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Año nuevo y presupuestos nuevos en el Ayuntamiento de Segovia. El equipo de gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha llamado ya a los diferentes grupos en la oposición de la corporación municipal para iniciar la ronda de contactos para debatir (y si se ... es preciso, negociar) la aprobación de las cuentas que gestionará el Consistorio en el ejercicio 2019. El portavoz socialista y concejal de Hacienda, Jesús García Zamora, ha confirmado que a lo largo de este pasado fin de semana ya se han ido cerrando las fechas para los encuentros, los cuales comenzarán esta semana. Asimismo, avanza que el montante total previsto en el proyecto de presupuestos municipales para el año que viene asciende a unos 65 millones de euros, una cuantía similar a la del curso que ahora baja la verja de cierre.
Es la gran cifra, junto a la que determinará el coste de las inversiones programadas, que estarán en función también de los remanentes obtenidos. Una partida destaca sobre todas las demás, ya no solo por su elevado coste sino por lo que significa. La terminación del edificio de emprendedores del Círculo de las Artes y la Tecnología (CAT) y, por tanto, la entrada por fin de empresas que doten de actividad a este enclave, está sujeta a un plan plurianual de inversiones que contempla un cargo de 2,55 millones de euros en el proyecto de presupuestos de 2019, tras haber adjudicado la obra en esta recta final del año.
«Vamos a ir en blanco porque no nos han dicho nada y va a ser todo nuevo», anticipa la viceportavoz del grupo municipal del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Segovia. La principal formación en la bancada de la oposición está, por tanto, a la espera de recibir y estudiar el documento. La premisa de partida que enarbola Suárez es que, «al igual que en presupuestos de otros años, estamos abiertos al diálogo». Otra cosa es que los populares estén o no de acuerdo con el proyecto contable ala hora de votarlo. Antes de conocer los detalles, la viceportavoz del PP municipal declara como una de las prioridades que «haya inversiones para los barrios», ya que a su juicio en cursos anteriores no han salido precisamente favorecidos en los presupuestos. Asimismo, confía en que incluyan «una partida cuantiosa para accesibilidad».
Otra de las inversiones que subraya en rojo el portavoz socialista emana de la consulta popular que se llevó a cabo para implicar a la ciudadanía en la selección de las propuestas que merecen ser arropadas por el abrigo de la financiación. En esta primera experiencia de los presupuestos participativos, la idea que resultó más votada fue la de instalar una especie de escalera mecánica para salvar el desnivel entre la calle Gascos y Vía Roma, cuyo coste ronda los 400.000 euros.
De esa consulta popular también salieron otras catorce propuestas, una por barrio y con partidas más modestas, que también deberán estar incluidas en el capítulo inversor de los presupuestos del Ayuntamiento para el nuevo ejercicio.
Después de dar por roto el acuerdo con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y de endurecer las críticas al equipo de gobierno que lidera la alcaldesa, Clara Luquero, la portavoz del grupo de Ciudadanos (Cs) avanza que se sentarán en la mesa para escuchar la propuesta de presupuestos para 2019, aunque a diferencia de otros años «no vamos a hacer propuestas porque luego no las cumplen», en un nuevo reproche a la política municipal que lleva a cabo el equipo socialista en el Ayuntamiento. Igualmente, «no vamos a llevar líneas rojas» a la negociación de las cuentas del curso que viene, pero «se estudiarán si son adecuadas», añade la concejala de Ciudadanos. García Orejana hace hincapié en que «la confianza en el PSOE está perdida porque de veintiún puntos que constaba el acuerdo han cumplido malamente ocho».
El proyecto que presentará a los grupos de la oposición el equipo de gobierno del PSOE tampoco se olvidará de los pagos de las cuantías correspondientes a sentencias perdidas por el Consistorio en litigios que arrastraba la corporación. Como señala la viceportavoz municipal del Partido Popular (PP), Azucena Suárez, son abonos «inevitables», como el de casi dos millones de euros derivado de la sentencia sobre el talud de la avenida Padre Claret. Otro abono pendiente con el que tendrá que contar las cuentas del Ayuntamiento en 2019 es la liquidación pendiente del 'parking' subterráneo de José Zorrilla.
En este sentido, la alcaldesa de la ciudad, Clara Luquero, comentaba a mediados del año que las arcas municipales disponían de un superávit de unos cinco millones de euros, por lo que en reiteradas ocasiones ha confiado en los remanentes de tesorería para hacer frente a algunos de estos gastos, siempre que fuera posible. Conviene recordar que la contabilidad del año que ahora termina destinó tres millones de euros al pago de sentencias contraria a los intereses del Ayuntamiento de la capital, la mitad que el curso anterior.
En lo que respecta a las previsiones de los ingresos, los presupuestos diseñados para 2019 han de tener en cuenta la subida que se aplicará al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). En un principio, cuando el pasado mes de octubre se aprobó en el pleno de despedida de José Bayón la ordenanza de tasas y precios públicos, la propuesta del gobierno socialista apenas introducía cambios con respecto a la fiscalidad vigente. Sin embargo, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este mismo sábado la actualización de los valores catastrales de cara al ejercicio que viene. Y en la lista de casi ochocientos municipios en España en los que la revisión ha sido al alza figura la capital segoviana.
El portavoz de Centrados en Segovia en el Ayuntamiento de la capital, Cosme Aranguren, admite que acuden a la cita por el portavoz del equipo de gobierno «en blanco porque no nos han dicho nada». En sus cálculos señala que «es posible que los gastos de personal aumenten en el mismo porcentaje que en la Administración». Asimismo, lamenta que «no nos han dicho los remanentes que hay», lo que permitiría bosquejar las inversiones reales. En cuanto a su posición en las negociaciones que se avecinan, avanza que Centrados «no va a apoyar un euro más de inversión para el CAT hasta que no esté todo claro» en torno a esta infraestructura. Asimismo, insta al Partido Socialista en el gobierno municipal a que detalle cuál es la situación de este proyecto, ya que era uno de los puntos del acuerdo de presupuestos con Ciudadanos.
El concejal de Hacienda confirma esta actualización y apostilla que el Ayuntamiento «no ha variado el tipo que aplica», tal y como quedó aprobado en la votación de la ordenanza de tasas y precios públicos de 2019. García matiza que la subida que va a registrar el recibo del citado impuesto es fruto del aumento del propio valor catastral aprobado en el último Consejo de Ministros.
A este respecto, el PP en el Ayuntamiento propuso en el seno de la comisión previa al debate y aprobación de los precios públicos de 2019 la reducción del tipo de gravamen del IBI del 0,4813 al 0,45%. Sin embargo, la iniciativa fue rechazada. En cuanto a la actualización catastral publicada este sábado, la medida del Gobierno estipula que aquellos municipios que revisaron por última vez el catastro antes de 2004 verán incrementada la valoración de las viviendas, con un coeficiente que varía entre el 1,05 para los que se sitúan entre 1984 y 1989 y del 1,03 para los que lo hicieron entre 1990 y 2000, informa la agencia Efe. El coeficiente será de 1,02 para las localidades en las que el catastro se actualizó por última vez entre los años 2001 y 2003.
Una de las repercusiones inmediatas que tendrá ese alza del valor catastral y la consiguiente subida del recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles será en la previsión de ingresos del Ayuntamiento de la capital, que se verán incrementados en este capítulo de la recaudación. Por otra parte, García Zamora recuerda que la ordenanza de precios públicos que salió adelante hace tres meses no introducía cambios en otras facturas, como la del agua o la de recogida de basuras.
Izquierda Unida (IU) también está a la expectativa de que el PSOE en el gobierno municipal especifique en las reuniones que van a empezar esta semana el proyecto presupuestario para 2019. El concejal de la coalición cree que «el debate ha empezado antes de tiempo», cuando los grupos de la oposición ni tan siquiera conocen el documento. En esta línea, señala a la alcaldesa, Clara Luquero, a la que recrimina que «ha empezado a apelar a la responsabilidad de los grupos para que se aprueben». Galindo considera estas declaraciones de la regidora como «un chantaje», ya que «lo primero es conocer la propuesta». En cuanto al sentido que han de tener las cuentas de 2019, el portavoz de IU defiende «la municipalización de servicios que ahora están gestionados por empresas, el aumento del gasto social y de la inversión en accesibilidad», entre otras.
A modo orientativo, el ejercicio que se despide hoy manejó una previsión de ingresos a través de impuestos y tasas de 38,4 millones de euros. Seis de cada diez euros que llegan al Ayuntamiento por este cauce de la recaudación provienen del abono del IBI y de la tarifa del agua.
Este año que acaba, el gobierno socialista y la principal bancada de la oposición se han enfrascado por la presión fiscal que soportan los segovianos. Para el PP, es sumamente alta, situándose en el vagón de cabecera de España debido al pago medio anual de 772 euros, de los que 352 corresponden al IBI.
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