua». Por eso el impacto en los ríos segovianos de bajo caudal es mayor en verano y el entorno del Cega es uno de los grandes afectados.

De los vertidos de aguas residuales en Segovia en 2023, la inmensa mayoría –hasta 433 de un total de 502, un 86% del total– corresponden a vertidos urbanos, pero el mayor volumen de vertido (más de un 60% del total) proviene de las piscifactorías, a pesar de que hay sólo tres en la provincia. Seguidamente, vienen los vertidos industriales, con 67, y por último los achiques de minas, con un único vertido. Los urbanos incluyen tanto los provenientes de núcleos de población como otros que se pueden considerar como asimilables. El 68% de estos vertidos son de muy pequeño volumen (menores a 250 habitantes equivalentes, una medida que se utiliza para medir la carga contaminante de las aguas residuales.); mientras que el vertido de Segovia capital engloba, por sí solo, un 35 % de la carga contaminante total de la provincia, un dato medido en el agua residual bruta, previa a la depuración de la misma.

La carga contaminante real vertida depende del tratamiento de depuración. Aquí radica la clave del proceso, la diferencia entre un vertido sin depuración que traslada toda esa contaminación y los más intensivos, que bajan más de un 90% el impacto. Los tres núcleos de población de la provincia con más de 10.000 habitantes equivalentes (Segovia, Cuellar y El Espinar) disponen de un tratamiento de depuración terciario que permite la reducción significativa de las emisiones de nitrógeno y fósforo, los causantes principales de los problemas de eutrofización de las aguas, es decir, cuando reciben demasiados nutrientes. La CHD subraya que los vertidos urbanos de mayor tamaño «suelen disponer ya todos ellos de tratamiento adecuado», mientras que en los vertidos urbanos de pequeño tamaño «el porcentaje con tratamiento no adecuado es todavía bastante elevado». Lo corrobora la estadística. Casi la mitad de los vertidos del año pasado en la provincia (205, lo que representa un 47,6%), tuvieron un tratamiento inadecuado, pero apenas representan un 21,3% de la carga contaminante.

El programa para los municipios entre 500 y 200 municipios es el que más avanzado está. Hay dieciséis pueblos de estas dimensiones que tienen su proyecto de depuradora en ejecución: Escalona del Prado, Escobar de Polendos, Navalmanzano, Fuentesaúco de Fuentidueña, Maderuelo, La Matilla, Chañe, La Higuera, Zarzuela del Pinar, Navas de San Antonio, Mudrián, Labajos, Lastras de Cuéllar, Olombrada, Sacramenia y Torrecilla del Pinar. Mientras, Espirdo y Muñopedro tienen ya firmado el convenio. Otras once (Aldea Real, Campo de San Pedro, Arroyo de Cuéllar, Chatún, Fuenterrebollo, Garcillán, Navafría, Samboal, Remondo, San Pedro de Gaíllos y Santiuste de San Juan Bautista) tienen un convenio pendiente de ser aprobado por el pleno.

Otros ocho (Basardilla, Casla, Cubillo, Escarabajosa de Cabezas, Martín Muñoz de las Posadas, Montejo de la Vega de la Serrezuela, Muñoveros y Valverde del Majano) están en la fase de redacción, mientras que Aguilafuente, Gomezserracín y Vegas de Matute están aún en periodo de análisis. Somacyl refleja que La Losa ha quedado fuera del proyecto, así como que Codorniz, Roda de Eresma y Santo Tomé del Puerto han rechazo participar.

Menos avanzado está el proceso en los municipios de menos de 500 habitantes. Solamente Brieva y Montejo de Arévalo han aprobado el proyecto. Adrada de Pirón, Aldealengua de Santa María, Corral de Ayllón, Gallegos, Juarros de Voltoya, Santiuste de Pedraza, Santo Domingo de Pirón, Torre Val de San Pedro y Valle de Tabladillo están pendientes de la aprobación del pleno. Mientras, Caballar, San Miguel de Bernuy, Santa María la Real de Nieva y dos localides de Torre Val de San Pedro (La Salceda y Valle de San Pedro) están en fase de redacción. Otros 22 pueblos no han pasado de la fase de análisis: Aldeasoña, Añe, Arcones, Arevalillo de Cega, Cantalejo, Carabias, Castrojimeno, Cobos de Fuentidueña, Juarros de Riomoros, Melque de Cercos, Membibre de la Hoz, Navares de Ayuso, Navares de En medio, Ortigosa de Pestaño, Prádena, Puebla de Pedraza, San Cristóbal de Cuéllar, Sauquillo de Cabezas y Villeguillo.