El PSOE llevará a los tribunales la designación de un concejal del PP al frente del Juan Bravo

San Macario incide en que dicho documento es lo que falta para formalizar los términos de la demanda, que estará arropada por una serie de informes jurídicos que han hecho que los socialistas den el paso de judicializar el nombramiento. El movimiento del PSOE responde –según argumenta su portavoz del grupo provincial– a la necesidad de «ver si hay una razón jurídica para un hecho que tiene su razón política, que no es otra la de crear un puesto 'ad hoc'» para Marco Antonio Costa.

El representante socialista asegura que la denuncia no trata de poner en duda ni la experiencia, ni los conocimientos ni la valía profesional de Costa, que lleva años como coordinador del Juan Bravo y siendo el encargado de diseñar la programación y de regir los designios del teatro; pero San Macario intuye que su nombramiento es más una cuestión de «amiguismo» que de méritos.

El portavoz del grupo socialista recuerda que fue el pasado mes de diciembre cuando el gobierno de la Corporación provincial asignó a Costa la dirección del Juan Bravo mediante la fórmula de la libre designación de personal de confianza. Entonces la oposición ya expresó su disconformidad, que ahora se torna en demanda judicial. Máximo San Macario cuestiona el método y subraya que «lo adecuado tenía que haber sido convocar la plaza en libre concurrencia para que hubiera igualdad de condiciones» en la competencia por el puesto y «no que no se tenga ningún tipo de exigencia».

En cuanto al informe jurídico que elaboraron los técnicos de la institución provincial para avalar la designación de Marco Antonio Costa, el portavoz de la bancada socialista señala que «tiene carencias y no logra tapar deficiencias en la designación». «Hay que eliminar las actitudes caciquiles de cualquier institución», hace hincapié San Macario.

Por su parte, el vicepresidente de la Diputación y máximo responsable del área de Cultura, José María Bravo, defiende la legalidad del nombramiento y se ampara en la documentación de los servicios jurídicos referida al personal de la Corporación «que lo corrobora». Asimismo, hipotetiza que si al final los tribunales determinan alguna irregularidad, «se verá si se trata de un tema técnico, pero desde luego no es algo político». El nombramiento responde a «una acumulación de funciones», matiza el diputado popular, que lo compara con lo se ha realizado en el Instituto de la Cultura Tradicional, ya que además son puestos temporales, que estarán vigentes «hasta que salga la plaza».