La previsible cascada de recursos aplaza hasta otoño la constitución de la Diputación de Segovia

Unas direcciones políticas calculan que el desenlace de la enredada trama sobre la conformación de la Diputación de Segovia podría resolverse a finales de agosto o principios de septiembre; pero también hay predicciones menos halagüeñas que alargarían todavía más el calendario hasta empezar a deshojar el otoño sin tener definida la composición ni la presidencia. Así, en el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), como el resto de siglas, los responsables intuyen una cascada de recursos y alegaciones en los tribunales que los jueces tendrán que resolver. Sin entrar en muchos más detalles, el secretario de Organización de la fuerza del puño y la rosa en la provincia, José Antonio Mateo, vaticina que ese complicado desenlace puede posponerse «a septiembre o más allá incluso».

El propio presidente en funciones de la Corporación y secretario autonómico del Partido Popular (PP), Francisco Vázquez, anticipó el 31 de mayo –cinco días después de que los resultados electorales arrojados por las urnas complicaran el escenario y obligaran a emprender negociaciones a nivel regional y municipal– que un recurso podría retrasar todo el procedimiento. Y así ha ocurrido.

El detonante, la reclamación de Ciudadanos (Cs) por la falta de coincidencia entre el número de votos emitidos en la capital segoviana y la cantidad de votantes. Vázquez ya dejó entrever entonces que los recursos a raíz de supuestos fallos en el recuento «pasan siempre cuando los resultados son muy ajustados y también cuando hay mucha fragmentación; en otras ocasiones no se ha producido porque no había tanta disgregación». Es decir, que hay que contra que ellos.

También en esa primera semana postelectoral, el dirigente popular deducía, a raíz de las primeras escaramuzas ante la Junta Electoral por los resultados en la capital, que la Diputación podía posponerse «hasta agosto». Quizás se quedase corto a juzgar por la sucesión de acontecimientos posteriores. Desde entonces, desde aquella primera queja de la formación naranja, se han desencadenado los giros de guion que hacen que la composición definitiva de la Diputación de Segovia se mantenga en el aire hasta finales del verano o incluso los albores del otoño.

Los votantes y la aplicación de la ley D'Hont decidieron que el PP perdiera un representante en la institución que preside desde 1991 y pasara de trece a doce diputados provinciales en la próxima Corporación, lo que también le arrebata la mayoría absoluta. Por su parte, el PSOE se quedaba con diez escaños; irrumpía Ciudadanos con dos, y el sillón restante fue para Izquierda Unida.

Precisamente el coordinador provincial de IU, José Luis Ordóñez, también deduce que habrá que «ser pacientes». Esta coalición tiene abierto el frente de la gobernabilidad de la Alcaldía de Segovia. «Las conversaciones, aunque continúan, se han ralentizado», admite. Al mismo tiempo, revela que la organización todavía no ha recibido notificación oficial de la Junta Electoral. Como pone de manifiesto el secretario socialista de Organización, lo que vale es el acta del citado órgano.

Izquierda Unida no baja la guardia tras el sobresalto de este fin de semana provocado por «el error en la transmisión de los datos» admitido y subsanado por Interior, como han reconocido fuentes ministeriales. El Ministerio rectificó y adjudicó de nuevo el escaño que el martes día 11 la plataforma digital de los resultados electorales locales había quitado a IU para dárselo a los populares. Tras la corrección, Izquierda Unida ha recuperado su diputado provincial y el PP se queda con los doce que les dieron las urnas el 26 de mayo. Es decir, sin mayoría absoluta y a expensas de pactar.

Pues bien, el Partido Popular que preside en la provincia Paloma Sanz ha anunciado ahora que «tomará las medidas legales posibles» para aclarar la «confusión creada» por el Ministerio del Interior con respecto al reparto de disputados provinciales. Por el momento, la formación mantiene el mutismo de las últimas jornadas sobre cómo influiría un pacto regional con Ciudadanos en el gobierno de la Diputación que se constituya, y extiende ese manto de silencio sobre las incógnitas acerca de cómo se concretaría la judicialización de los resultados electorales tras el «error» de Interior.

Si las acciones del PP surten el efecto que desean sus dirigentes, es más que probable que detonaran el efecto dominó. Es decir, empujarían a otro movimiento de ficha por parte de las fuerzas políticas que se vieran damnificadas por la decisión, según se desprende de las hipótesis que baraja Ordóñez, quien de momento afirma que Izquierda Unida prefiere poner el foco de atención en la capital segoviana y en las negociaciones abiertas con el PSOE sobre posibles acuerdos programáticos para el mandato que se avecina.

En Ciudadanos piensan igual. «Vamos por partes», revela el secretario de Acción Institucional, Alfonso Martín, quien también vislumbra que la resolución sobre la Diputación tiene visos de alargarse. Su prioridad ahora es el Consistorio y su recurso en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL); y luego se meterán en harina con los demás frentes abiertos.

Por lo tanto, el panorama postelectoral en Segovia sigue en el aire veinticuatro días después de las elecciones. Por un lado, pendientes del Ayuntamiento de la ciudad por el contencioso electoral de Cs contra el acta de proclamación de electos en el municipio de Segovia firmado el día 4 por la Junta Electoral de Zona. Socialistas, Izquierda Unida y Podemos-Equo coinciden en asegurar que, en función del lado del que se decante el fallo, puede haber o no efectos colaterales en el proceso de constitución de la Diputación. No en vano, si la sentencia estima el recurso, Ciudadanos sumaría un concejal hasta llegar a cuatro a costa del que perdería el PSOE, y abrirá un nuevo escenario para la negociación, con una mayoría absoluta si el Partido Popular llega a un acuerdo de gobierno con la formación naranja.

Tras haber presentado las alegaciones y la documentación «en tiempo y forma», asegura Alfonso Martín, ahora falta por saber el dictamen del TSJCyL. En este proceso está personada la coalición Podemos-Equo, que sí registró su solicitud a tiempo, no como los populares o los socialistas. Sin embargo, el PSOE trabaja de manera conjunta con las filas moradas «en defensa de la mayoría progresista», tal y como ha revelado el secretario de Organización del Partido Socialista en la provincia.

A la espera, por lo tanto, de conocer el fallo de la Sala Regional con respecto a los resultados de la capital segoviana, la citada personación abre la posibilidad de nuevas apelaciones antes de la conformación de la corporación del Ayuntamientoy de la celebración de la sesión de investidura, prevista para el 5 de julio, veinte días después de la fecha estipulada para las constituciones de los consistorios.

Como muy tarde el fallo podría conocerse el 2 de julio, apuntan las direcciones de los partidos. Como ha explicado el teniente fiscal de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, Emilio Fernández Rodríguez, una vez presentadas las alegaciones por parte de las partes en el recurso contencioso electoral planteado por Ciudadanos, tocará emitir un informe. Al ser un procedimiento «urgente y preferente, como establece la ley, se tramitará de forma rápida». El teniente fiscal apuntaba recientemente, aunque a modo de hipótesis, que la resolución podría estar lista a finales de esta semana o a inicios de la que viene.