Segovia

La prohibición de escalar el Acueducto está detrás de casi dos multas al mes

Está prohibido subir al Acueducto, escalar sus sillares o trepar sus arcos. Pero no es una realidad nueva, sino que este comportamiento es castigado desde hace décadas. No obstante, la última modificación de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana, vigente desde el pasado 11 de marzo, incluyó dos disposiciones adicionales. La primera, en relación con la graduación de las multas respecto a las injerencias que afectan al monumento romano con motivo de su trascendencia social. La segunda, relativa a la tramitación de los expedientes sancionadores que pudieran resultar de la aplicación de la norma.

La multas económicas se encarecieron hasta 25 veces más en un abrir y cerrar de ojos. Desde los 60 y 125 euros, aproximadamente, hasta alcanzar los 3.000, según el tipo de infracción. Hasta el momento, la más popular ha sido la de encaramarse en los arcos del Acueducto en sus partes menos elevadas, que ha resultado en un total de doce expedientes sancionadores.

Son casi dos denuncias al mes, según confirman fuentes municipales. Esto no quiere decir que, a lo largo del año, se hayan producido otras conductas ilícitas o haya habido conatos de llevarse a cabo. Contra todo pronóstico, la tendencia de la interposición de multas no es ascendente o descendente, sino que se ha mantenido constante a lo largo del tiempo.

Al menos un cartel advierte, en varios idiomas, sobre las prohibiciones y otras prácticas incívicas de cara a reforzar la protección del Acueducto. Este panel está ubicado en la plaza de Día Sanz que, curiosamente, es el escenario protagonista al aparecer inscrito en la práctica totalidad de las sanciones, salvo una excepción puntual. ¿El motivo? Se trata de una de las zonas de menor altura de los arcos del monumento respecto al suelo y, además, es muy próxima a la plaza del Azoguejo, que suele congregar a cientos de turistas cada día.

El Consistorio no ha proporcionado datos concretos sobre el perfil de infractor, aunque se conocen varios casos noticiables de imprudencias cometidas por visitantes a la ciudad, al desconocer la normativa. Uno de los principales objetivos que pretenden al subirse a los sillares es capturar el momento en una fotografía, que luego se publica incluso en diferentes redes sociales, una cuestión que llega a explicar el aumento de esta conducta negativa en los últimos años.

El reglamento recoge varias infracciones, desde las más leves (beber y comer en el ámbito definido por los arcos del monumento) hasta las graves (depositar o lanzar residuos junto a los pilares, introducir restos entre las juntas, apoyar en las piedras bicicletas, carteles, bolsos o escombros) y muy graves (verter sustancias que afectaran a su integridad, acceder a la parte superior y al canal sin autorización, escalar los arcos o hacer grafitis). Las multas van desde los 750 hasta los 3.000 euros.

Llama la atención que el total de denuncias interpuestas en los últimos siete meses se deben al incumplimiento de la prohibición de subir al Acueducto, por lo que todas las sanciones conocidas, desafortunadamente, están dentro del mayor rango de gravedad.

La Policía Local puso la primera de estas multas apenas 48 horas después de la entrada en vigor de la nueva ordenanza, el 13 de marzo, cuando los agentes sorprendieron a una persona encaramada a un sillar. La siguiente llegó el 23 de abril, Día de Castilla y León, y el 8 de mayo se abrireron dos expedientes. Nada comparado con la jornada récord del 4 de junio, que finalizó con cinco denuncias, de las cuales cuatro se corresponden con los integrantes de un mismo grupo de personas.

En pleno festivo nacional del 15 de agosto, se sumó otra sanción, y lo mismo sucedió el 10 y 23 de septiembre, hace poco más de dos semanas, respectivamente, cuando llegaron los últimos dos expedientes de los que se tiene constancia. Estos documentos son tramitados por la sección de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento y no necesariamente todos finalizan con el pago de una cantidad económica.

La normativa recoge la posibilidad de sustituir la multa monetaria por sesiones formativas, participación en actividades cívicas u otros tipos de trabajos para la comunidad. Esta petición, que tiene que ser emitida por el interesado, se decide dentro de cada expediente, que puede ser aprobada tras dar cuenta de la infracción cometida.

De las doce denuncias notificadas hasta el momento, dos han finalizados por el pago voluntario por parte de los infractores, cinco cuentan solo con una resolución firme, cuatro aún están en el proceso de tramitación y en la última se ha interpuesto un recurso de reposición tras confirmarse la multa.