claudia carrascal
Segovia
Lunes, 9 de agosto 2021, 17:21
El modelo de producción ganadera para consumo humano genera serias controversias, también en la provincia de Segovia, que alberga cerca del 30% de la cabaña porcina de toda Castilla y León con 1,2 millones de cabezas, según datos de la Consejería de Agricultura, ... Ganadería y Desarrollo Rural. Además, las exportaciones de esta carne han aumentado algo más del 60% en tan solo cinco años, alcanzado ya las 2.000 toneladas anuales.
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En Segovia hay 23 granjas de porcino en estado de tramitación. 19 corresponden a nuevas autorizaciones y 4 a ampliaciones de las ya existentes, por incremento de más del 50% de la capacidad. Además, el total de granjas porcinas en la provincia que cuentan con autorización ambiental a principios de julio era de 99 instalaciones con autorización ambiental. Por lo que en los próximos meses se prevé un incremento cercano al 20%. Según los datos de la Federación Empresarial Segoviana (Fes), en la provincia hay unas 700 granjas, de las cuales en torno a 600 son comerciales y 100 de autoconsumo que generan 2.000 empleos directos y 800 empleos indirectos.
En los últimos años se ha producido un cambio en el modelo productivo con una clara tendencia a las granjas de grandes dimensiones y a la desaparición de los pequeños ganaderos tradicionales. Ante esta situación se ha creado la plataforma Futuro Limpio Campiña Segoviana, que lleva desde junio manifestándose para visibilizar el problema que sufren los municipios segovianos y exigir una moratoria a todas las nuevas licencias hasta que se evalúe la calidad de los suelos, el aire y el agua.
Álvaro Yanguas, portavoz de la agrupación, explica que no tienen nada en contra de las empresas del sector porcino porque sus integrantes son personas de los pueblos conscientes de que la riqueza y el empleo que crean estas industrias. Sin embargo, están preparando una demanda colectiva contra la Junta de Castilla y León porque consideran que las autorizaciones las otorga a nivel individual, sin tener en cuenta el panorama global. «La administración autonómica carece de una legislación macro, que permita valorar lo que sucede en la provincia teniendo en cuenta la vulnerabilidad del territorio y los límites establecidos por Bruselas para el conjunto del territorio».
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A su juicio, esta situación impulsada por intereses económicos es insostenible porque en una provincia con 153.000 habitantes hay más de 1,2 millones de cerdos. Asimismo, subraya que España es el único país de la Unión Europea que continúa aumentando sus emisiones de amoniaco y es el segundo mayor productor de porcino del mundo, solo detrás de EE UU, con 55 millones de cerdos al año. Según los datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, más conocida como FAO, la industria cárnica aporta el 14,5% de los gases de efecto invernadero, un porcentaje superior al del transporte terrestre. Además, hay en proyecto o en proceso de construcción hay cerca de 20 en municipios como Bernardos, Domingo García, Añe, Pinilla, Balisa, Sangarcía, Nieva, Juarros, Martín Muñoz de las Posadas, Paradinas, Valverde del Majano, Hoyuelos, Laguna Rodrigo y Santiuste de San Juan Bautista. La mayor parte de estos territorios están declarados vulnerables por decreto de la Junta de Castilla y León del 2020, el cual indica que en los últimos 11 años las zonas vulnerables han pasado de 10 a 24, y los municipios de 67 a 387. Otras localidades como Aguilafuente, Cantalejo, Cantimpalos, Cuéllar, Fuentepelayo, Navas de Oro o Turégano también se encuentran en riesgo.
Según Yanguas estas autorizaciones se están produciendo de forma masiva porque tanto empresarios como administraciones son conscientes de que a partir de 2023 la normativa europea sobre bienestar animal será mucho más estricta. Algo que considera lógico porque «nos estamos cargando nuestro territorio, la provincia y el planeta y multiplicando enfermedades respiratorias, cutáneas, la diabetes, el colesterol, la hipertensión o el número de cánceres», advierte Yanguas.
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Desde su punto de vista, la creación de 15 puestos de trabajo para una granja de 10.000 cerdos no es aliciente suficiente porque «quitan mucha vida a los pueblos», ya que hay gente que no abre hoteles rurales en la zona y no compra segundas residencias por los olores de los purines o la mala calidad del agua. Tampoco ve lógico que hablen de bienestar animal cuando tienen a 6.000 cerdos en 4.000 metros cuadrados.
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