La provincia tiene registradas 7.596 armas activas, una por cada veinte habitantes

De las licencias de la oficina de Segovia, la mayoría son de escopeta (2.388) para ser empleadas en caza menor y de rifle (1.195) para presas mayores. Además, en menor medida hay que contabilizar los 105 permisos que acreditan su uso a vigilantes de seguridad (la licencia tipo C) o las 51 autorizaciones de avancarga para armas antiguas, de coleccionismo. Asimismo, las licencias de clase A, que son las que certifican la posesión de armas a policías y militares suman 622 permisos en Segovia capital.

Pero hay más opciones. Así, el permiso F para usuarios que disparan con armas de concurso como puede ser el tiro al plato cuenta con 67 titulares. También hay autorizaciones para menores (la licencia M), que contabiliza una decena en la capital. En este tipo se cumple el precepto de que quienes no han alcanzado la mayoría de edad ni pueden comprar armas, pero pueden ir acompañados de un adulto. La lista la completan las 18 licencias L, de colección; que a diferencia de la C, que sí pueden trasladarse a una galería para disparar con ellas, estas no pueden salir de la vivienda.

Hay tarjetas europeas (14) para cazadores que quieren disparar en otros países del convenio comunitario. Y licencias anestésicas (9) para los veterinarios; por ejemplo, un arma de dardos para tranquilizar al ganado.

La evolución de la oficina de intervención de Segovia vincula la posesión de armas al envejecimiento demográfico. Entre 2018 y 2022, la oficina ha tramitado 382 nuevas licencias y ha dado de baja 1.067; en 2020, en los peores momentos de la pandemia del coronavirus, vencieron 368 permisos. La Guardia Civil pide valorar estos datos con cautela, pues las licencias se expiden con una vigencia generalizada de cinco años y es complicado trazar una evolución anual.

Del total de licencias concedidas este lustro (3.382), la inmensa mayoría (3.000) corresponden a la renovación de autorizaciones concedidas con anterioridad.

Solamente hay un arma corta de defensa personal, un concepto extendido en países como Estados Unidos o Sudáfrica. La ley exige acreditar «suficientemente» la amenaza o pertenecer a un colectivo de riesgo. En estos supuestos está el terrorismo. Sin embargo, la defensa de bienes materiales –como puede ocurrir con la casa de un joyero– no está contemplada como razón suficiente para disponer de autorización para poseer un arma corta. La Guardia Civil de Segovia pone como ejemplo a «un profesional que haya estado bregando con la delincuencia» y pasa a reserva. Las Subdelegaciones del Gobierno son las encargadas de autorizarlo.

«Las licencias de armas no son un derecho de ciudadano, sino una potestad discrecional del Estado. Es el que valora la idoneidad de cada persona para tener armas y que vas a dar un uso. No se puede tener armas por tenerlas», aclara la Benemérita.

La concepción restrictiva del acceso a las armas define a España frente a otros países en los que sí se considera un derecho y que, por ejemplo, consagran la defensa de la vivienda en su Constitución. Los requisitos parten de cumplir con una serie de condiciones psicofísicas, además de no arrastrar antecedentes, no solo penales o policiales, sino de conducta. «Es uno de los países más restrictivos del mundo», resume el responsable de la Guardia Civil. Con carácter general, las licencias se conceden por cinco años.

En el inventario hay 821 armas inutilizadas; el propietario se la quiere quedar de recuerdo y solicita un procedimiento que consiste en enviarlas al banco de pruebas de Eibar para impedir que pueda disparar y otorga un certificado para que puedan quedarse en casa como objeto decorativo. Con todo, estas armas no están exentas de control. Y no se pueden tirar de cualquier manera. No es la primera vez que una viuda deposita la escopeta de un cazador en un contenedor.

La Guardia Civil controla las armas y a sus titulares. Ello implica pedir la revocación de su licencia cuando aparece nueva información; por ejemplo, un caso de violencia. Los usuarios deben llevar las armas a revista cada cinco años para renovar su licencia. «Nosotros comprobamos que las armas siguen existiendo, que no se han modificado ni alterado su numeración», explican en la Comandancia. A ello hay que añadir un reconocimiento médico y justificar el uso del arma a través de una licencia de caza o de una federación deportiva; por ejemplo, tiro al plato.

Cada expediente se completa con informes de conducta del entorno cercano al propietario. «Si vive en Palazuelos, el jefe de la Guardia Civil en La Granja nos informa si hay algún hecho incompatible con la tenencia de armas», especifica la Guardia Civil. En esencia, amenazas o violencia doméstica. «Hay que ver cada caso», resume el agente, que se apoya también en sentencias judiciales si se trata de hechos probados. El interesado puede alegar en un trámite de audiencia, como cualquier expediente administrativo.

Esto se complementa con un control periódico de las licencias de armas que han caducado sin que los titulares hayan acudido a entregarlas. Lo habitual era mandar una carta; ahora envían un SMS o un correo electrónico. Si esa comunicación no tiene éxito, envían un requerimiento expreso, el paso previo antes de la denuncia por desobediencia. Los agentes forestales incautan armas ante una infracción de la ley de caza.

Algo excepcional, pero que también ocurre, es incautar armas en controles rutinarios. Por ejemplo, una navaja prohibida, un spray no homologado o un arma blanca. Lo habitual es que los artilugios prohibidos vayan a chatarra; en el caso de los legales, se intervienen hasta que el propietario paga la sanción. Las armas que se incautan como parte de la investigación de un delito pasan a disposición judicial.

El catálogo de armas permitidas no ha variado demasiado. El paradigma de arma vetada son las automáticas –un gatillo que dispara ráfagas–, salvo en los ejércitos, que disponen de un control autónomo de sus armas. Hay sprays de autodefensa permitidos y la Guardia Civil recibe cada año un listado actualizado que elabora el Ministerio de Industria.