El caso de las prejubilaciones de Caja Segovia sigue pendiente del Tribunal Supremo

La sentencia absolutoria dictada el pasado 26 por la Audiencia Provincial no puso el punto y final al procedimiento judicial iniciado en 2011 sobre las prejubilaciones millonarias aprobadas y percibidas por la antigua cúpula de Caja Segovia. El epílogo al caso lo firmará el Tribunal Supremo, ya que la acusación particular de la fundación heredera de la Obra Social y Cultural tomó la decisión de recurrir en casación el archivo de la Sala Regional. Aquel carpetazo de marzo rubricó el final del largo y enrevesado camino judicial seguido por la denuncia que interpuso el partido Unión Progreso y Democracia de Segovia hace ahora ocho años por unos posibles delitos de apropiación indebida y de administración desleal.

Sin embargo, dos de los exdirectivos que se sentaron en el banquillo durante el juicio más largo que se conoce en la historia reciente de la Justicia en Segovia todavía no pueden escribir ese punto y final. Se trata del que fuera director general de Caja Segovia, Manuel Escribano, y del secretario general y también exdirector de la entidad de ahorros, Miguel Ángel Sánchez Plaza. El resto de acusados –Atilano Soto, Manuel Agudíez, Elena García Gil, Antonio Tapias, Enrique Quintanilla, Óscar Varas, Juan Bautista Magaña, Juan Antonio Folgado y Malaquías del Pozo– siguen esta prórroga judicial desde la barrera.

La representación legal de la Fundación Caja Segovia, ejercida por el abogado Rafael Yturriaga, interpuso un recurso en casación contra la sentencia de la Audiencia, por lo que el Supremo tendrá que decidir si, en primer lugar, lo admite. En ese recurso, la acusación particular considera que tanto Escribano como Plaza se beneficiaron, teniendo sendos contratos de alta dirección, del plan de prejubilaciones millonarias que aprobó el consejo de administración justo antes de la integración en el grupo financiero liderado por Caja Madrid.

En cualquier caso, el abogado penalista Luis Rodríguez Ramos, que representa a Escribano, avanza que impugnará el recurso de la fundación que preside Javier Reguera. «Es difícil convertir una sentencia absolutoria en condenatoria en una segunda instancia si no se modifican los hechos y evidencias para que sea delito», explica el letrado. Asimismo, Rodríguez Ramos también duda de que se pueda atribuir a Escribano un posible delito de administración desleal cuando «no era un administrador».

Para todos los demás exdirectivos que pasaron por el banquillo de la Audiencia Provincial, la absolución es firme, por lo que también está pendiente la devolución de la fianza que depositaron, que calcula el abogado que en total ronda los seis millones de euros. «En Alemania además les hubieran indemnizado», comenta el penalista en tono crítico por cómo se ha desarrollado el proceso.