El pleno municipal de Segovia resuelve el contrato de Los Tilos por temor a pagos más costosos

La resolución del contrato administrativo entre el Ayuntamiento e Isolux-Corsán para la redacción del proyecto del aparcamiento subterráneo que se pretendía construir en la ladera del paseo del Salón motivó una intensa discusión entre el Partido Socialista y el resto de grupos de la corporación, en especial con Ciudadanos y el Partido Popular, formaciones que señalaron las irregularidades administrativas que consideran se han producido en un proceso que le costará al Ayuntamiento casi 190.000 euros (entre indemnizaciones y pagos de trabajos).

La portavoz de Ciudadanos, Noemí Otero, insistió en calificar los puntos tratados por el pleno como «otra chapuza del equipo de gobierno» y al igual que hiciera el día anterior, señaló que se trata de un procedimiento que puede acarrear «serias consecuencias» para el Ayuntamiento, tanto económicas como incluso jurídicas al considerar que existen «hechos que incluso presuntamente podrían calificarse de delictivos». En concreto, Otero se refirió a los informes de la jefa de contratación del Ayuntamiento y del interventor municipal en los que se afirma «desconocer quien encarga los trabajos» que ahora la administración debe pagar a Isolux-Corsán, que «no existe un procedimiento contractual que sirva de cobertura para el reconocimiento de los servicios prestados» o que al expediente «le son aplicables reparos de legalidad» en una actuación de «especial trascendencia tanto por el elevado importe como por la ausencia total y absoluta de la más mínima tramitación del expediente».

Por esos motivos la portavoz de Ciudadanos argumentó el voto en contra de su formación al pago de los 95.600 euros a Isolux-Corsán, cantidad que insistió debe pagar el responsable de haber contratado de forma verbal esos trabajos. «Es nuestro derecho pedir y es su obligación decir quién contrató esos trabajos. Los informes deben tener nombres y apellidos», esgrimió Otero al equipo de gobierno sobre un asunto que consideran «tiene tintes de ilegalidad». La respuesta a su petición corrió a cargo concejal de Hacienda, Jesús García Zamora. «El informe dice que es el alcalde el que encarga los trabajos. Ahí viene clarito», expuso el también portavoz socialista. Por lo tanto, descargó la responsabilidad en Pedro Arahuetes, alcalde de la ciudad en el momento en el que contrataron esos «trabajos a mayores de los que estaban encomendados fruto de que la Junta tuvo a bien enviar el expediente a la Unesco y eso incurrió en una serie de gastos que no estaban previstos».

No obstante, y aunque reconoció que se trata de un procedimiento irregular desde el punto de vista administrativo, precisó que «no es ilegal» y que aquellos trabajos realizados han servido recientemente para la elaboración del Peahis. «Habría que verse en el papel del alcalde de aquella época. A mi personalmente no me gusta mucho ese procedimiento, pero es verdad que hay veces que los procedimientos administrativos son eternos», explicó el portavoz socialista, quien acusó a Otero de sobreactuar son sus sospechas de actos delictivos.

Pero las críticas a la gestión realizada también llegaron desde la bancada del Partido Popular. Su portavoz, Pablo Pérez Coronado, defendió que el contrato con la empresa concesionaria ya se resolvió en un pleno de finales de 2016, por lo que acusó al equipo de gobierno de «camuflar un pago a Isolux-Corsán con una mentira». Añadió el concejal popular que un acuerdo verbal «en ningún caso es un verdadero contrato administrativo» y calificó de «barbaridad» que la empresa se vaya a llevar «casi 200.000 euros por no realizar nada».

García Zamora rechazó que el equipo de gobierno tenga en su agenda la construcción de un aparcamiento en la zona y defendió la necesidad de aprobar el pago para resolver un contrato que no se resolvió en 2016 debido a la apelación judicial de la empresa, que reclamaba en los tribunales 1,2 millones de euros. «La forma de resolverlo es con esto», añadió el portavoz del PSOE, confiado en que con la resolución del contrato el Ayuntamiento ganará «certeza económica». Sus argumentos convencieron a los otros dos grupos de la corporación –IU y Podemos-Equo–, mucho más tímidos en sus críticas al gobierno socialista aunque sin «restar un ápice a la mala práctica administrativa», según indicó Galindo.

El portavoz de IU defendió su voto a favor de la resolución del contrato en vista de evitar problemas económicos mayores en el futuro, mismo argumento que motivó la abstención del edil de Podemos-Equo, Guillermo San Juan. «Esto es un ejemplo de como no se tienen que hacer las cosas», afirmó.

Tras dos votaciones con igualdad de apoyos y rechazos, el voto de calidad de la alcaldesa fue necesario para sacar adelante el dictamen. Pero aún había tela que cortar en el pleno.

La auditoría del departamento de Urbanismo fue la segunda bala de los grupos de la corporación para criticar la gestión del gobierno socialista durante los últimos años. De nuevo Izquierda Unida y Podemos-Equo menos intensos en sus críticas –centrada en la política de expropiaciones seguida durante muchos años por el Ayuntamiento para conseguir suelo dotacional– debido a su pertenencia o apoyo al actual equipo de gobierno.

Fueron Ciudadanos y Partido Popular las formaciones que concluyeron que la auditoria desprende «déficit del área o presupuestos falseados». Los populares además recordaron las dimisiones de Reguera, Aragoneses y Conde, mientras que Luquero recordó que no se ha cometido ninguna ilegalidad y que desde 2018 trabajan en modernizar el departamento de Urbanismo.