La Diputación de Segovia ha aprobado en pleno el Plan Estratégico de Subvenciones para el periodo 2025-2027. Es la primera vez que la institución provincial cuenta con este documento que incorpora los objetivos estratégicos y los vinculados con los programas, las líneas de subvención en que se expresan las áreas de competencia afectadas, los objetivos y efectos que se pretenden perseguir, el plazo de consecución, los costes previsibles y fuentes de financiación, el plan de acción, el régimen de seguimiento y evaluación continua y los resultados de la evaluación. Además, indica aquellas subvenciones que se encuentran excluidas. No obstante, siendo este un documento programático, se permiten realizar aquellas modificaciones y actualizaciones necesarias, siempre que se encuentren debidamente motivadas y justificadas, a propuesta de los órganos gestores. Ello irá, además, en concordancia con las previsiones de seguimiento y evaluación que el propio plan contempla.
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El plan contó con los votos a favor del grupo popular. Izquierda Unida se abstuvo porque no está de acuerdo con su contenido, «continuista y poco ambicioso», y Vox votó en contra porque promueve «la igualdad de género». También fue contrario el voto del PSOE porque, a su juicio, el plan sigue la línea de subvenciones «nominativas y clientelares». El diputado de Recursos Humanos, Gobierno Interior y Administración General, Jaime Pérez (PP), respondió que el documento «tiene la estructura lógica que nos va a permitir seguir trabajando en una línea que funciona porque son magníficamente recibidas por todos los beneficiarios».
En el turno de las mociones, se debatieron dos. La primera las presentaron conjuntamente el grupo socialista y el grupo mixto IU con el objetivo de impulsar un plan provincial de retirada del amianto, la elaboración de censos municipales y la creación de un calendario, así como la articulación de una línea de subvención para financiar su retirada por el «grave riesgo que supone este elemento para la salud de las personas».
El diputado de Vox votó a favor de esta propuesta, pues, aunque considera que se trata de «una obligación de difícil cumplimiento y una petición populista», comparte que el amianto «es un elemento nocivo para la salud» y no entiende que «una ley imponga la elaboración de este censo y además la retirada, que es algo casi imposible y con un coste elevadísimo». El portavoz popular, José María Bravo, por su parte, dio la razón a los argumentos de la moción, pero el PP no la respaldó porque, «sin ver lo pernicioso que puede ser y sin dotarlo económicamente, piden cuestiones que la Diputación y la Junta de Castilla y León ya están llevando a cabo, por lo que no tenemos que pedir a una administración que lo está haciendo, que lo haga. Diputación se ha implicado, así que no nos trasladen un problema que ha creado el Ministerio», dijo.
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La segunda moción, propuesta por el grupo socialista para apoyar el comercio de productos básicos y la prestación de servicios personales básicos en los pueblos de menos de 500 habitantes, contó con el apoyo de IU y Vox, aunque este grupo reprochó al PSOE el perjuicio que sus políticas en Europa causan a las personas que viven en los pueblos desde hace años. «No obstante, la propuesta nos parece positiva para apoyar la vida en los pueblos», dijo el diputado de Vox, Pedro Varela.
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Sin embargo, la moción no prosperó porque el PP votó en contra. La diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, fue la encargada de argumentar el rechazo: «No nos han dicho nada nuevo que no supiéramos, pues este año esta línea ha aumentado más de un 33% y ya hemos añadido los servicios. Somos conscientes de la enorme trascendencia que tiene el comercio rural y, por eso, en los últimos tres años hemos invertido 900.000 euros en estas líneas. Sabemos cuáles son las necesidades porque nos reunimos con ellos, y, por eso, las adaptamos cada año», manifestó.
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